De los principales compromisos que tiene el sector público con la población de economía limitada es velar porque mejore su condición de vida, que tenga oportunidades de crecimiento personal y familiar y que se integre plenamente al desarrollo colectivo.

Dentro de una sociedad en crecimiento son notorias las desigualdades que van más allá de las cuestiones económicas, puesto que no sólo estriba en un ingreso distinto, sino que se pueden observar en los aspectos sociales, como la educación, salud, recreación, donde los que menos tienen enfrentan serias dificultades para acceder y recibir servicios de calidad.

En este sentido resulta interesante la intención del gobernador Martín Orozco Sandoval, de unir esfuerzos con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para ubicar los sectores donde radican los que viven en condiciones de pobreza extrema, se trata de “direccionar los programas sociales y garantizar que éstos lleguen a quienes realmente los necesitan”, señaló el mandatario estatal al presentar el programa.

En la reunión con el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México, Antonio Molpeceres, el titular del Poder Ejecutivo comprometió a su administración que contribuirá en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización de la ONU, máxime que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 se apega por completo a estos objetivos, al englobar todos los temas que se requiere impulsar para lograr un Aguascalientes “más justo, incluyente y con mejores valores”, apuntó.

Por su parte, Molpeceres señaló que son 17 objetivos los que trabajan en esta labor, entre ellos están la erradicación del hambre, educación de calidad, igualdad de género, instituciones sólidas, aseguramiento de derechos laborales, ambientales, de justicia social y de acceso a la salud, agenda que se orienta a mejorar el bienestar humano y garantizar la sostenibilidad del planeta.

Es de suma significación que el gobierno estatal y las Naciones Unidas hagan todo lo que esté de su parte para rescatar a quienes por diversas circunstancias viven en condiciones restringidas, lo que puede convertirse en uno de los programas insignia de este sexenio, teniéndose en cuenta que casi la tercera parte de la población está en esa situación.

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2014 se tenía 26 mil 700 habitantes (2.1%) en pobreza extrema; 322 mil 400 vulnerables por carencia social (25.3%) y en pobreza moderada 416 mil 200 (32.7%).

Para el organismo se considera en el rango de pobreza (entre extrema y moderada) a 442 mil 900 aguascalentenses (34.8%), lo que aún cuando decreció cerca de un dígito en comparación con la estimación que se hizo en 2010 y 2012, de cualquier manera sigue siendo elevada.

En la definición que hace el Coneval para considerar que una persona está en pobreza es cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, accesos a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad, espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

Quien está en pobreza extrema es porque registra tres o cuatro carencias, de las seis posibles descritas, y que además se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que,  aún si lo dedicasen por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.

Para tener mayores resultados el gobierno también podría solicitar el apoyo de la Iglesia Católica, que gracias a su organización parroquial tiene información de primera mano de los que están en una posición económica y social vulnerable, con lo que se alcanzaría más rápido los planes que se diseñan.

CHUPADUCTOS EN VIGOR

La aprehensión de varias personas que se dedicaban a sustraer combustible de los conductos de Petróleos Mexicanos demuestra que la “operación cucaracha” se extendió hacia Aguascalientes, luego de que en varias entidades se incrementó la vigilancia, persecución y arresto de las bandas.

Este tipo de hechos se han presentado en ocasiones esporádicas, una de ellas fue en Pabellón de Arteaga, donde en un camino de terracería la policía encontró abandonada una camioneta con bidones que contenían gasolina, además de una bomba y mangueras, en otras ocasión detectó en Jesús María que había venta del carburante a pie de carretera, de lo que se dieron cuenta los involucrados y lograron escapar y ya no regresaron.

En Jalisco se ha logrado desmantelar pandillas de “huachicoleros”, por lo que no resulta extraño que en el prendimiento que llevaron a cabo el pasado 20 de julio elementos estatales y municipales los vehículos confiscados tenían placas del vecino estado, que seguramente por la presión que resienten quisieron fijar una base aquí.

