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Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó 871 informes correspondientes a la tercera entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2019 -que corresponde al primer año de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador-, en los que encontró irregularidades en el gasto por 67 mil 498.4 millones de pesos, de los que 28 mil 730.4 millones fueron ejercidos por las entidades federativas y los municipios.

Aeropuerto en Texcoco
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) tuvo un costo de al menos 331 mil 996 millones 517 mil pesos, 232 por ciento más que el monto de 100 mil millones de pesos determinado inicialmente por el Gobierno federal, concluyó la Auditoría.

La Administración de AMLO sólo consideró la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos, pero no incluyó las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción ni los costos legales involucrados.

López Obrador afirmó que los datos presentados por la ASF estaban exagerados y rechazó que la cancelación del NAIM tuviera un sobrecosto; tras ello, el organismo reconoció que existen “inconsistencias” en la auditoría, por lo que el monto generado por este efecto es menor al estimado inicialmente.

Santa Lucía
La construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles arrancó sin contar con el proyecto totalmente terminado y autorizado o, en su caso, con un avance en su desarrollo que permitiera ejecutarlo, ni con diversos estudios previos, determinó el órgano técnico especializado del Congreso de la Unión.

La ASF constató que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no contó con el proyecto totalmente terminado y autorizado por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) ni con el estudio de aeronavegabilidad previamente a la realización de los trabajos que iniciaron el 17 de octubre de 2019.

Becas para jóvenes
En la Cuenta Pública 2019 se detectó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene registradas a personas que no existen, jóvenes que ya fallecieron, domicilios abandonados, varios centros de trabajo inexistentes e irregularidades por 66.7 millones de pesos.

La ASF identificó 68 beneficiarios por un total de 482 mil pesos que, durante el ejercicio 2019, recibieron pagos de la beca en sus cuentas bancarias posteriores a su fecha de fallecimiento. Asimismo, señaló que se pagó a 3 mil 371 jóvenes que se encontraban estudiando, contrario al objetivo del programa.

Tandas para micronegocios
El programa Microcréditos para el Bienestar, emprendido por la actual Administración, tenía una meta de beneficiarios de 1.5 millones de personas, pero sólo cubrió a 350 mil 371, lo que representa únicamente el 22 por ciento del total, reveló la entidad fiscalizadora superior del País.

La Auditoría señaló que no se pudo medir el impacto en la población atendida debido a la falta de métricas y cuestionó el papel de Banca Afirme en la dispersión de los recursos, ya que dicha institución financiera sólo tenía sucursales en 26.5 por ciento de los 2 mil 227 municipios determinados por atender.

Sistema eléctrico
La ASF advirtió que estaba en riesgo la operación continua, eficiente y segura del Sistema Eléctrico Nacional por la existencia de dos visiones diferentes con planes desarmonizados: la de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

La auditoría fue concluida en enero, antes del fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) que declaró inconstitucional la política energética de la Secretaría de Energía (Sener) y la presentación de la iniciativa preferente del López Obrador, que copia preceptos rechazados por el máximo tribunal del País.

Refinerías de petróleo
La rehabilitación de las refinerías de Minatitlán, Veracruz; Madero, Tamaulipas; Tula, Hidalgo, y Salamanca, Guanajuato, debió concluir en 2019. No obstante, ninguna reportaba un avance superior al 80 por ciento: la primera registraba 71 por ciento, la segunda 50 por ciento y las últimas dos 36 por ciento.

El objetivo del Gobierno es que tanto la nueva refinería de Dos Bocas, como Tula, Salamanca y Salina Cruz operen al 89 por ciento de su capacidad, en tanto Cadereyta, Madero y Minatitlán lo hagan al 79, 65 y 59 por ciento. Sin embargo, durante 2019 las seis refinerías existentes operaron por debajo del 40 por ciento.

Pipas para gasolina
La ASF calificó como deficiente la adquisición de 612 autotanques para transportar combustibles que realizó el Gobierno federal a inicios de 2019 como parte de la estrategia para entregar gasolinas luego del desabasto provocado por la implementación del plan nacional antihuachicol.

La compra no garantizó las mejores condiciones de precio y calidad. Además de no haber sido entregadas con la oportunidad requerida, las pipas no cumplieron todas las especificaciones de las Normas Oficiales Mexicanas y no se inspeccionaron ni se distribuyeron con base en las necesidades de abastecimiento.

Carreteras federales
En 2019, Caminos y Puentes Federales (Capufe) no pudo acreditar de manera correcta el destino de 83 millones 3 mil 741 pesos en 14 contratos de 18 revisados, al no contar con suficientes canales de comprobación sobre el servicio obtenido o incluso documentar mal a la empresa que ganó los contratos.

Además, la operadora de carreteras de la red federal adjudicó contratos sin contar con los requisitos señalados en las convocatorias. Capufe no justificó la elección de la adjudicación directa en sus contratos e incluso no comprobó el cumplimiento de servicios.

Créditos hipotecarios
En 2019, Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) no estableció metas de colocación, no acreditó el número de solicitudes de financiamiento ni detalló la razón por la que no se financió la adquisición de vivienda, por lo que no se pudo determinar el segmento que atendió ni el tipo de crédito que se otorgó o el beneficiario final.

Dada la falta de detalle, no se pudo aclarar cuántos de los 559 créditos otorgados a por el organismo en el primer año de Gobierno actual a los 54 intermediarios financieros y no bancarios, por un monto total de 13 mil 404.8 millones de pesos, atendieron al segmento social o las comunidades indígenas.