Aunque los nueve gobernadores que exigieron la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, no esperan que esto ocurra, en función del respaldo incondicional que tiene del Presidente de la República, quieren dejar constancia que no están dispuestos a tolerar amenazas de ningún tipo, sea de quien sea, sobre el manejo que le dan en sus estados al problema del coronavirus.

Es uno de los momentos más quemantes entre ambos niveles de la administración pública y que se presenta luego de la advertencia que recibieron de la propia Secretaría de Salud, de que podría fincarse responsabilidades a los mandatarios sobre los resultados que arroje el Covid-19 en lo que es el ámbito de su competencia.

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, señaló que la estrategia federal sobre el particular es un virtual fracaso y gran parte de la responsabilidad recae sobre López Gatell, por lo que es necesario que venga otra persona que asuma con mayor profesionalismo este reto, que es uno de los mayores que enfrenta el país.

Hay enfado en los gobernantes porque han tenido que cargar con una serie de responsabilidades sociales y económicas para hacerle frente a la pandemia y todo con recursos propios que no estaban presupuestados, ante la negativa de la Federación de asumir la parte que le corresponde. Sólo exige, amaga, pero no apoya y esto llevó a que apremien la salida del funcionario,

En la carta abierta, manifiestan que salga el Subsecretario de Salud y que en su lugar quede un experto en la materia, “con reconocimiento y humildad para entender en toda la dimensión los temas de esta crisis”.

Sostienen que se ha trasladado la responsabilidad del manejo de la epidemia a los gobiernos estatales y municipales, “a través de un semáforo que ha asfixiado a las economías locales porque nunca se quiso entender esta epidemia de manera coordinada y con presupuestos extraordinarios. Hoy México está en el peor de los escenarios”.

Las consecuencias de esta situación está en los centenares de fallecimientos que a diario se registran en casi todo el país y de los activos estimados, contagiados y encamados, por lo que los titulares de los ejecutivos estatales de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, reiteraron que esperan un cambio de nombre y mentalidad en la difícil tarea de conducir los trabajos contra la epidemia.

La noche del mismo viernes, López Gatell dijo en Puebla que la renuncia que los gobernadores piden se debe a la “frustración, angustia y preocupación” por la contingencia.

TELÉFONO ANULADO

Un cambio drástico de señales se produjo en menos de veinticuatro horas, ya que primero se habló de la imposibilidad de obligar al uso del cubrebocas y luego se emitió un decreto que determina hasta cárcel para quien no lo lleve puesto.

En la edición del viernes 31 de julio, El Heraldo publicó que el secretario estatal de Salud, Miguel Ángel Piza Jiménez, manifestó que aún cuando se ha señalado la posibilidad de que se pudiera obligar al uso de la mascarilla en la vía pública y en lugares cerrados, hacerlo riguroso “es imposible y sancionarlo más”, en virtud que tendría que haber un policía o guardia sanitario detrás de cada ciudadano, por lo que es preferible esperar que cada quien actúe con responsabilidad.

Lo que se debe hacer, agregó, es que en cada municipio las autoridades correspondientes tengan una mayor cercanía con el pueblo para que lo persuadan de cubrir boca y nariz como medida de prevención de evitar contagios y hacerlo por la vía del convencimiento.

Al día siguiente se dio a conocer un Decreto que fija condiciones y obligaciones a que están sujetos los habitantes de todo el estado, como parte de la campaña de combate a la epidemia, por lo que a partir de ayer en que entró en vigor, y hasta el 31 de octubre, es obligatorio el uso de cubrebocas o mascarillas en cualquier espacio público, al aire libre, en la calle, el transporte público e incluso en lugares cerrados.

Se dispone que quien o quienes no cumplan con el ordenamiento se harán acreedores a una llamada de atención en primer término, luego a una amonestación con apercibimiento e incluso multa. Si se trata de un lugar público procederá la clausura temporal o definitiva y en caso extremo habrá arresto hasta por 36 horas al infractor y al propietario o encargado del local, en caso de que la falta se cometa en un negocio. Es una obligación que deberán cumplir los habitantes del estado y quienes se encuentren de paso.