Se intuye lo anterior en función que el nuevo sistema penal exige reserva de la identidad y procedencia de los implicados, bajo la presunción de que son inocentes hasta que el juez decida su situación jurídica, sin embargo por lo incautado, de casi 30 mil litros, se entiende que son expertos en la extracción del inflamable.

Lo que cabe ahora es ampliar la coordinación de las fuerzas federales con las estatales y municipales para patrullar, detectar y en su caso apresar a quienes se dedican a esa actividad, que además de ser sumamente peligrosa para quienes la ejecutan, es un riesgo en las comunidades aledañas.

Aunque en Aguascalientes la tubería que tiene Pemex conduce una cantidad mínima del volátil, por lo que no hay la presión que tiene en otras entidades como Puebla y Veracruz, de cualquier manera un descuido puede producir un derrame o un incendio, con las consecuencias funestas y ambientales que se han tenido en varias partes.

CONFIANZA EXCESIVA

Se señala que el ser humano es el único animal que comete dos o más veces el mismo error y quién mejor para confirmar la regla que Paulo Martínez, presidente del comité estatal de Acción Nacional, al considerar que su partido ganará las elecciones federales y locales del año próximo.

Fundamenta sus dichos en el “buen gobierno” que a nivel estatal y municipal llevan a cabo los mandatarios de esa procedencia, por lo tanto es seguro que bastará con inscribir a los candidatos y esperar que se anuncie su triunfo.

Esa fe ciega fue lo que hizo perder al PAN en 2007, en la elección de presidente municipal de Aguascalientes, cuando hasta fuera del partido se pensaba que existían condiciones para alcanzar el objetivo, lo que llevó a que descuidaran diversos flancos y desde la noche en que se dio a conocer el resultado empezaron los lamentos, pero ya era demasiado tarde. Tuvieron que pasar seis años para recuperar el espacio que por cuatro trienios había sido propio.

La competencia política siempre es reñida y con resultados impredecibles, por lo que quien piense que “caminando ganamos” (como dijera el “sencillito” entrenador futbolero) puede llevarse un trago amargo que difícilmente olvida y menos cuando la obligación de un dirigente es esforzarse al máximo para alcanzar los fines que se persiguen, en especial si se tiene la ilusión de ser uno de los “palomeados” para 2018, como es su caso.

Asimismo, sería importante que Paulo Martínez informara en dónde quedaron los 30 mil militantes y adherentes que dejaron de participar. En 2012, para los comicios de diputados federales y senadores y de Presidente de la República, el PAN estatal tenía 40 mil inscritos y en 2017 hay sólo 10 mil.

La única explicación que dio fue que luego de que aceptaron estar en sus filas, por lo que acudieron a registrarse a las oficinas “por alguna razón dejaron de participar”. Lo que no menciona es que fue en la etapa en que hubo una inscripción masiva en todos los comités estatales, atribuida a la dirigencia nacional y denunciada por aspirantes a la candidatura presidencial. El abultamiento del padrón obligó a llevar a cabo una “poda” para dejar sólo a los que por mutuo propio revalidaron su militancia, lo que se ha hecho los últimos años cuando se encuentran con que son muchos los que aparecen en la lista pero no todos pagan la cuota y es ahí donde han logrado encontrar los nombres “fantasma”.

EMPEÑO GLOBAL

El presidente Enrique Peña Nieto planteó la importancia para México de contar con el apoyo de Portugal en el proceso de negociación del Acuerdo Global que México está trabajando con la Unión Europea.

Durante la visita que el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo hizo al país, el mandatario mencionó la renovación del Acuerdo Global y obtuvo como respuesta que hay un apoyo “constante y firme” a la postura mexicana, deseando que la actualización y modernización de este mecanismo pueda concluirse a finales de año.

Sostuvo que ambas naciones convergen en principios como la defensa de la paz, salvaguardan los derechos humanos, el desarrollo económico y la justicia social, así como en la libertad de las personas y el comercio.

Los presidentes Rebelo de Sousa y Peña Nieto, en la ceremonia que tuvo lugar en Palacio Nacional, acordaron aumentar el intercambio comercial entre ambas naciones, fomentar mayores inversiones en los dos mercados y apuntalar el turismo recíproco.

