Las autoridades electorales finalmente le pusieron fin a las simplezas que recurren algunos políticos para hacerse notar, al aplicar las primeras sanciones por denunciar actos que no pueden justificar o que son engañosos.
Lo más lamentable es que los dos castigos fueron para aguascalentenses y la noticia fue a nivel nacional (ahora sí, para que todo México se entere), uno, al Comité Directivo Estatal del PRI por presentar 299 pruebas falsas en contra del entonces candidato panista a gobernador Martín Orozco, y el otro lo recibió el diputado federal del PAN Jorge López Martín, por la imputación que hizo en contra del presidente Enrique Peña Nieto, haciéndolo sin sustento jurídico.
Ha sido una tradición en el medio político recurrir a la denuncia anodina pero que adereza debidamente para hacerla rimbombante, con lo que se asegura atraer los principales espacios periodísticos, que a final de cuentas es lo único que le interesa. No le importa ensuciar nombres de personas y la fama de los partidos, por lo que recurre a las enseñanzas de Joseph Goebbels (1897-1945), ministro de propaganda de la Alemania Nacionalsocialista y en el régimen de Adolfo Hitler: “Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá” y “Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en verdad”.
Por esta vez les falló el cálculo a priístas y panistas, porque el Instituto Nacional Electoral (INE) no se anduvo por las ramas para multar al PRI con 36 mil 520 pesos y en el caso de Jorge López le dio vista a la Cámara de Diputados para que establezca lo que derive.
Aunque seguirá habiendo imputaciones ante los medios, el primer paso ya se dio a nivel oficial, por lo que en las próximas elecciones podría reducirse de manera sustancial el número de denuncias ya que todas las que presenten tendrá que ser respaldadas con pruebas y esto, lógicamente, contribuirá a que los tribunales electorales dejen de ser caja de resonancia, que ante la carencia de pruebas emiten fallos que de antemano se sabe cuáles van a ser, pero por ley están obligados a dictaminar.
EL PRIMER TROFEO
Advertidos que su presencia en el Congreso del Estado es de 22 meses, los miembros de la LXIII Legislatura quieren dejar huella, pero no por el trabajo que beneficie a la sociedad en general, sino con un acto mediático, por ello “lucharon” para destituir a Arturo Solano López, titular del Órgano Superior de Fiscalización, que antes de que lo cesaran presentó la renuncia.
Una fracción de la bancada del PRI promovió el juicio sumario en contra del hoy ex funcionario y el resto de los legisladores se enganchó en la exigencia, que se centró en presunto enriquecimiento inexplicable y el excesivo gasto de los recursos a su cargo, por lo que dispuestos a mantener atrapada a su presa previnieron que su salida no lo releva de responsabilidad administrativa y penal.
Es difícil precisar si existe un grado de culpa en Solano López, porque aún cuando en fecha reciente compareció ante una comisión de diputados para dar respuesta a sus planteamientos y ahí presentó su declaración 3de3, que debió ser analizada e investigada, se prefirió reiterar en las recriminaciones y exigir la dimisión.
En ningún momento se apegaron al principio de que el acusado es inocente hasta que se pruebe lo contrario, simplemente se les antojó dar un guantazo sin derecho de réplica. Se mencionó en su momento a través de este espacio, que lo ocurrido tenía más tintes de cobro de facturas que buscar la verdad y se comprueba con la rapidez con que le aceptaron la renuncia y la amenaza que se llevó tras de sí.
