Es un derecho natural que el ser humano reciba un beneficio del trabajo que desempeña, trátese del que tiene un capital invertido o quien trabaja para él, pero lo que no se vale es que alguno haga trampa para obtener una ganancia mayor a costa del otro, o que un funcionario público imponga cobros fuera de la norma conocidos como “mordida”, conductas que en algún momento recibirán el castigo que corresponde a su mala acción.

En estos casos y en otros similares no son talantes de este tiempo, sino que vienen desde que el hombre aprendió a utilizar los servicios de sus congéneres, que actualmente se conoce como patrones y “mano de obra” y de lo cual da cuenta la Biblia cuando menciona que coma quien trabaje, con lo cual se obliga a que nadie viva a costilla del esfuerzo de otros.

Lo honesto sería que todos sin excepción, de los que intervienen en una actividad lucrativa o de servicios, reciban el estipendio respectivo y no pretenda un mayor provecho escamoteándole a los demás una parte de su utilidad.

En ese sentido va la vigilancia que en 2020 ejercerá el Sistema de Administración Tributaria (SAT), que a decir del presidente del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes (CCPA), César Isaac Castañeda de la Rosa, pretende evitar la evasión de impuestos y que los propietarios de empresas o negocios o sus representantes, paguen los salarios que manifiestan en la nómina.

Sobre el particular hay varias formas de eludir obligaciones de ley, principalmente que en el registro contable aparezca un sueldo inferior al que realmente recibe el trabajador, lo que en automático reduce el pago de gravámenes y de las cuotas del Seguro Social, el Infonavit y del SAR, actitud que aún cuando tenga el consentimiento del empleado (gracias a que  tal vez reciba una iguala) es un delito que se persigue sin mayor trámite, porque además de perjudicar al erario y los derechos de los dependientes, impacta a la comunidad en general al haber menos recursos para la  ejecución de los programas que son para beneficio colectivo.

En esencia es lo que destacó el especialista en temas fiscales, al citar que el organismo hacendario pretende evitar la evasión en general y que en ocasiones se presenta por medio del subsidio al empleo que tiene en marcha el gobierno federal, apoyo que se otorga para los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos, lo que es aprovechado por empleadores para registrarlos en ese rango.

Castañeda de la Rosa mencionó que en el año en puerta se aplicará un subsidio por 51 mil 947 millones de pesos, con el cual los trabajadores de más bajos ingresos no resentirán la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Además del timbrado de los recibos de nómina, a partir de enero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pondrá en marcha el reforzamiento de acciones, al hacer un cruzamiento de información con otras dependencias gubernamentales, principalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para determinar si los datos se ajustan a los propios.

De la misma manera hay una campaña para que ningún empresario ni sus trabajadores caigan en la tentación de evadir impuestos, toda vez que de comprobarse el ilícito tendrán que pagar lo que dejaron de declarar y una multa, que está lejos de ser cómoda, por lo que es preferible estar bien con Lolita, que de que se propone no hay disculpa ni alegato que valga.

En cuanto a las “mordidas” a servidores públicos, es un tema que se persigue en cada dependencia, que por regla general se castiga con el despido y si el caso lo amerita podría llevarse a los tribunales, como una forma disuasiva que frene ese tipo de comportamientos, que aún cuando no se logra erradicar al menos sirve como pared contra el soborno.

MOSTRÓ MÚSCULO

El paro de labores en Moto Diesel Mexicana (MDM), que duró 24 horas, fue más que suficiente para forzar a la empresa a pagar el aguinaldo a más de 200 trabajadores, lo que además de mostrar la unidad del personal, significó para la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA) un parteaguas en función que hace décadas no se daba este tipo de confrontación.

El hecho de no tener huelgas ni suspensión de actividades en fábricas y comercios ha sido uno de los principales atractivos para los inversores nacionales y extranjeros, que alaban el clima de entendimiento de la planta productiva, lo que se traduce en un buen ambiente y paz social.