Después de una reunión privada, en un mensaje conjunto a medios, el Presidente de México subrayó que convinieron trabajar de manera vinculada para impulsar los intercambios comerciales entre los dos países, resaltando que México ya es el segundo socio comercial de Portugal en América Latina y que anualmente tienen un intercambio comercial de 600 millones de dólares, principalmente en hidrocarburos, automóviles y otras manufacturas.

En este sentido, afirmó, “coincidimos en que es un buen momento para aprovechar nuevas áreas de oportunidad y por ello, celebro que el presidente Rebelo esté acompañado por una amplia delegación empresarial, a la que le doy la más cordial bienvenida”.

El interés es seguir impulsando la inversión portuguesa en México y una mayor presencia de empresas y productos mexicanos en Portugal. Se debe tener en cuenta que una tercera parte de la inversión extranjera directa de Portugal a nuestro país, registrada desde 1999, se dio en los últimos cuatro años.

Asimismo EPN destacó que México se ha convertido en uno de los destinos prioritarios de la inversión portuguesa en América Latina, pues actualmente más de 160 empresas portuguesas participan en sectores como el energético, tecnológico, construcción y en industrias aeroespacial y automotriz.

Peña Nieto sostuvo que también se decidió promover de manera fundamental el turismo, donde México se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo y se ha podido apreciar un incremento en el numero de turistas de Portugal a México, por lo que “nos hemos propuesto promover el turismo recíproco tanto de Portugal a nuestro país como de mexicanos que visitan Europa, que lo hagan de manera particular a Portugal”.

Por otra parte, tras reinaugurar el estadio de futbol Nemesio Díaz, el presidente Enrique Peña afirmó que no contempla cambios inmediatos en su gabinete, con lo que atajó los comentarios que se han esparcido en ese sentido, al mismo tiempo ratificó a poco más de 16 meses de que concluya su mandato que se encuentra optimista y confía en tener un “cierre fuerte, a paso acelerado y a marchas forzadas”.

Sostuvo que de aquí a un año estará en posibilidades de tener un gran balance, que sin duda será positivo, con lo que habrá cumplido todos los compromisos asumidos ante los mexicanos, de obra material.

DESLIZ CASO DUARTE

Es tal la impaciencia por llevar tras las rejas a los acusados de corrupción que no se cuidan las formas ni las normas legales. Se hacen imputaciones públicas para que la sociedad dicte su sentencia, sin siquiera saber si son responsables de los delitos que les atribuyen. En caso de que no se les puedan comprobar o sea una cosa mínima, entonces la autoridad es enjuiciada por el veredicto popular al considerar que hubo complicidad y acuerdos en lo oscurito para cancelar o minimizar el castigo.

El asunto del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, que muchos consideran emblemático en la lucha contra la descomposición, empezó a embrollarse desde el primer día que se presentó ante Gerardo Moreno, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, cuando tres fiscales federales no pudieron comprobar el monto que se le atribuye haber sustraído del erario ni las operaciones que se dice hizo para adquirir varias propiedades en distintos estados del país.

El martes pasado, en la primera comparecencia pública, Duarte se hizo dueño de la situación al ser él quien hizo 12 preguntas a los fiscales, no obstante que tenía a su lado a cinco litigantes revisando el expediente y logró poner en duda más del 90% de la acusación en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Lo anterior motivó que el juez expresara al abogado defensor Marco Antonio del Toro: “Mire, señor defensor, usted y yo tenemos claro en este momento que los números no cuadran”, luego de que la acusación en desvíos asciende a 439.6 millones de pesos y los fiscales aceptaran que sólo tenían documentados 38.5 millones.

No obstante, la Procuraduría General de la República (PGR) puede ofrecer bajo supervisión judicial las pruebas de las que en un principio carecían para sustentar sus imputaciones, lo que puede convertirse en una lucha jurídica que alargue el juicio.

