A la par que se ultiman los preparativos para el juramento que haga Martín Orozco Sandoval como gobernador constitucional del estado, durante la ceremonia que tendrá lugar la tarde del jueves próximo, es de suma importancia incluir en el gasto de 2017 una partida especial para recibir, atender y encausar a los aguascalentenses que sean deportados de Estados Unidos.

Hasta la fecha todo gira en torno al relevo en la administración pública, de quiénes ocuparán los cargos de primer y segundo nivel, la reestructuración de las dependencias y el paquete económico, sin mencionar qué preparativos hay para velar por los derechos de los que son obligados a regresar.

Aunque no se espera un retorno masivo, se tiene que estar preparado para lo que venga, porque Donald Trump asegura que en cuanto tome posesión de la Casa Blanca dispondrá un programa de repatriación intensa de indocumentados, entre los cuales hay cerca de 150 mil aguascalentenses, lo que motiva a reflexionar que seguramente en el curso del próximo año y tal vez del siguiente será la llegada de buena parte de este grupo.

Para cumplir de manera eficaz con el procedimiento va a ser necesario contar con personal capacitado y los recursos suficientes, que incluso se tenga campo abierto en la operación, ya que en la mayoría de los casos deberá pagarse el retorno a casa, desde el lugar donde las autoridades migratorias estadounidenses los dejaron, que por regla general es en una ciudad fronteriza (Tijuana, Nuevo Laredo, Matamoros o Ciudad Juárez) y hasta tenerles una oferta de trabajo, colocación de los hijos en la escuela e incluso psicólogos que se encarguen de ayudarles a que se readapten al entorno social y económico.

En las actuales condiciones, con Barack Obama como presidente de EU, alrededor de 3 millones 500 mil mexicanos han sido regresados en sus ocho años de gestión, a pesar de sus promesas de regularizar la situación de los “sin papeles”. En un escrito de la Secretaría de Gobierno del Estado de Aguascalientes, de febrero de 2013, se destaca que la reforma migratoria prometida es similar a otras y ajustada a la misma retórica.

“Durante la última década, los políticos que hoy impulsan estas nuevas versiones de reforma, incluido Obama, son los mismos que han prometido a los inmigrantes una vía de legalización, con el argumento de que eso sólo se podría lograr políticamente si primero, y a cambio, se imponían mayores controles sobre el flujo migratorio y más seguridad en la frontera. Cumplieron con la primera parte de la oferta y hoy día hay más agentes en la frontera y más deportaciones que nunca en la historia, más leyes estatales antiinmigrantes en todo el país, más centros de detención y más violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes”, subraya el documento.

Si con Obama, que mantuvo el compromiso de la reforma sin que la hiciera efectiva en los dos periodos, con Trump se espera una auténtica cacería para “sacar de las sombras a los indocumentados” –3 millones en la etapa de arranque– y enviarlos a su país de origen, para lo que hay que estar listos y poder reacomodarlos.

En la actual administración estatal la situación se cumple con asistencia médica, alimentación, comunicación y becas de capacitación, además del pago de transportación desde los puntos fronterizos hasta su lugar de origen, pero ante el cambio de las circunstancias debe ser más acentuado, lo que será posible en la medida que se tenga el financiamiento adecuado y se trabaje desde ahora para tener resultados a la hora del arqueo.

COMBINACIONES

– “Recibirás un aumento salarial, siempre y cuando…”, y en seguida viene la retahíla de razones que pueden retrasar u obstruir el propósito, lo que no obsta para alardear que es la única organización que ofrece una mejoría a los trabajadores.

Con natural interés se recibió entre la clase obrera, la propuesta que hizo a nivel nacional la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), de aumentar el salario mínimo general del país de 73.04 pesos a 89.35 pesos en un plazo no mayor de 12 meses, esto es, que el incremento se concrete antes de que concluya 2017.

Lo que es posible, apunta el organismo, “siempre que la economía lo permita”, lo que “sólo aplicaría al salario mínimo vigente, porque habría un efecto inflacionario llamado ‘efecto faro’ si se extiende a otros niveles salariales”.

Por lo anterior, de los casi 30 millones de trabajadores únicamente se apoyaría a 3.5 millones que ganan el minisalario, con lo que supone la Coparmex, “se cumpliría con lo necesario para tener un mínimo nivel de bienestar de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)”, de manera que puedan abastecer una canasta básica alimentaria y no alimentaria.

Cada año aumentan en el mes de enero los salarios mínimos y generales, y por regla general es en base al nivel de inflación que se espera durante el año, por lo que en 2017 sería un máximo de 3%, que es lo que ha venido manejando la Secretaría de Hacienda (medio punto arriba de lo previsto por el Banco de México), pero que la Coparmex lo fija entre 4 y 4.5%, que es la propuesta que esta semana presentaría ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM).

Sin que se conozca si ya tiene la aprobación de todas las cámaras empresariales, la Coparmex plantea el compromiso de los patrones para que a lo largo del año se ajuste el salario hasta llegar a 89.35 pesos, alza que incluye dos incrementos, el salarial y el nominal.

Allá, en algún lugar del país, los sindicatos obreros miran plácidamente cómo los patrones hacen su chamba, por lo que no tienen que preocuparse, si acaso cobrar las cuotas y utilizarlas para lo que crean conveniente.

Mientras los líderes sindicales se hicieron como que la Virgen les hablaba, algo que es común en ellos, la Coparmex sostiene que “es fundamental que se complemente una agenda integral para incrementar el poder adquisitivo real de los trabajadores, partiendo de la competitividad y productividad de las empresas, fortalecer el mercado interno, así como el combate contra la economía informal e ilegal”.

Sin duda un mundo al revés, pero que de ninguna manera es una actitud espontánea, o porque los empleadores tuvieron una revelación divina, sino que se ajusta a lo propuesto desde hace tiempo por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, que es la bandera de pre-precampaña que enarbola rumbo a la candidatura presidencial, con la que recorre el país para hablar sobre el tema y que ahora la Coparmex le hace segunda.

SOBREVIVIR

En política es una habilidad saber enfrentar, resistir y quedar a salvo de cualquier terremoto. El que no esté preparado para las acometidas de sus adversarios internos y externos no puede ocupar un cargo público. Eso lo saben los actuales dirigentes de partido, que salvo el panista –que se encuentra como niño con zapatos nuevos–, los demás están lejos de presumir buenos resultados; aun el perredista que ganó la alcaldía de Pabellón de Arteaga, pero no logró ninguna diputación de mayoría de las 18 que estuvieron en juego, y menos la priista, que perdió casi todo. Ya ni hablar de los demás, como los petistas, pesistas, pemecistas y verdes, que esconden la cabeza en espera que nadie se acuerde del 5 de junio. En circunstancias serias, objetivas y sensatas habrían presentado su renuncia, pero esto sólo existe en el mundo de la fantasía.

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