De manera imprevista para los aguascalentenses se dio el cierre de puertas de MDM el pasado jueves 26 de diciembre, ante la negativa de entregar el aguinaldo a 220 empleados, pese a ser un derecho constitucional, acuerdo que recibió el inmediato respaldo del dirigente de la FTA José Alfredo González, que de inicio estableció que se prolongaría el tiempo que fuera necesario hasta lograr la entrega de esa aportación, misma que sólo se pagó a 35 trabajadores.

Después de dos semanas, en que cada día recibían la promesa que “ahora sí” se pagaría, decidieron interrumpir labores, actitud que forzó a los directivos a “rascarle” aquí y allá para reunir el monto total de un millón 800 mil pesos y que al mediodía del mismo jueves se hiciera la entrega, con lo que de inmediato se dio por concluido el movimiento.

José Alfredo González deploró que se haya tenido que llegar a ese extremo, pero no había otra opción, aún cuando quedó una mácula en el sistema productivo estatal que ojalá no vuelva a darse, ya que si algo ha distinguido a esta entidad es la buena relación que hay entre patrones y obreros, pendón que ha servido para atraer mayor inversión y nuevos empleos.

Es un asunto que también debe servir como lección al empresariado en general, que en materia de obligaciones deben reservar los recursos necesarios para cubrirlos, principalmente en materia de salarios, prestaciones de ley y contractuales, pagos de cuotas al Seguro Social, Infonavit y SAR, además de sus obligaciones fiscales, con lo que evitarán que pueda suscitarse una situación como la que recién se vivió en Moto Diesel, una de las firmas tradicionales en la entidad.

PROMESA SIN FIN

Cada sexenio surge la actitud quijotesca de quienes tienen el palo y el mando en el estado, al dar su palabra y comprometerse que esta vez se entregarán las concesiones de taxi a los auténticos trabajadores del volante, lo que hasta la fecha sólo ha sido a mínima parte.

Aún cuando está lejos de ser lo rentable que fue esta actividad hasta hace cuatro años, de cualquier manera es una ilusión largamente acariciada por los taxistas-choferes de ya no tener que pagar liquidación y todo lo que obtengan sea para ellos.

En lo anterior gira la reiterada petición de que en primer lugar se tome en cuenta a ellos, que pueden demostrar con documentos los años que tienen como simples trabajadores, pero en peores condiciones que cualquier otro empleado, ya que no tienen ningún derecho, ni siquiera a los servicios de seguridad social.

En la Secretaría de Gobierno se aseguró que del lunes 30 del presente mes no pasará para que sea emitida la convocatoria sobre la reasignación de concesiones, que son las mismas que se cancelaron luego de que – presuntamente – hubo irregularidades en la entrega que hizo en las postrimerías la administración que encabezó el ingeniero José Carlos Lozano de la Torre.

Se recalca que en el primer bloque se entregarán 100 concesiones “a auténticos taxistas”, de las 200 que están previstas, por lo que deben sujetarse a las cláusulas y entregar en tiempo y forma la documentación que acredite  que son “verdaderos taxistas”.

El único pero que hay, y que lo conocen perfectamente los futuros beneficiarios, es que el excesivo número de servicios de plataforma, lo que pone en serios aprietos al sistema tradicional, ya que cada vez son menos las “carreras” que hacen, en cambio sólo a ellos les aprietan en Tránsito Municipal y Movilidad del estado, al grado que por el más mínimo detalle o falta son infraccionados, lo que reduce el margen de ganancia, pero confían que de alguna manera puedan compensarlo con dejar de pagar la liquidación, que por semana es entre 1,400 y 1,600 pesos.

Como dijera el de junto, ya veremos si la totalidad de los nuevos concesionarios son probados taxistas o la autoridad volverá a salir con su domingo siete.

FIN A LA NEUTRALIDAD

Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando México participó con el Escuadrón 201 en apoyo a los aliados, el país se había mantenido en una posición imparcial ante los problemas internos entre naciones y de unas contra otras, lo que le significó el respeto a nivel internacional, tan fue así que supo equilibrar su apoyo a Cuba ante el bloqueo determinado por Estados Unidos y las relaciones con este país.

