Ricardo Vargas

Este jueves la Suprema Corte de Justicia sesionó en torno a la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre llevar a cabo una consulta ciudadana por la cual se tomara la decisión sobre si enjuiciar o no a ex presidentes de la República en base a las acciones cometidas durante sus respectivos mandatos. La sesión pintaba interesante previo a su arranque pues se había generado gran expectativa en torno a esta interrogante, sin embargo hasta la mañana del mismo jueves, el pronóstico en la mayoría de los medios de comunicación apuntaba a un rechazo de la SCJN a realizar dicha consulta, dado que a toda luz la realización de la misma incumplía con las garantías constitucionales de presunción de inocencia de todos los acusados, y de la vinculación que tienen las consultas populares con efectos jurídicos. Al finalizar la sesión, el resultado avaló la realización de la consulta ciudadana sobre si enjuiciar o no a los ex presidentes, aún cuando está claro que dicha consulta no tendría efectos legales en los respectivos juicios. El resultado registró 6 votos a favor y 5 en contra, sobre si permitir o no el uso de recursos e infraestructura pública para la realización de dicha consulta.

Lo que sigue después de esta decisión es sin duda la celebración de dicha consulta popular, la cual muy probablemente seguirá los patrones que hemos visto en consultas populares anteriores, en las que se observa un muy pobre conteo de los votos, un deficiente registro de los votantes y un inexistente control de seguridad en el sellado y conteo de las urnas con votos. Después de esto habremos de esperar a conocer el resultado, pero si tuviéramos que estimar un resultado, de acuerdo a la estadística y a las observaciones anteriores (consultas populares realizadas durante los últimos dos años), la probabilidad nos diría que el resultado de la consulta se inclinará por lo que inicialmente propuso nuestro presidente. En caso de que así fuera, veríamos un proceso legal en contra de diversos ex presidentes, sin embargo (aparentemente) el criterio para determinar cuáles ex presidentes será el del líder del poder ejecutivo. Posterior a esto, veríamos finalmente el proceso penal, sin embargo en este punto el pronóstico podría ser distinto pues de acuerdo a la estadística, en los últimos dos años hemos visto varios procesos inconclusos, el más reciente de ellos siendo el caso Lozoya.

Es así pues, que probablemente lo único que veamos luego de la realización de esta nueva consulta popular, sea un acto mediático que no concluya en ninguna acción penal y que sirva únicamente para generar tema de discusión en la antesala del proceso electoral de 2021.

Para llevar…

Esta semana fue noticia la iniciativa de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados que busca extinguir en su totalidad a más de 120 fideicomisos federales que han sido etiquetados para la asignación de recursos en apoyo a los sectores de salud, ciencia y tecnología, investigación, medio ambiente y fondos de recursos para resarción de daños en caso de desastres naturales. La razón por la que supuestamente nace esta iniciativa es un tema de corrupción y “despilfarro” de recursos federales que, en palabras de nuestro Presidente, “no son prioritarios”. La realidad es que la razón por la cual la bancada morenista propone esta iniciativa es por un tema de déficit de recursos para el siguiente año. Esto se debe básicamente a dos factores: por un lado está el hecho de que el gasto corriente sigue aumentando (al igual que la deuda pública ha aumentado en términos reales y en términos nominales), y a que los ingresos federales continúan registrando una caída importante como consecuencia de una menor recaudación fiscal dada la fuerte caída en la actividad económica nacional. Esto ha generado una cierta presión en la agenda política de nuestro actual Gobierno Federal, el cual se enfrenta a la peor crisis económica en la historia moderna de nuestro país, mientras sigue aumentando la deuda pública en términos reales y siendo preso del sinfín de promesas y discursos políticos que ha pronunciado en los últimos dos años. El problema con la extinción de estos fideicomisos es que se termina por despojar a sectores de interés público que ya eran vulnerables, mientras se utilizan esos recursos en gasto corriente improductivo. La realidad es que priorizar gasto corriente sobre inversión productiva nunca ha tenido un resultado positivo.

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Soy economista del Tec de Monterrey, Campus Monterrey y tengo un par de años escribiendo artículos de opinión. Escríbame. rvargas@publimagen.mx   @1ricardovargas