Justicia
José Eugenio Torres Vázquez 
Agencia Reforma

CDMX.-  El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) endureció los procedimientos para contratar al personal a cargo de jueces y magistrados, a fin de frenar el nepotismo.

Si bien la Constitución confiere a los impartidores de justicia la libertad de elegir a su personal, las nuevas reglas establecen que deberán seleccionar a sus secretarios de una lista predeterminada por el Instituto de la Judicatura Federal (IJF).

Los secretarios elaborarán los proyectos de sentencia que luego son revisados, corregidos y suscritos por los jueces y magistrados, quienes ahora contratarán un 50 por ciento de secretarios inamovibles y la otra mitad será de libre designación.

Los inamovibles serán aquellos elegidos de entre los primeros cinco de la lista que tenga el IJF como certificados.

«La lista fortalece la vocación formadora del Instituto y elimina designaciones a modo», señala el nuevo Acuerdo que pone en marcha el Plan Integral de Combate al Nepotismo.

En el caso del personal de libre designación, se establece que los jueces y magistrados podrán contratar a personal con una «ideología y formación afín», siempre y cuando acrediten el examen de aptitud en los tres meses siguientes a su nombramiento.

El Poder Judicial ya había establecido en el pasado el uso de una lista con candidatos certificados para ocupar plazas, pero en la práctica se dejó de utilizar como base de las contrataciones.

La Judicatura hace una puntualización al respecto: así como son de libre designación, estos secretarios también pueden ser libremente removidos del cargo.

«Esta medida busca desincentivar prácticas como el acoso laboral que usualmente se ha utilizado como herramienta para generar vacantes en un órgano jurisdiccional», señala.

Otra novedad es que, para continuar en sus cargos, se les exigirá a los secretarios un certificado de actualización cada cinco años, como «refrendo de patente».

El Acuerdo Antinepotismo también prevé un gran cambio para los oficiales judiciales, a quienes en su mayoría se les exigirá la Licenciatura en Derecho y aprobar un examen de aptitudes, requisitos que antes no estaban contemplados.