A pesar de que arrancará “de ceros”, el Poder Judicial del Estado apuesta a lograr en un año un avance del 50% en la implementación de la justicia laboral, definida por el Congreso de la Unión y que entró en vigor hace menos de dos meses.

Así lo señaló la magistrada presidenta Gabriela Espinosa Castorena, quien recalcó que, si bien el término que dicta la reforma a la Ley Federal del Trabajo es de tres años, el esfuerzo se encaminará a completar la labor antes del plazo.

“Y es que hay convicción de que dejar todo para última hora no es una decisión acertada, ni deja nada bueno porque hay exigencia de trabajar a contrarreloj y con el riesgo de tomar decisiones apresuradas”, agregó.

En entrevista con El Heraldo, expuso que la incorporación de la justicia laboral a la estructura jurisdiccional implica un proceso complejo y riguroso en cuanto al tiempo, infraestructura y disposición de recursos materiales y humanos.

En ese sentido, explicó que con ese desafío enfrente, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del país (Conatrib), ha emprendido un trabajo de campo detectando en cada entidad cuáles con las prioridades particulares.

La finalidad es que como organismo representativo de los poderes judiciales a nivel nacional, presente ante el Congreso de la Unión un listado de lo que se requiere para dar cabal cumplimiento al ordenamiento legal recientemente promulgado.

“Y es que como la reforma laboral vino sin dinero, como otras tantas, ahora el primer paso es plantear a los diputados la definición de una partida presupuestal suficiente para proceder a cumplir el mandato de la ley que los legisladores aprobaron”.

De tal manera que el primer paso es planear y enumerar las prioridades por entidad o regiones como sería presupuesto, infraestructura, capacitación, perfil de jueces, sistemas informáticos, entre otros.

En el caso particular de Aguascalientes “prácticamente estaremos empezando de ceros”, pero con la convicción y actitud que exige no sólo la ley, sino la dinámica que requiere la resolución de juicios laborales que ahora corresponderá resolver al PJE.

En ese contexto, la magistrada Espinosa Castorena recalcó que ya hay planeación que en breve se plasmará en un cronograma de actividades y en la medida de lo posible en su inmediata cristalización para que, en un año, el avance sea no menor del 40%.