Benito Jiménez
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló ayer que no promoverá ninguna acción de inconstitucionalidad tras la aprobación de la iniciativa presidencial para transferir el control de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena.
Señaló que el crimen organizado opera en México con capacidad logística y económica, dispersión geográfica y disponibilidad de armamento de alto calibre, lo que constituye una amenaza actual y latente, fenómeno que requiere del uso de la GN.
«Dicho lo anterior, esta Comisión considera que dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la Sedena puede ser y es admisible desde el punto de vista de los Derechos Humanos siempre y cuando su intervención se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad, que es lo que aprobó la mayoría del Senado hace unos días, es decir, acorde con los preceptos constitucionales y los estándares internacionales.
«La participación de cuerpos castrenses es dable de realizarse, siempre que sea extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada, siendo estas categorías sustantivas y no únicamente nominales, las que corresponde tutelar y observar durante el tiempo de vigencia de las reformas legales. De tal suerte que mucho es lo que sigue y queda pendiente, entre otras cosas, supervisar la estrategia del cuerpo policial y en la medida de lo posible participar en su diseño, así como darle seguimiento a su desempeño», indicó.