Claudia Salazar
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la expedición de la nueva Ley General de Educación Superior, en la que se establece el financiamiento gradual para su puesta en marcha a partir de 2022.
Con 389 votos a favor, 54 en contra y ocho abstenciones, se avaló en lo particular la minuta del Senado, tras presentarse los artículos reservados.
Debido a que no se aprobaron cambios, el proyecto se turnó al Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor.
Con la nueva ley se establecen las bases para ampliar la matrícula en las universidades del país, pero ello dependerá de la disponibilidad financiera que determine Hacienda.
“La gratuidad de la Educación Superior se implementará de manera progresiva en función de la suficiencia presupuestal, a partir del ciclo 2022-2023, sin detrimento de las acciones que se realicen con la entrada en vigor de la ley”, establece la nueva ley.
Se indica que la SEP propondrá, en el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior y de conformidad con la disponibilidad presupuestaria, un programa de Ampliación de la Oferta de Educación Superior a Nivel Nacional, Regional y Estatal, con metas de corto, mediano y largo plazos, a más tardar en 2022.
Se obliga al Ejecutivo federal a emitir el Programa Nacional de Educación Superior, a propuesta de la SEP, a más tardar ese mismo año, en términos de la Ley de Planeación y otras disposiciones.
Cada año, agrega, se deberán aportar recursos para financiar la ampliación de la matrícula en el nivel superior.
“La Federación y las entidades federativas concurrirán en el cumplimiento progresivo, conforme a la disponibilidad presupuestaria, del mandato de obligatoriedad de la Educación Superior y al principio de gratuidad en la educación.
“En la concurrencia del Estado para el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior se considerarán las necesidades nacionales, regionales y locales de la prestación del servicio de educación superior y se sujetará a las disposiciones de ingreso, gasto público, transparencia, rendición de cuentas y fiscalización que resulten aplicables”, señala el dictamen aprobado en lo general.
Se indica que en la integración de los presupuestos correspondientes, de conformidad con la disposición presupuestal, se contemplarán los recursos financieros, humanos, materiales y la infraestructura necesarios para el crecimiento gradual, desarrollo y cumplimiento de las funciones de las instituciones públicas de educación superior.
También se prevé la creación de un Fondo Federal Especial para financiar la impartición obligatoria de la educación superior, al margen de las asignaciones presupuestales que se aprueben cada año para el gasto ordinario de las universidades.
“Los recursos para dar cumplimiento a la asignación presupuestal en un Fondo Federal Especial, se deberán prever en el Presupuesto de Egresos del 2022 y subsecuentes.
“El Fondo se considerará en el Presupuesto de Egresos del 2022, sin menoscabo de las previsiones de gasto que se realicen con la entrada en vigor del decreto, hasta en tanto se aseguren a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de la educación superior, así como la plurianualidad de su infraestructura, se deberá prever cada año”, establece.
En la discusión, la bancada del PT se manifestó contra la ley por considerar que se fomenta la educación privada y no se garantiza su gratuidad.
“Lamentablemente, lo que tenemos ahora es un dictamen que plantea transformar la educación en una industria, en un gran entramado de poder para vender conocimientos y aprobar exámenes”, dijo el diputado Alfredo Femat.
La morenista y presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña, consideró que la ley ayudará a aumentar la cobertura de la educación superior, que llega a sólo 30 por ciento de los jóvenes del país.