En el transcurso de los últimos cuatro años se logró la reducción en actos de corrupción, considerados como frecuentes entre servidores públicos, ya que pasó de 82.2% que se registró en 2016 a 71.5% en 2020, siendo la tasa de víctimas de actos de corrupción de 510 por cada 10 mil unidades económicas, mientras hace cuatro años eran 561 unidades.
Según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental, presentada en conferencia de prensa virtual por el presidente del INEGI, Julio Santaella, estos datos salieron a relucir tras el levantamiento de los mismos que se tuvieron entre el 3 de noviembre y el 15 de diciembre pasados.
De la misma manera, dio a conocer que también hubo una reducción en el porcentaje de unidades económicas con una opinión desfavorable sobre la evolución de las cargas administrativas, al pasar de 50.9% en 2016 a 45.7% al 2020, considerando que el gasto promedio de las unidades económicas por cargas administrativas, se incrementó en el mismo lapso de 58 mil 019 a 95 mil 760 pesos.
Además, los costos monetarios para el cumplimiento de las regulaciones, se estimaron en 238.9 millones de pesos, lo que representa el 1% del Producto Interno Bruto Nacional; en tanto que del total de las unidades económicas, un 28.2% indicó que el marco regulatorio representó un obstáculo para cumplir sus objetivos de negocios; en esto sí hubo un aumento, pues hace cuatro años la opinión negativa era del 20.2% de quienes están al frente de una unidad económica y ahora fueron el 28.2%
En promedio, cada unidad económica del sector privado gastó 95 mil 760 pesos por cargas administrativas. Además, casi la mitad de las unidades económicas (45.7%) consideró que las cargas administrativas a las que estuvieron sujetas en 2020 fueron mayores o siguieron igual de mal en relación con las de 2019.
En 2016, el gasto promedio por cargas administrativas fue de 58 mil 019 pesos, mientras que el porcentaje de unidades con opinión desfavorable sobre la evolución de las cargas administrativas fue de 50.9%
El porcentaje de unidades económicas que consideró que la celebración de contratos o acuerdos con otras empresas o negocios se dio en un ambiente de confianza pasó de 77.7 en 2016, a 86.6 en 2020. Mientras que el porcentaje de unidades que tuvieron problemas de cobranza o de cumplimiento de compromisos pasó de 9.2 en 2016 a 10.6 en 2020.
De las unidades económicas pequeñas, medianas o grandes que acudieron ante autoridades jurisdiccionales durante 2020 para resolver sus problemas de cobranza o de incumplimiento de compromisos contractuales, 90.3% señaló que los procesos fueron imparciales. En 2016, esta cifras fue de 61.5%.