Pues esta situación se fue al caño ante el abierto respaldo al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, quien renunció tras el fallido intento de quedarse por cuarto período en el cargo, en el que duró trece años, nueve meses y 18 días y que buscaba alargar hasta 2025, lo que no pudo alcanzar al ser forzado por los mandos militares y policiales a irse, retirándole su apoyo después de varios días de sangrientos disturbios sociales.

Ante los hechos consumados México calificó como un “golpe de Estado” la caída de Morales y de inmediato le ofreció asilo, lo que aceptó con agradecimiento a sus “hermanos mexicanos”  por haberle salvado la vida, declaró a su llegada a la ciudad de México, en tanto varios de sus colaboradores se refugiaron en la embajada de México en La Paz, lugar en que permanecen hasta la fecha.

Lo anterior mantiene una relación tirante con el gobierno interino que encabeza Jeanine Áñez, al reclamar la entrega de los ex ministros y que no va a ser posible, ya que de acuerdo con los tratados internacionales quien se encuentre protegido en la Embajada permanecerá ahí hasta que lo determine la propia persona, situación que empujó al gobierno boliviano a colocar en extremo las relaciones diplomáticas.

El vocero y ex presidente de la República, Jorge Quiroga, fustigó a López Obrador etiquetándolo de “cobarde matoncito” y lo cuestionó por la protección que su gobierno brindó a Evo Morales, preguntándole “¿Por qué violas las convenciones de asilo? ¿Por qué asilaste al fraude? ¿Por qué si en México no hay reelección tú proteges al fraudulento que quiere eternizarse?”, enseguida lo adjetivó de “cínico, sinvergüenza, que se pasó de bellaco con Bolivia porque ha confundido nuestro respeto, nuestra deferencia con cobardía y es bueno que no se  equivoque, que no venga a matonear a la segunda presidenta de la historia de Bolivia, Jeanine Áñez”, igualmente dijo que AMLO es “el padrino de los tiranos latinoamericanos, cobarde ante los gringos y ante los cubanos y matoncito con Bolivia”.

La situación se tensó  más el pasado 23 de diciembre, con la denuncia de México sobre la presencia de personal de servicios de inteligencia y de seguridad de Bolivia afuera de la Residencia y de su Embajada. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su preocupación por la asistencia “excesiva” de los elementos de seguridad desde el pasado 11 de noviembre.

La cancillería mexicana solicitó a las autoridades de Bolivia a respetar y cubrir las obligaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que establecen que los agentes del Estado receptor no podrán ingresar a las sedes diplomáticas sin consentimiento del jefe de la misión.

Desde la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre, la Embajada y la Residencia de México en La Paz resguarda a políticos opositores al actual gobierno, entre ellos los ex ministros de Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Culturas Wilma Alanota; y el ex director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnológico de Información y Comunicación, Nicolás Laguna; quienes tienen órdenes de aprehensión desde el pasado 26 de noviembre.

El gobierno de México envió una carta a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para denunciar la presencia de 150 elementos afuera de la Residencia Oficial de México en La Paz a partir del sábado 21 de diciembre, al mismo tiempo acusó que elementos policiales de Bolivia intentaron detener e inspeccionar el vehículo de la Embajadora en ese país, Teresa Mercado.

“Dichos elementos, más que proteger han intimidado y vigilado las instalaciones, así como al personal diplomático mexicano acreditado ante el gobierno de Bolivia”, recalca México ante la OEA, y “como parte de estas acciones intimidatorias se intentó detener e inspeccionar el vehículo de la Embajadora de México ante el Estado Plurinacional de Bolivia”.

Por su parte el subsecretario de la Cancillería de México para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, responsabilizó a la presidenta interina de Bolivia por la vida de los funcionarios mexicanos y las personas que se encuentran resguardadas en la Embajada y en la Residencia de México en ese país: “Condenamos enérgicamente el fascismo del autoproclamado gobierno de Bolivia. Ni en las peores dictaduras se había visto esto”.

