Mayolo López 
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Por unanimidad de 76 votos, el pleno del Senado empujó una reforma para plasmar en la Constitución Política la prohibición de los matrimonios forzados infantiles que aún se llevan a cabo en comunidades indígenas.
Conforme al dictamen aprobado, los senadores reformaron la fracción II del apartado A, del artículo 2 para incorporarla prohibición de los usos y costumbres.
«Aplicar su propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera, relevante, la dignidad e integridad de las mujeres y el interés superior de niñas, niños y adolescentes, sin que pueda justificarse práctica en contrario por el ejercicio de sus usos y costumbres», se lee en la adición introducida.
«Vamos a aprobarla por unanimidad, sin cuestionarla (…). Ahorita sí vamos juntas y juntos, pero ha habido ocasiones en que se oponen a que los derechos lleguen a las familias y a las niñas y niños de México», observó la morenista Lilia Margarita Valdez.
Por el PAN, Josefina Vázquez Mota recordó que México «ocupa uno de los primeros ocho lugares del mundo de matrimonio forzado infantil, (que es) consecuencia de los abusos y del no reconocimiento en niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, sino de una mirada patrimonialista en donde se comercia con sus vidas».
La ex candidata presidencial afirmó que se requería del «concurso de todo el Estado mexicano (y) un cambio cultural (para ) que se acabe con la impunidad y se reconozca a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho», a quienes «se les encierra, se les encarcela, se les castiga, se les tortura».
Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo, explicó que con el dictamen de reforma constitucional «se precisa la protección de las niñas y adolescentes para evitar que los usos y costumbres sean utilizados como pretextos para que las unan en matrimonios, para que las fuercen. El dictamen precisa para que ningún uso y costumbre esté por encima de los derechos de las niñas, niños y adolescentes».
Bañuelos mencionó a Oaxaca, Chiapas y Guerrero como entidades donde «persisten prácticas que atentan contra toda libertad de decisión y que transgreden los más elementales derechos humanos» de los niños y adolescentes.
Según dijo, en Guerrero 300 mil niñas «han sido vendidas para matrimonio», aunque ahí no termina la atrocidad, dijo, puesto que «las niñas son obligadas a contraer matrimonio al quedar embarazadas y, peor aún, son obligadas a casarse con sus violadores, (amén de que) el matrimonio forzado lesiona su salud física y mental y les priva de oportunidades para una vida plena y digna».
La reforma pasará a la Cámara de Diputados y después a los congresos estatales.