Lo que está claro es que se mantiene la añeja costumbre de dictaminar popularmente en lugar de esperar que un juez defina la situación jurídica del o los acusados, que aún cuando no se les compruebe los delitos ya ante el común de los ciudadanos son culpables, lo que se debe en gran medida que quien incrimina lleva a cabo una campaña mediática muy intensa, como sucede con el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, que ha dedicado los siete meses que lleva de gestión en perseguir a su antecesor.

Habrá que esperar en que termina este melodrama que atrae la atención de tirios y troyanos, aunque se observa que cualquiera que sea su desenlace la PGR saldrá “raspada”.

INE EN LA PICOTA

A los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) les pasa lo que al cohetero, por lo que no tienen otra opción que soportar las cargas atrabiliarias, aunque con sus actos llevan parte de la culpa, por ejemplo determinaron que a partir de septiembre no podrán hacer propaganda los aspirantes a cargos públicos y esto despertó la irritación de quienes le han tomado gusto con aparecer en los promocionales.

De la misma forma definieron en primera instancia que los dos principales candidatos al gobierno de Coahuila (Miguel Riquelme, del PRI, y Guillermo Anaya, del PAN) habían rebasado en más del 5% el tope de gastos de campaña, luego dijeron que fue sólo Riquelme, por lo que al ser éste el ganador de la elección del 4 de junio automáticamente se invalidaría el resultado, pero el abanderado priísta ya recurrió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para echar abajo el acuerdo.

En todo momento, el INE ha reiterado que sus actividades se rigen por los principios de “certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad”, sin embargo en este segundo caso no quedó definida la razón para que, primero dejara fuera gastos no contemplado y luego los agregara y más tarde los redujera. Con este “quita y pon” sembró la duda sobre la intención, que mantiene en tensión a los coahuilenses.

Respecto al acuerdo de frenar la propaganda desde el 8 de septiembre, cuando se inicia el proceso electoral 2018, los consejeros determinaron que todos los dirigentes partidistas, funcionarios públicos o personajes sin cargo pero que aspiran a una candidatura presidencial, legislativa, o de cualquier otro nivel de elección, deberán cesar su promoción pagada o en spots pautados por los partidos y con cargo a los tiempos del Estado.

En cuanto a la propaganda pagada en espectaculares, autobuses, inserciones, que incluye revistas del corazón o de sociales, internet, pantallas de tiendas, eventos para promover a un aspirante, sea cual sea su carácter, el INE llevará un monitoreo.

De resultar postulado como precandidato el personaje promovido y no haya cancelado su difusión, se acumulará ese gasto a lo ejercido en precampaña o campaña, según sea el caso. Lo aplicado será fiscalizado y contará para efectos de rebase de topes, de gastos, que conforme a lo que dicta la ley electoral puede invalidar el registro de la candidatura.

Desde la misma fecha se prohíben los informes legislativos y de gestión de los funcionarios aspirantes, salvo que la ley lo ordene y en cuyo caso no deberá pagarse su difusión. También deberá parar la promoción de su imagen, voz, logo, logros o se les acumularán gastos

La cuestión radica en que la veda llega demasiado tarde, puesto que durante meses los presidentes de los partidos Acción Nacional y Morena – Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente -, que aspiran a la candidatura presidencial, promovieron su imagen en medios electrónicos y escritos, pese al reclamo de otros partidos para que se les obligara a suspenderla y es hasta ahora cuando tratan de impedirlo.

Ante la propuesta del INE de imponer lineamientos “para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral”, Movimiento Ciudadano la rechaza al conjeturar que se pretende censurar la comunicación en internet, principalmente en las redes sociales, con la prohibición de mensajes contratados en el ciberespacio, lo que deja en condiciones desventajosas ante los partidos tradicionales a las fuerzas emergentes, los candidatos independientes y la oposición en general.

El PMC sostiene que significa un acto de censura a la comunicación política que perjudica a los usuarios de internet, al limitarse su derecho constitucional para competir por un cargo de elección popular, clasificándolo como un atentado a la libertad de expresión pues restringe las herramientas que los ciudadanos tienen a su alcance, por lo que exige que se anule ese acuerdo y se permita mantener la relación que hay por esta vía.