Yanireth Israde Gonzalez 
Agencia Reforma

CDMX.- El Archivo General de la Nación (AGN) se convirtió, con la nueva ley en la materia en vigor desde junio de 2019, en la máxima autoridad archivística del país y sumó 48 atribuciones, pero ni su plantilla laboral ni su presupuesto crecieron.

Y es que, aunque en 2020 el AGN logró una ampliación para contar con 251 millones 846 mil 103 pesos, la crisis y la reasignación de recursos para combatir la pandemia le redujo sus fondos este año hasta quedar en 125 millones 139 mil 963 pesos, informó la institución a REFORMA. En 2018, la entonces titular del organismo, Mercedes de Vega, consideraba necesarios 380 millones para que pudiera cumplir las funciones asignadas en la legislación.

Establece, por tanto, metas y parámetros “conservadores” para resolver las problemáticas que enfrenta, por ejemplo, inadecuados procesos de preservación del Patrimonio Documental de la Nación y un rezago en la digitalización, como reconoce su Programa Institucional 2020-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación hace cuatro meses.

Es el caso de los 701 fondos perfilados para un diagnóstico de conservación, de los cuales 28 lo tendrán al término de 2024, un avance de apenas el 3.99 por ciento.

“El aumento exponencial de facultades y obligaciones generado, primero, por la entrada en vigor de la Ley Federal de Archivos, y posteriormente, lo correspondiente a la promulgación de la Ley General de Archivos, debiera haberse manifestado en un incremento en su plantilla laboral y en una mayor asignación presupuestal.

“Sin embargo esto no ha sucedido, por ello resulta fundamental considerar que las expectativas en el cumplimiento de las metas para el bienestar y los parámetros que se derivan de este objetivo, tendrán que ser razonablemente conservadores, en tanto no se cuente con un capital humano vasto y una mayor asignación de recursos materiales y tecnológicos”, dice el AGN en referencia al objetivo de preservar el patrimonio.

El programa 2020-2024 contiene un diagnóstico a partir del cual define objetivos y resultados para dar seguimiento a la Ley. Ésta reúne las bases para la administración homogénea de los archivos a nivel República, así como la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.

Con la publicación de la actual legislación, el número de sujetos obligados que debe atender el AGN, parte de la Administración Pública Federal, pasó de 284 a unos 12 mil, un aumento de 4 mil 225 por ciento al incluir los tres niveles de Gobierno, además de organismos autónomos, partidos políticos y los poderes legislativo y judicial, así como toda entidad que resguarda información de interés público.

“Me parece un documento ilustrativo, franco, muy sincero, porque dice: ‘De este tamaño es el trabajo que se le asignó al AGN’. Los datos impresionan: tiene 48 nuevas atribuciones y la cantidad de sujetos obligados se disparó. El espíritu del documento lo reconocemos como loable”, considera Andrés Ríos, experto del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.

Se trata no sólo de archivos del pasado, sino también del futuro, de construir la memoria, añade el integrante del Comité Mexicano de Ciencias Históricas (CMHC).

Este comité, junto con académicos de diversas instituciones, reclamaron al AGN actuara ante una subasta de documentos históricos -entre ellos un manuscrito de Miguel Hidalgo- organizada por la Casa Morton el mes pasado. La institución promovió incluso acciones legales.

Otros casos de comercialización en el extranjero, como el de un documento signado por Hernán Cortés que buscó vender la firma neoyorquina Swann Auction, fueron alertados también por historiadores, y el AGN recurrió a las autoridades judiciales.

La colaboración del gremio con el organismo sería necesaria no sólo para monitorear la venta de patrimonio, sino también para auxiliarlo en la supervisión, capacitación de personal, procesos de digitalización y catalogación de acervos documentales y fotográficos o fílmicos, entre otras tareas, señala Ríos.

“Desafortunadamente, en todo este plan no aparecemos los historiadores, que podríamos trabajar de la mano del AGN”, sugiere el experto.

Ríos aprecia, por otra parte, la autocrítica del organismo al manifestar, por ejemplo, que su buscador no es óptimo.

Al admitir retrasos en la preservación del patrimonio, el programa 2020-2024 indica: “De los aspectos más emblemáticos de este rezago es el grado de avance del material histórico clasificado y catalogado dentro del acervo registrado hasta el momento: 40 por ciento descrito del total de los 48 kilómetros lineales de documentos resguardados; cabe aclarar que sólo la mitad de ese porcentaje se encuentra catalogado bajo criterios homologados. Esta situación obstruye el acceso público al conocimiento de la memoria histórica nacional”.

El AGN reconoce el desafío que enfrenta, destaca, por su parte, David Vázquez, presidente del Colegio de San Luis y titular del CMH. “Lo que preocuparía es que la falta de apoyo económico impida el cumplimiento de metas, objetivos y propósitos. La buena noticia es que hay instituciones dispuestas a coadyuvar. El AGN no está solo”.
¿Cómo colaborar?
“De la fortaleza de un archivo depende nuestro trabajo. Como gremio nos interesa no sólo un AGN, sino una red, un sistema de archivos fuerte, sólido, con políticas de conservación claras, eficientes”, advierte Ríos.

Pero la falta de capacitación para el manejo de archivos es un problema recurrente.

“Gente que no está capacitada, que no sabe qué documentos hay que guardar, cuáles pueden destruirse, de qué forma hay que organizarlos, clasificarlos, archivarlos, conservarlos para que no se los coman los ratones, para que la humedad no le afecte… Es una cantidad de conocimientos que muchos archivos en el País no tienen”, previene.

Los historiadores, entonces, pueden apoyar, reitera.

“Hay departamentos de Historia en todas las capitales del País, con licenciaturas, maestrías y doctorados. Podemos convertirnos en esos ojos, en puntos de apoyo, en eslabones entre el AGN y el archivo más perdido en la sierra, donde está un burócrata que no sabe qué hacer. Ahí podemos llegar y decir: ‘Te echo la mano'”.

Incluso, como sugiere José Antonio Serrano, presidente de El Colegio de Michoacán, con la contribución en la selección de materiales para digitalización o catalogación, podrían otorgarse títulos de grado.
A falta de dinero, integración
Para apoyar al AGN, también pueden participar expertos de otras disciplinas, como bibliotecarios, restauradores de papel o cronistas. Un diagnóstico específico sobre cómo se articula el organismo con estos especialistas o con instancias públicas y privadas resultaría de utilidad, aconseja Serrano y considera que el programa pudo haber sido más operativo.

“Si uno va construyendo una pirámide de responsabilidades, esta tarea titánica y expansiva del AGN puede ser posible. Hubo una expansión de las obligaciones, pero no una expansión presupuestal. Entonces una buena articulación sería fundamental”, destaca el también integrante del CMCH.

No hay manera de rescatar un archivo histórico sin la colaboración de instituciones y disciplinas, advierte también Vázquez, desde 2005 a la recuperación de acervos.

Recomienda al AGN una agenda regional, porque los archivos afrontan problemáticas distintas de acuerdo al lugar. Algunos enfrentan riesgos por inundaciones, otros por incendios, hay los que padecen saqueo o requieren de expertos en idiomas originarios para organizarlos.

“El de archivo es un trabajo hormiga, muy lento, muy fino, y entre más viejos los papeles, mayor cuidado requieren, y la administración pública genera mucho papel”, añade Ríos. “Así como hay un gran ejército produciendo documentos, si no hay otro ejército organizando, clasificando, seleccionando, etcétera, el objetivo de la ley no se cumplirá, por lo menos a corto plazo”.