Por: Octavio Díaz García de León.

@octaviodiazg

 

La reforma anticorrupción está avanzando a marchas forzadas, pues la idea es que quede lista antes de que termine esta legislatura federal en abril. No ha sido fácil debido a la complejidad del tema. Pero lo urgente es pasar a la acción y en este caso lo perfecto es enemigo de lo oportuno y de lo posible. Hay que recordar que el diseño original que había planteado el presidente Peña al inicio de su mandato contemplaba la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción al mando de un grupo de comisionados y con plena autonomía constitucional. La iniciativa se detuvo en el Congreso, pues se quiso incorporar en la dinámica del Pacto por México buscando consensos entre las fuerzas políticas, lo que no se logró. No era una mala propuesta, como lo demuestra el camino que se va a tomar en España con una Oficina Nacional Antifraude, pero tampoco hubo prioridad en limar las diferencias para lograr acuerdos, así que dicha iniciativa se quedó durmiendo durante más de dos años. Debido a los cuestionamientos y escándalos de corrupción que han surgido en los últimos meses, nuevamente tomó importancia impulsar una reforma anticorrupción.

El 20 de octubre del año pasado, el presidente del PAN, Ricardo Anaya, vio oportuno retomar una iniciativa que contempla la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) –la cual había sido impulsada por la Red por la Rendición de Cuentas– misma que incluso fue apoyada por el presidente Peña. La Red aglutina a un número importante de organizaciones de la sociedad civil y expertos en el tema y es coordinada por el Dr. Mauricio Merino del CIDE. La propuesta recoge las ideas de dicha Red, pero principalmente del Dr. Merino y de Eduardo Bohórquez de Transparencia Mexicana. Según esta nueva propuesta, ya no es necesario crear nuevas instituciones para combatir la corrupción, sino reforzar las existentes. Los cuatro pilares institucionales del SNA son:

  1. La Secretaría de la Función Pública renovada y fortalecida.
  2. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) con más atribuciones, mayor autonomía y reforzada.
  3. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa transformado en un tribunal dedicado a sustanciar los procesos de responsabilidades que le turnarían los Órganos Internos de Control (OIC), la SFP y la ASF.
  4. La Fiscalía Anticorrupción dependiente de la Fiscalía General de la República.

La propuesta es buena, pero el reto estará en los detalles. En una mesa de discusión el pasado 16 de febrero de la Red por la Rendición de Cuentas a la que el Dr. Mauricio Merino me hizo favor de invitarme y a la que asistieron, entre otros, Luis Carlos Ugalde, José Octavio López Presa, de Causa en Común; Roy Campos, María Marván y Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana; el Ing. Rogelio Sada Zambrano, Ángel Trinidad, Mariana Campos, de México Evalúa; el Dr. Enrique Cárdenas, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, y diputados del PAN y el PRD, se consideró que la reforma debía considerar los siguientes aspectos:

  1. Las cuatro instituciones deben tener autonomía de gestión. El sistema anticorrupción no puede depender del Poder Ejecutivo.
  2. Los titulares de las instituciones y su personal deben ser imparciales y con amplias credenciales profesionales en estos temas. En algunas instituciones como la ASF, esto se ha logrado.
  3. Las cuatro instituciones deben tener los recursos materiales y humanos para atender las tareas que implican un combate efectivo a la corrupción. Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, está formada con los recursos de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR que hoy en día tiene alrededor de 40 personas y sería totalmente insuficiente para desempeñar sus tareas.
  4. El sistema anticorrupción tiene que tener alcance nacional. Es necesario que funcione en los tres poderes, organismos autónomos y en los tres niveles de gobierno y no solo en el ejecutivo federal.
  5. Se requiere un gran trabajo legislativo en materia de las leyes secundarias respectivas.
  6. Me permití sugerir en dicho foro que hará falta un Secretariado Ejecutivo que articule a todo el Sistema Nacional Anticorrupción, quizá algo parecido al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que cuente con programas de subsidios a estados y municipios para impulsar la lucha contra la corrupción.

Todo ello es un gran reto para el Congreso y para quien sea responsable de poner en marcha el SNA. Hizo falta que a dicha reunión acudieran diputados del PRI, PANAL y PVEM para que escucharan a la sociedad civil. La reforma no puede tener sesgos partidistas sino ser una propuesta de estado. Entiendo que la Red ha tenido discusiones en petit comité con funcionarios de la Presidencia de la República, lo cual ayudará también a lograr los consensos para sacar adelante la reforma.

Sin embargo, aun si saliera pronto la reforma constitucional, faltarían meses para tener la legislación secundaria lista y luego años quizá para tener instituciones como las que pretende esta reforma. Si hacemos cuentas, no alcanzará este sexenio para tener resultados tangibles. Pero eso no impide que con lo que hoy existe se logren resultados inmediatos. No es necesario esperar a las reformas para que empiece la lucha contra la corrupción.

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