Durante los últimos años, el Ejecutivo Federal ha empeñado sus esfuerzos en lacerar a las instituciones más prestigiadas que no han decidido fungir como comparsa de sus ocurrencias. En virtud de lo anterior, hemos visto cómo los órganos constitucionalmente autónomos y el Poder Judicial han sido las principales víctimas de los ataques morenistas.
Estos ataques comenzaron con el retroceso en la determinación de titulares y/o miembros en los principales órganos constitucionalmente autónomos, para continuar con los ataques al Instituto Nacional Electoral y finalmente se ha decidido atacar de manera injusta e incomprensible al Poder Judicial de la Federación. Mencionado lo anterior, me atrevería a comenzar la presente reflexión, bajo la premisa de que el Poder Judicial de la Federación es el gran garante de la legalidad en este país y el único Poder en el que predomina la capacidad antes que cualquier otra característica.
A diferencia del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el Poder Judicial de la Federación se compone, en su mayoría, de auténticos funcionarios públicos cuyo nombramiento inicial y posicionamiento posterior son producto de una meritocracia denominada “carrera judicial” en la que el estudio y la capacitación son requisitos sine qua non. Si bien es cierto que gozan de prestaciones elevadas, lo cierto es que definitivamente cuentan con mayor conocimiento y son mucho más eficientes que la gran mayoría de nuestros flamantes legisladores federales.
El Presidente de la República ha osado llamar “corruptos”, “privilegiados” y “vagos” a los miembros del Poder Judicial, siendo que, en virtud de dicho “razonamiento” es que ha fraguado desde el Poder Legislativo una iniciativa que pretende desaparecer los fideicomisos que han sido generados con el propio esfuerzo de los miembros del Poder Judicial de la Federación. Dichos fideicomisos en su mayoría han sido creados y son usados para tener un sistema digno de pensiones y para mejorar la infraestructura del propio sistema judicial, así como para cumplir con ciertos compromisos derivados de acuerdos internacionales que México ha decidido adoptar.
La gran mayoría de los recursos del Poder Judicial son puestos a trabajar en este tipo de esquemas, para poder fortalecer en la perpetuidad a los juzgadores en nuestro país y su independencia, sin importar el tipo de gobierno ni los ideales del partido político que representen nuestros gobernantes. Se debe de defender la autonomía de los poderes y justamente dichos fideicomisos son los que aseguran que nuestros juzgadores y personal adscrito a los mismos juzgados federales gocen de retiros dignos y no sean tentados por la corrupción, el crimen organizado y/o por todas aquellas personas que intentan pervertir a la justicia.
Bajo el rubro de la objetividad, no puedo dejar de comentar que nuestro sistema de justicia es perfectible y claro está que no es el mejor del mundo; sin embargo, la independencia judicial es algo que jamás podrá estar en tela de juicio y si bien al interior del Poder Judicial habrá mucho en lo que se pueda trabajar para hacer más eficientes los procesos, lo cierto es que reducir los recursos no es la manera de mejorar.
Estaré dando seguimiento al porvenir legislativo que pretende demostrar una vez más que todos aquellos que estén en contra del Presidente serán sometidos a castigos y reducción de facultades, así como a las propias reacciones del Poder Judicial que seguramente permitirán demostrar la valiosa importancia de la ley. Agradezco el favor de su lectura y les deseo un muy feliz fin de semana.
Correo: davidreynoso@sapiensiuventus.com
Twitter: @davidrrr