En tanto, la administración de Bolivia no aceptó ni rechazó que ejerza actos intimidatorios. El comandante departamental de la policía en La Paz, William Cordero, refutó los señalamientos de la representación diplomática de México: “Yo no creo que acosados se puedan sentir los personeros de la embajada de México, más bien ellos deberían colaborar con la justicia boliviana y entregar a las personas que se refugian al interior de la legación diplomática”.

Cordero sostuvo que no se trata de “acoso”, sino de cumplir con su trabajo y la misión encomendada en la Constitución es hacer cumplir las leyes vigentes, “bueno, nosotros como policía estamos cumpliendo con la misión constitucional, acatar y hacer cumplir las leyes, en este caso existen mandamientos de apremio que debemos dar fiel cumplimiento para ponerlos ante las instancias del Ministerio Público”, a estas acusados de sedición y terrorismo, por lo que los uniformados permanecerán alrededor de la Embajada.

Lo ocurrido en Bolivia mantiene divididos a los países miembros de la OEA. Liderados por Estados Unidos y Brasil, alabaron la caída de Evo Morales y en contra se manifestaron México, Uruguay, Cuba, Venezuela y Nicaragua que calificaron  la salida de Morales como un “golpe de Estado”. Diez países caribeños reiteraron su respaldo a los principios de “no intervención” y 15 de los 34 integrantes exigen elecciones “lo más pronto posible”.

SIN RESPUESTA

A un año del siniestro que le costó la vida a la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y a su esposo, el senador y ex gobernador Rafael Moreno Valle, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), sigue “analizando” qué motivó la caída del helicóptero, por lo que será hasta el primer trimestre de 2020 cuando tenga listo el informe final, prometió el titular de la dependencia, Javier Jiménez Espriú.

Pese a que se desconoce qué originó el desplome del aparato, el funcionario reiteró que fue un accidente ya que no se encontraron elementos para considerar que pudiera haber sido un atentado y en este sentido van las indagatorias.

“Está ya todo el análisis de laboratorio. Simplemente falta el documento de redacción del informe final de las causas, que estará dentro del primer trimestre del próximo año”, aseveró el titular de esa dependencia, para ello una comisión de expertos se reunirán el 20 de enero que permita analizar los peritajes sobre la caída.

Los hechos ocurrieron el 24 de diciembre de 2018, en el que fallecieron Alonso, Moreno Valle y tres personas más, al desplomarse el helicóptero Augusta modelo A109S matrícula XA-BON, cuadro cruzaban sobre la comunidad de San Pedro Tlaltenango.

Jiménez Espriú faltó al compromiso que asumió el 9 de octubre, al afirmar en la conferencia de López Obrador que el informe final se publicaría en noviembre, por lo que el 24 de diciembre detalló algunos avances y que son los que ya se han comentado en varias ocasiones, sobre todo la posición en que cayó el helicóptero y que fue poco común, ya que se registró de manera vertical.

Asimismo, la inspección de los dos motores y de los componentes involucrados en los controles de la aeronave, denotaron haber estado en buenas condiciones.

El Partido Acción Nacional y sus militantes en el país exigen que se esclarezcan las causas que motivaron los trágicos hechos y el gobierno federal y la SCT dejen de darle largas a la verdad, que tarde o temprano llegará a saberse.

MÁRMOL MUY PESADO

La dispensa que recibió el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, de la Secretaría de la Función Pública (SFP), sobre la omisión en la declaración de sus bienes, sus conflictos de interés y su presunta corrupción, obtuvo la bendición del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en un libro que publicó en 1995 lo calificó de corrupto y ahora manifiesta: “Lo que hizo antes, bueno, eso se juzga y pues cada quien tiene que responder, pero entiendo que la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta administración y eso es lo que se revolvió”.

