Al hablar de la función «técnica» de diferentes instituciones públicas, suele existir un debate arduo sobre la legitimidad en la elección de los perfiles idóneos. Usualmente, el lente público suele ir sobre aquellas y aquellos funcionarios públicos que son electos mediante el voto popular, es decir, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y, sobre todo, el presidente de la República; lo anterior, porque son quienes manejan la brújula de la política nacional, dicho en otras palabras, ofrecen a la ciudadanía alternativas de cambio y redireccionan el rumbo del Estado en sus tres niveles (federal, estatal y municipal). Sin embargo, cuando hablamos del Poder Judicial, debemos entender que su labor va más allá de lo político, sino en lo técnico, dado que el papel que juegan las y los jueces, magistrados y ministros es el de salvaguardar el orden constitucional, es decir, que aquellas disposiciones que emanan de la Constitución (incluyendo las constituciones locales), leyes y el resto de la normatividad se acaten. Por lo tanto, el perfil idóneo de estos cargos debe ir siempre enfocado hacia personas con una alta formación académica, profesional e institucional, dado que pueden existir sentencias que no favorezcan al sector político y es obligación de estos actores acatar lo que demanda la Constitución (la verdadera voz del pueblo).
¿Por qué es importante recalcar esta labor de contrapeso de los órganos jurisdiccionales? No es novedad que el presidente López Obrador ataque al Poder Judicial Federal, suele señalar en la «mañanera» que los jueces están capturados por intereses de grupo y afirma que cuenta con información para investigar a integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (órgano encargado de regular la gestión administrativa del PJF), lo anterior como un acto de venganza política en contra de la actual gestión encabezada por la ministra Norma Lucía Piña. Sin embargo, la 4T se ha caracterizado por incumplir, en múltiples ocasiones, con sus obligaciones constitucionales y legales, tan sólo hay que recordar cómo en días previos la SEP violentó la Ley General de Educación al publicar los programas de estudios después de la distribución de los libros de texto e ignorar su deber al consultar al sector educativo en su conjunto al momento de diseñarlos (acciones que ya tuvieron un resultado legal, donde un juez de distrito suspendió la distribución del material educativo); otro ejemplo fue cuando en febrero de este año se concedió un amparo en contra de la construcción del tramo 5 del Tren Maya, toda vez que esta obra violenta normatividad medioambiental (destruyendo ecosistemas y reservas naturales); podríamos seguir narrando casos similares, sin embargo, lo que debemos tomar en cuenta es que a esta administración federal no le apetece cumplir con la ley, sino únicamente las instrucciones del presidente.
Bajo este contexto, López Obrador ha amenazado al PJF con impulsar una reforma constitucional, buscando modificar los procesos de elección de jueces, magistrados y ministros para que sean mediante voto popular, con la finalidad de capturar en su totalidad al poder revisor del Estado, aunado a que el grupo parlamentario de MORENA está planeando reducir el presupuesto de dicho ente público en casi 1/3, esto con el interés de asfixiar presupuestalmente al PJF y así mandar un mensaje claro de que el partido y su líder no les gusta acatar la ley. Ignacio Mier, líder de la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados, señaló el jueves de la semana pasada que el presupuesto que se le asigna a la justicia federal es un exceso y que se debe reducir significativamente, que es una «demanda social», sin embargo, nadie ha expuesto un solo estudio técnico o presentado evidencia de que esto sea cierto, es decir, no hay una justificación empírica de que se le debe reducir el presupuesto al PJF, por el contrario, solamente siguen la línea presidencial y desinforman a la población sobre el gasto judicial en materia federal. El PJF solicitó un presupuesto de 84 mil millones de pesos (es decir, un aumento aproximado del 4% por la inflación), lo cual según el portal Eme Equis representa el 0.26% del PIB, a pesar de que se aprecia como una cifra sumamente grande, no representa un gasto de gran calado al Estado en su conjunto y, finalmente, es el recurso que requiere uno de los tres poderes del país encargado de administrar la justicia y velar por el cumplimiento de la ley.
Este plan de austeridad realmente es un mecanismo de coerción política, donde MORENA busca inmiscuirse en los órganos de impartición de justicia para seguir incumpliendo la ley y dejar impune a sus representantes, en particular al presidente por sus megaobras. La tarea de las y los jueces nunca va a ser popular, pero es fundamental para garantizar una democracia constitucional, donde aquellos que llegan al poder no hagan lo que les venga en gana y acaten los intereses de la nación (reflejados en nuestra Constitución y no en lo que dice el presidente). Si queremos preservar la democracia en nuestro país, es necesario exigirles a las y los diputados federales que respeten el presupuesto del PJF y garantizar la independencia judicial.
