La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó las modificaciones a la Ley de Salud de Aguascalientes relativas al otorgamiento de consentimiento para la prestación de servicios médicos a personas en estado de incapacidad transitoria o permanente. Esta decisión surge después de que la Corte desestimara la acción de inconstitucionalidad 223/2023, impulsada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que cuestionaba la validez del artículo 57 Ter de dicha ley.
La CNDH había argumentado que los legisladores locales deberían haber consultado a la población con discapacidad antes de modificar la ley. No obstante, la Corte determinó que no era obligatorio realizar dicha consulta previa, ya que las nuevas disposiciones no afectan directamente los derechos de las personas con discapacidad.
Con esta resolución, se establece que los familiares de individuos con algún grado de incapacidad tienen la autoridad para autorizar tratamientos médicos. Además, en situaciones de urgencia, los proveedores de servicios de salud pueden actuar inmediatamente para salvaguardar la vida y la salud del paciente, dejando un registro en el expediente clínico.
Los ministros fundamentaron su decisión en el objetivo de la reforma legislativa de ampliar la protección en temas de consentimiento médico para personas incapacitadas y hacer ajustes razonables conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señalando que la norma no implica una carga valorativa que podría causar un impacto negativo.