Óscar Luna
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Congreso del Estado de Tabasco aprobó reformas al Código Penal para imponer hasta 20 años de prisión a quienes extorsionen en la ejecución de obras públicas y privadas en la entidad.
Tras las acusaciones de buscar inhibir las protestas ciudadanas, los diputados aprobaron cambios al dictamen original.
En la nueva redacción se especifica que la pena está dirigida a quien extorsione, coercione o intente imponer cuotas e impida total o parcialmente el libre tránsito para la ejecución de trabajos y obras.
La pena es de 6 a 13 años de cárcel y multa de mil a 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA); la pena se incrementará por la mitad cuando el sujeto activo se haga acompañar por menores de edad o se emplee violencia.
Con 24 votos a favor y uno en contra, los diputados aprobaron las reformas y adiciones a cinco artículos del Código Penal.
Esos cambios también contemplan de 2 a 10 años de prisión a quien interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación destruyendo o dañando algún medio de transporte de pasajeros o de carga, así como de 1 a 8 años a quien obstaculice las vías.
Previo a la votación en lo general, cuatro de los cinco diputados del PRI abandonaron el salón de sesiones en rechazo al dictamen.
La priista Ingrid Rosas consideró que esta iniciativa es para reprimir al pueblo y atenta contra los derechos humanos.
Julia del Carmen Pardo, de Morena, señaló que se trata de hacer frente a la extorsión y al esquema de obtener recursos de manera ilegal.