Al ser cuestionado en la conferencia de prensa del pasado 20 de diciembre, AMLO dijo que en el actual gobierno el funcionario no ha cometido ninguna irregularidad, y retó a quienes lo cuestionaban: “Pruébenlo, por lo que corresponde a nosotros el señor es director de la CFE, a ver ¿ahí cuáles son las transas? los contratos como se hacía antes”. Sostuvo que sus opositores están nerviosos y ante esa inquietud recurren a falsas acusaciones sin sustento.

“No se puede acusar sin pruebas. Yo fui opositor mucho tiempo y presenté denuncias, pero siempre probé, siempre, nunca me presentaron una denuncia por calumnias”, por lo que si alguien tiene una denuncia en contra de un servidor público federal corrupto “no sólo se va a ir a su casa, se va a ir a la cárcel”.

El periódico Reforma subrayó que la Secretaría de la Función Pública aseveró el pasado 21 de diciembre, que Bartlett no incurrió en enriquecimiento oculto ni conflicto de interés al haber omitido en su declaración patrimonial y de intereses la existencia de 24 inmuebles y 12 empresas que están a nombre de su pareja sentimental e hijos, al considerar que no estaba obligado a reportarlos.

En relación con su pareja, Julia Elena Abdalá, a pesar de que públicamente se conoce que sostienen una relación sentimental, la SFP consideró que no se pudo probar que viven en concubinato, mientras que en el caso de sus hijos, éstos son mayores de edad y no dependen económicamente del funcionario, sin que la dependencia ahondara sobre el origen de la fortuna que tienen.

Opositores al régimen lópezobradorista reprobaron la absolución y descalificaron la actitud de la SFP. La senadora panista Xóchitl Gálvez, promotora de una “ley anti Bartlett”, que frenó la mayoría de Morena, dijo: “Se les cae el teatrito, Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, son iguales que los gobiernos anteriores”.

El presidente de la Comisión Anticorrupción en el Senado, Clemente Castañeda, equiparó las conclusiones de la SFP con las que emitió el entonces titular de esta Secretaría, Virgilio Andrade, en 2015, sobre la investigación que hizo sobre adquisiciones del entorno familiar del ex presidente Enrique Peña Nieto, por lo que la presente resolución “es ofensiva. No va al fondo del problema pero está tratando de lavarle la cara a un personaje que es protegido del Presidente”.

Para la diputada perredista Verónica Juárez “la SFP ratificó la exoneración que el Presidente ya había hecho de Bartlett, pues en septiembre pasado acusó a los adversarios de la 4T de armar una campaña en contra del director de la CFE”, por lo que López Obrador “aplica el apotegma juarista de ‘a los amigos justicia y gracia, a los enemigos justicia a secas”.

APRIETAN AL INE

Desde varios frentes persiste el asedio al Instituto Nacional Electoral (INE), en aras de reducir la autonomía que jurídicamente registra. Por una parte el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, anunció una iniciativa para garantizar la paridad de género en el Consejo General del organismo, y por otra López Obrador reprochó el gasto previsto para la producción de la nueva credencial para votar, reforzada con medidas de seguridad adicionales.

Una vez más el mandatario criticó tanto a los consejeros electorales como a los magistrados del Tribunal Electoral (TEPJF) por sus elevados sueldos: “Ahora estamos viendo que la nueva credencial de elector, que va a tener más seguridad, ¿cuánto cuesta eso?, ¿y los sueldos? ¿Y hubo democracia en el período neoliberal de 1983 a noviembre del año pasado? ¿Hubo democracia? ¿No hubo fraude? ¿Cuánto costaron el INE y el Tribunal? Era la simulación”.

A su vez Monreal adelantó que presentará una iniciativa de modificación a los artículos 41 y 116  de la Constitución para garantizar el pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres y la paridad de género en el árbitro electoral, que actualmente está integrado de 7 hombres y 4 mujeres: “Con la llegada del empoderamiento femenino se pretende brindar mayor protección a las mujeres, fortalecer la democracia y hacer efectivo el reconocimiento de los mismos derechos entre hombres y mujeres”, apuntó.

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