Antonio Baranda y Claudia Guerrero
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió ayer contra cinco de sus antecesores y pidió al Senado procesar una solicitud de consulta popular para que los ciudadanos determinen si deben o no ser juzgados por los presuntos delitos que cometieron en el pasado.
En el último día del plazo para iniciar el trámite, el mandatario envió la petición formal en la que plantea que el ejercicio se realice –de manera opcional– el domingo 6 de junio de 2021; es decir, el mismo día de la elección para renovar la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y miles de cargos municipales.
En un documento de 12 cuartillas, que leyó en Palacio Nacional, pidió preguntar a los ciudadanos, a través de una boleta, si están de acuerdo con que las autoridades investiguen y castiguen quienes ocuparon la silla presidencial entre 1988 y 2018.
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Aunque celebró el esfuerzo de ciudadanos por reunir las firmas para solicitar la consulta, expuso que decidió presentar su propia solicitud para asegurar que se lleve a cabo.
Y aunque se dijo partidario del “punto final”, de evitar las represalias y las venganzas políticas, dejó en claro no será cómplice de la impunidad ni tapadera de acciones turbias del pasado.
“Es un precedente necesario para prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder y un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizó a los gobiernos neoliberales”, señaló.
En sus argumentos, aseveró que pedir la consulta sobre los ex Presidentes no es violatorio de los derechos humanos, pero si es necesario para prevenir la repetición.

Las culpas
En el documento, López Obrador lanzó acusaciones contra cada uno de los ex presidentes.
A Salinas lo culpó de incrementar la desigualdad y las privatizaciones; a Zedillo, de continuar con esa política y de la deuda millonaria del Fobraproa, mientras que a Fox lo señaló por intervenir de manera ilegal en las elecciones de 2006.
En el caso de Calderón, lo acusó de exacerbar la violencia y ser omiso o cómplice de Genaro García Luna y sus vínculos con el narcotráfico.
A Peña Nieto le atribuyó financiamiento ilegal a su campaña, pago de sobornos a legisladores del PAN para aprobar la reforma energética y la compra fraudulenta de una planta de fertilizantes.
En general, el Presidente los responsabilizó de aplicar un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular, que permitió la concentración de la riqueza, quebrantos al erario, privatización de bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y un crecimiento descontrolado de la violencia.
El Jefe del Ejecutivo pidió a los senadores turnar la solicitud de consulta popular a la Comisión de Gobernación, y las que sean necesarias, para proceder a su análisis y, en su caso, dar vista a la Corte, que deberá determinar la constitucionalidad de la iniciativa.