La “clausura” de palacio municipal el pasado 3 de junio, por parte de un grupo de ciudadanos como medida de presión, para que la empresa francesa Veolia se digne dotar de agua a numerosos domicilios de la ciudad capital, es reflejo de la falta de representatividad de los partidos políticos que tan caros le salen el erario nacional y estatal.

Aunque en palacio menor se actuó con rapidez para echarle tierra a la protesta, en los sectores perjudicados saben que si se organizan pueden lograr que cambie el estado de cosas, por lo que no se duda que en algún momento vuelva a surgir la convocatoria para demandar atención a este o a otros problemas colectivos.

La invitación para estar ese día en palacio municipal se hizo mediante las redes sociales, lo que tácitamente dejó fuera a los partidos que no le dieron importancia a ese llamamiento, al suponer que acudirían sólo unos cuantos, pero tardíamente se dieron cuenta que sin ellos y a pesar de ellos grupos sociales demostraron que saben luchar por sus derechos.

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 41, párrafo quinto, señala que los partidos políticos tienen como fin “promover la participación del pueblo en la vida democrática”, y como organizaciones ciudadanas hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, además dispone que recibirán financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades.

Por lo anterior se inferiría que tienen todos los elementos para organizar y representar a los ciudadanos, pero en la práctica sólo se acuerdan de ellos cuando se acerca el proceso electoral y durante el mismo, porque después “si te vi ni me acuerdo”, lo que puede constatarse en las oficinas “de gestión”, que tienen la diputación en sus distritos, a las que pocas veces asiste y cuando alguien va en su búsqueda al Congreso es difícil que lo reciba ya que siempre está en reuniones.

La presencia masiva en palacio municipal fue un martillazo a la sesera de quienes se autocalifican como “representantes populares” o líderes de partidos, porque aún cuando dicho conjunto no tienen reconocimiento oficial ya demostraron que vía internet pueden juntarse para reclamar lo que a su derecho convenga y la autoridad tiene la obligación de escucharlos y darles una respuesta convincente.

Por su parte, en el gobierno de la ciudad debe haber congruencia en el decir y el hacer, ya que de manera reiterada se afirma que hay agua suficiente pero los días pasan y las semanas también sin que reciban el preciado líquido en los hogares, además que la transnacional Veolia ofrece enviar camiones cisternas mientras se “arregla el desperfecto” que aseguran hay en la red, pero las unidades nunca llegan y cuando lo hacen es por una vez, como si con dos o tres cubetas fuera suficiente para atender todas las necesidades que hay en las casas.

Se olvida lo que ordena el Artículo 4º Constitucional, párrafo sexto: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación ciudadana en la consecución de dichos fines”.

Más claro no puede ser, por lo que basta con ajustarse a esos postulados para que no falte el elemento en los hogares y así no haya motivo para que habitantes de las colonias “clausuren” el palacio municipal.

RADIOGRAFÍA DE SI MISMO

Pocas veces alguien define con tal claridad lo que piensa del grupo en que participa y esto lo acaba de hacer la diputada Karla Barba Iglesias, al demandar que se cierre el paso a la incompetencia, para que quienes estén en el servicio público “estén a la altura de las exigencias de la investidura del cargo que ostentan”.

Que además se tengan consideradas “sus deficiencias, limitaciones, ineptitudes”, lo que llegan a impedir el buen desempeño del empleo público.

El Congreso del Estado es nido de insuficiencias, obstáculos y torpezas, al grado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que enmendarles la plana y no tarda en volverlo a hacer con la reforma a la Ley del Instituto de Educación. Aprueban sin saber lo que aprueban y aunque tienen presupuesto para contratar a verdaderos asesores prefieren a los amigos o parientes, que sirven solamente para cargarles la valija.

En la propuesta que presentó Barba Iglesias destaca que el propósito es que los servidores públicos – que lo son también diputados y diputadas – “se desempeñen de la mejor manera, con independencia de las cuestiones de conflicto de intereses que pueden ser planteados adicionalmente, pues hay quienes aceptan un trabajo público sin estar preparados para ello”.

El parlamento estatal es el mejor ejemplo de que no hay independencia de opinión, ya que todo gira en torno a lo que decida el partido al que pertenecen, por lo que el voto llega a ser corporativo así vaya en contra del interés de los ciudadanos, como recién acaba de ocurrir con la aprobación de la privatización del alumbrado público.

En cuanto a que hay quienes se insertan en el servicio público “sin estar preparados para ello”, que se sepa no se lleva a cabo un examen a los aspirantes a diputado para determinar si están capacitados para ejercer como legisladores, o que por lo menos conozcan el contenido de las constituciones federal y estatal y los principios básicos de su partido. Muy pocos llegan con los elementos suficientes para llevar a buen puerto el cargo.

Para ser diputado se requiere únicamente que sepa poner su huella digital, toda vez que los requisitos de ley son: Ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos; tener veintiún años cumplidos el día de la elección, y haber nacido en el Estado o tener una residencia efectiva en él, no menor de cuatro años inmediatamente anteriores al día de la elección.

Puede ser que sepan leer y escribir pero no es obligatorio que haya cursado algún grado de instrucción, por lo que basta con que esté cerca de quienes resuelven las candidaturas para ir becado por tres años al Congreso, en donde si llegan a equivocarse para eso está la Suprema Corte, que se encarga de enderezar sus inconsecuencias.

Ojalá que la promoverte lleve a cabo una labor de convencimiento entre sus 26 colegisladores para que antes de seguir adelante con el planteamiento hagan un examen de conciencia y determinar si están dispuestos a tirar la primera piedra.

REBATEN LA LEY

Cuando el Congreso del Estado no termina de salir de una cuando ya tienen encima otra, al tener que validar o rechazar la Ley de Amnistía que propuso el Ejecutivo federal y ya aprobada por las cámaras de Diputados y Senadores. El colectivo “Todos Unidos, hoy México” pide a diputados y diputadas que se abstengan de confirmar esa legislación, al considerar que afecta el derecho de las víctimas y que además tengan presente que el problema de justicia y la saturación de las cárceles no se revuelve con  darle la libertad a quien ha cometido un delito, porque lo único que harían es dejar en estado de indefensión a quienes fueron dañados en algún hecho. La agrupación sostiene que no hace falta una ley de amnistía si ya existe la figura del indulto que pueden aplicar en su ámbito de competencia el Presidente de la República y los gobernadores. En todo caso se tiene que revisar cada una de las sentencias en el país para definir quiénes fueron encarcelados injustamente, pero no que salgan libres aquellos que, está comprobado, quebrantaron la ley y sobre todo que existe personas o familias que resultaron perjudicadas con sus actos. Los organizadores de la impugnación esperan convencer a los congresistas para que, al menos en Aguascalientes, sea rechazado el dictamen, sin olvidar que si la mayoría de las legislaturas estatales la aprueban será de aplicación obligatoria en todo el país.

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