A fin de agilizar el procedimiento para fijar una pensión provisional en el juicio de alimentos, es que se reforma el Código de Procedimientos Civiles en su artículo 572, implementando el uso de medios electrónicos en las solicitudes de información que ordena el juez sobre la situación económica del deudor alimentario, y así proteger los derechos de acreedores alimentarios de forma inmediata.

En ese sentido va el dictamen que hoy aprobará el Pleno en sesión del Congreso. El juez deberá recabar de oficio las pruebas que estime necesarias en caso de que el actor no aporte los elementos indispensables, para fijar objetivamente la pensión provisional, por lo que en el auto de admisión de la demanda ordenará las diligencias necesarias.

Y en términos del artículo 331 Bis del Código Civil, solicitará por oficio o mediante el uso de medios electrónicos, la información sobre la situación económica del deudor o institución financiera o cualquier instancia pública o privada, misma que deberá contestar dentro de los tres días siguientes a partir de que se les notifique la solicitud. De lo contrario, el juez le podrá imponer las medidas de apremio previstas en el presente Código.

AGUA CLARA. En punto aparte, se rechazará la propuesta de establecer la obligación de instalar bebederos con filtros purificadores en escuelas y parques, bajo el argumento de que no hay dinero, ya que cada bebedero cuesta 50 mil pesos.

VENTAS Y PERMUTAS. Por otro lado, se aprobarán reformas a la Ley de Bienes del Estado, para que el Gobierno Estatal pueda vender o permutar los bienes que no sean útiles para destinarlos al servicio público.

En cuanto a las permutas, podrán hacerse con el Gobierno Federal, con otras entidades federativas, con los municipios del estado, con sus respectivas entidades paraestatales o paramunicipales, o con los particulares respecto de bienes inmuebles que por su ubicación, características y aptitudes, satisfagan necesidades de las partes.

Este tipo de bienes pueden enajenarse a título gratuito a favor de instituciones públicas que tengan a su cargo resolver problemas de habitación popular para atender necesidades colectivas.

También pueden arrendarse, otorgarse en comodato o en usufructo a favor de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, a los Órganos Autónomos, a las entidades del Ejecutivo, a los fideicomisos públicos, a los municipios del estado, a instituciones o asociaciones públicas o privadas de salud beneficencia, asistencia, educativas o culturales así como de aquellas cuyos fines sean el desarrollo económico.

Del mismo modo, puede aplicarse a beneficiarios de algún servicio asistencial público o a las comunidades agrarias y ejidos, a fin de que utilicen los bienes inmuebles en servicios públicos locales, fines educativos, de asistencia social, o desarrollo económico.

Asimismo, pueden utilizarse en indemnizaciones como pago en especie por las expropiaciones y afectaciones y celebrarse los demás actos de carácter oneroso que se justifiquen.