De acuerdo a la resolución, pueden intervenir para cumplir y hacer que se obedezca las dependencias estatales, de acuerdo al espacio de su autoridad y de esta manera sean colaboradores de los órganos sanitarios en la vigilancia y aplicación de la orden.

En la búsqueda de disminuir la irradiación del germen se incluyó en el Decreto lo que ha sido la exhortación constante a la ciudadanía: que guarden la sana distancia y el acceso a los establecimientos públicos sea sólo si porta el cubrebocas o caretas; que en cada lugar deberá haber avisos relativos al constante lavado de manos, uso de gel antibacterial, el estornudo sea con la parte interna del codo y evitar el saludo de mano, de abrazo o beso. También habrá vigilancia en las fiestas privadas para que se cumpla con cada una de las medidas y en el transportes público tanto choferes como usuarios están obligados a tener puesto el cubrebocas en todo momento, a la persona que no lo lleve se le debe prohibir el uso de la unidad, acciones que son extensivas en los once municipios.

SUEÑO ALDEANO

Es casi un rito que tiene lugar en las cercanías de un proceso electoral. Por una parte los que se consideran con derecho de una candidatura empiezan temprano a mover sus resortes y realizan apariciones públicas más seguido, por lo que es una consecuencia natural que vengan los roces, tanto interno como entre partidos, acusándose de “adelantar vísperas” cuando es un juego al que todos juegan.

También es tradición que la iniciativa privada pida prudencia a los políticos y dejen de hacer olas, pero como siempre, nadie la escucha, por lo que la exhortación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Pedro Gutiérrez Romo, para que no se distraigan cae en el vacío.

A raíz de la publicación de una lista de presuntos aspirantes del Partido Acción Nacional (PAN) a una precandidatura a la presidencia municipal de Aguascalientes, el máximo dirigente de los empresarios sugirió que al ser funcionarios públicos o representantes populares “no deben distraerse de sus responsabilidades”, pero como se asegura en el medio, actúan con un ojo al gato y otro al garabato, por lo tanto seguirán por la ruta que mejor convenga a sus intereses y aunque juren y perjuren que no descuidan su trabajo están más atentos a quedarse con un espacio que les asegure la permanencia en el poder.

Así ha sido desde que María Canica arreaba a los políticos, y así seguirá siendo, porque es parte del ADN de ellos, o de quienes presumen serlo.

VENTAJA SOCIAL

Pocas veces la legitimación de una obra pública recibe la atención y el beneplácito general, como ocurre con el libramiento poniente, y también, de manera excepcional no hubo quejas o protestas de las empresas que no obtuvieron el contrato ni de los grupos relacionados, todo ello gracias a que se cuidó con esmero que la licitación se apegara a lo previsto en la convocatoria, que fuera pública y se conociera de inmediato la puntuación que obtuvo cada compañía concursante.

Con lo anterior se cumplió el compromiso que asumió el gobernador Martín Orozco Sandoval, de que todos los actos serían transparentes, por lo que desde el registro de aspirantes hasta el final del proceso se mantuvo al margen, al dejar que la Secretaría de Obras Públicas (SOP) se encargara de la parte técnica y de cumplir cada punto de la invitación que se hizo a nivel nacional.

Indudablemente que por ser una obra largamente esperada tiene la aprobación colectiva, ya que son múltiples los beneficios que habrá de generar, tanto en lo social como económico y de seguridad para miles de familias que habitan en el extremo oriente de la ciudad, de los camioneros que abreviarán tiempo en su paso por esta capital y de las propias vialidades locales que dejarán de soportar la carga pesada que representan las unidades que  transitan las 24 horas del día por el tercer anillo y la zona aledaña.

La empresa ganadora fue Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra) y debe concluir la obra en un plazo de 18 meses, por consiguiente la entregará en 2022. Se invertirán casi 2,000 millones de pesos directos y el compromiso que asumió fue que la compra de material, alquiler de maquinaria y contratación de personal será en Aguascalientes, lo que significa un suplemento para la entidad ya que desde su inicio originará beneficios.

