Yanireth Israde
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Profesores e investigadores del INAH manifestaron ayer su preocupación por la integridad de los monumentos arqueológicos ante el «decretazo» emitido por el Ejecutivo el 22 de noviembre.
«El artículo segundo de dicho acuerdo instruye a las dependencias del Gobierno federal a otorgar autorización provisional para iniciar las obras o proyectos, previo a la obtención de los dictámenes, permisos o licencias requeridos para iniciar las obras. En caso de no otorgarse la autorización provisional cinco días después de haberse realizado la solicitud, se entenderá que fue otorgada en sentido positivo.
«Solicitamos se especifiquen claramente los alcances de este acuerdo para que no sea sujeto a interpretaciones por parte de cada institución, de lo contrario este ordenamiento pone en grave riesgo de destrucción los monumentos mencionados», advierten.
En un pronunciamiento público, el comité ejecutivo del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH indica que podrían avalarse obras sin haberse realizado los estudios previos y sin tomar las medidas de protección y conservación necesarias.
«(Se requiere) forzosamente reconocimiento a pie del trazo o áreas que comprende la obra, la localización de vestigios y su excavación o, en su caso, la desviación del trazo, así como otras operaciones necesarias para proteger los monumentos, acciones que, en conjunto, pueden tomar meses de trabajo que por lógica deberían ser previos a cualquier inicio de obra.
«Otorgar una autorización a ciegas sin los trabajos previos de salvamento arqueológico y supervisión que mandata la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, conllevaría a que las constructoras avancen sobre el terreno con maquinaria pesada que demolería los monumentos parcial o totalmente», previenen.
Los firmantes esperan que los procesos que actualmente están en curso en términos de autorizaciones sean respetados, «en especial los salvamentos arqueológicos del Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, pues no puede aplicarse retroactivamente dicho acuerdo».

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