Tuvieron que pasar más de veintidós años para que finalmente se tuviera luz verde del libramiento, que tendrá una longitud de 45 kilómetros, de los cuales 21 fueron construidos pero al suspenderse quedaron en el abandono y con el tiempo se han deteriorado, por lo que estos serán los primeros que atienda Pinfra y luego se enfocará a los 24 restantes. De acuerdo a la explicación que dio el titular de la SOP, Noel Mata, a lo largo de la carretera se tendrá una caseta principal y dos auxiliares, así como puentes superiores e inferiores, por lo que el tiempo de traslado de norte a sur y viceversa podría reducirse hasta en un 50%.

Pinfra se integra por Promotora y Operadora de Infraestructura SA de CV, Operadora Metropolitana de Carreteras SA de CV, Cobro Electrónico de Peaje SA de CV, y Operadora de Autopistas Michoacán SAP de CV y manejarán el libramiento durante 30 años.

FUEGO AMIGO

En política nada es al azar, por lo tanto todo acto lleva un mensaje. A veces es encubierto y en otros directo,  pero bien dicen, quien tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga ojos, que mire, de ahí que la amenaza de Héctor Anaya Pérez, en su calidad de funcionario del gobierno del estado, de crear un relleno sanitario que supliría al municipal, no esconde nada, puesto que es parte de la guerra mediática que tiene lugar entre ambos palacios, en la disputa por las candidaturas del próximo año y “amarrar” la de 2022.

También es la revancha tan largamente acariciada por Anaya, que por “invitación” de la alcaldesa María Teresa Jiménez dejó hace dos años la Dirección de Servicios Públicos Municipales, precisamente por la mala conducción en el servicio de limpia y del relleno sanitario, de lo cual hay testimonios en prácticamente todos los medios informativos.

Primero fue un grupo de ambientalistas el que hace unos días denunció las condiciones en que funciona el basurero de San Nicolás, acusando que parte de los líquidos salen de madre y esto afecta a un arroyo y podría infiltrar los veneros subterráneos que alimentan de agua potable a la ciudad.

En seguida el Ayuntamiento, por medio de la titular de servicios públicos Miriam Rodríguez Tiscareño, reconoció que han tenido algunos problemas con la maquinaria pesada que compacta los desperdicios, pero negó que hubiera permeabilidades de líquidos ya que existe una barrera que impide tal cosa.

Como dicen en el argot beisbolero, Anaya aprovechó la recta para tratar de batear un jonrón, al anunciar que “de prevalecer las irregularidades y riesgo en San Nicolás” el gobierno del estado podría crear un confinamiento, luego que “se han encontrado peligrosos escurrimientos de lixiviados y amontonamiento de residuos sólidos sin compactar”.

El recién estrenado como director de gestión y política ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua agregó que “derivado de la inoperancia en el sitio, el cual no se apega a las normas jurídicas como son el correcto manejo de residuos urbanos, establecidos en la NOM 083 2003 por la Semarnat, se dará seguimiento puntual a las anomalías, analizando incluso que la propia autoridad estatal pueda designar mientras se regularizan las condiciones, un lugar adecuado y seguro para la dispersión final de los residuos sólidos urbanos”.

Dicen que donde las dan las toman, por lo que al día siguiente, 29 de julio, Miriam Rodríguez señaló que el Ayuntamiento le da la bienvenida a la propuesta de Héctor Anaya de tener un confinamiento para todo el estado, puesto que el que hoy maneja el Ayuntamiento recibe 1,200 toneladas diarias de los 11 municipios y funciona las 24 horas del día.

Reiteró que la situación de San Nicolás “no es para nada grave ni crítica, ciertamente existen rubros que deben ser mejorados y subsanar todas las observaciones, porque se debe estar consciente que esta infraestructura tiene 20 años en funcionamiento”.

Lo cierto es que el planteamiento de Anaya no es enchílame la otra, ya que se debe cubrir una serie de requisitos para tener un relleno con las características que exige la citada Norma, además que sería una carga financiera más para el gobierno del estado, que tendría que destinar recursos para su creación y operación, así como las plazas necesarias y adquirir equipo compactador que es costoso y todo para qué, para arrebatarle al municipio un servicio que ha tenido desde hace varias décadas sin que signifique un gran negocio.

Como remanente, la presidenta María Teresa Jiménez ruega que “por favor déjennos trabajar”, a sabiendas que es un golpeteo que apenas empieza y de lo que ya se ha comentado en estas mismas páginas.