La negativa de la representación local de la Coparmex, de ceder la parte que le corresponde de la fallida sede de la cúpula empresarial, que desde el sector oficial daban como cerrado para quedarse con el terreno y con ello dar por finiquitado el adeudo que tienen los hombres de negocios con el FIADE, por cerca de 20 millones de pesos, reabrió el problema y mantiene la obligación de pagar intereses en tanto se llega a una solución.
Durante un tiempo se manejó que el gobierno del estado propuso la entrega del predio, a cambio de cancelar el crédito que tienen con el Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo de Aguascalientes (FIADE), luego de que no pudieron llevar a cabo la obra debido al presunto fraude que cometieron directivos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), de lo cual hay denuncias, pero las autoridades judiciales en dos años no han podido aprehender a los acusados y menos recuperar el dinero.
El 16 de abril pasado este Diario publicó que con la transferencia del edificio a medio construir y el terreno “el sector empresarial queda libre de una carga de 20 millones de pesos”, posición que se dio a conocer durante la reunión del Consejo Técnico del FIADE que aceptó el intercambio, lo que desde Palacio de Gobierno se hacía con el fin “de apoyar a los empresarios de Aguascalientes, a fin de que se dediquen a realizar proyectos y programas de desarrollo en lugar de atender temas judiciales”.
El edificio sería para albergar las oficinas de la Canacintra, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), por lo mismo, los tres tienen que pagar intereses del préstamo y que naturalmente no les reditúa ningún beneficio. Se plantearon dos salidas para finalizar este capítulo: que cada uno pusiera siete millones de pesos y una cantidad extra para seguir adelante con la construcción, o entregar al FIADE lo que llevaban edificado y dejar para mejor ocasión ese propósito.
En la reunión del Fideicomiso se dio como seguro que sería el segundo paso, pero el día 22 el presidente de la Coparmex, Francisco Ruiz López, dijo que él no asistió a esa reunión al estar fuera de la ciudad y quien lo hizo en su representación no firmó documento alguno, consecuentemente, de su parte no hay nada.
“Si por alguna presión externa tuviéramos que transitar por un camino como lo han manejado los medios de comunicación, en ningún momento aceptaríamos un comodato, pues para nosotros tendría que ser una pérdida y un despojo para Coparmex, que invirtió su dinero en este proyecto, y es ajeno al asunto del fraude.” (Escalpelo, 22/IV/2015).
Por lo anterior, todo queda como estaba antes de la sesión del FIADE, con una actitud similar de Ruiz López con la que tuvo el antecesor Jaime Durán, quien en entrevista para este Diario, el 25 de marzo dijo: “Me piden que entregue el edificio, pero primero que se vea quién es el culpable de esta malversación de los recursos, y si no que no lo digan, pero si la cabeza en turno de esa organización (Canacintra) dice que hay una malversación de fondos, le pregunto: dame información para que así sea”. El reportero le pregunta ‘¿Hablas de que Canacintra nacional pudiera resarcir en parte ese fraude?’ y Durán Padilla responde: “Tiene qué, pues es una cámara, y no tiene la delegación local personalidad jurídica propia, la personalidad la tiene la nacional y debe de afrontar las buenas y las malas, las maduras y las verdes”.
El expresidente de Canacintra, Heriberto Vara Oropeza, el 18 de diciembre de 2013 dio a conocer en conferencia de prensa que presentó seis denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, “por recursos reclamados que son superiores a los 13’500,000 pesos”, que son fondos públicos tanto del estado como del municipio, de lo cual se hizo del conocimiento de la directiva nacional “para empatar la información, porque las delegaciones no cuentan con el capital suficiente para hacer frente a la reintegración de multas o recursos millonarios”.
En agosto de 2014 se destacó que “avanzan las investigaciones en torno al fraude de Canacintra”, de lo que estuvo pendiente Vara Oropeza, pero sólo para efectos de reelegirse y luego quedar con un cargo regional dentro de la misma cámara, por lo que hasta la fecha lo único que hay son declaraciones que no llevan a ningún lado.
A estas alturas, los empresarios la beben o la derraman, porque si en Coparmex mantienen la postura de no aceptar la propuesta del gobierno, no tienen otra opción que seguir pagando intereses de un capital que no les deja algo de provecho, intereses que naturalmente provienen de las cuotas que aportan los socios. Visto desde un ángulo aparte, de los males el menos peor, dirían en el pueblo, aunque cada quien es libre de hacer lo que crea conveniente.

DERECHOS HUMANOS

De tanto escuchar o leer sobre los derechos humanos se tiene la idea de que hay pleno respeto a ellos, sin embargo, no siempre es así y el mejor ejemplo se tiene aquí con lo sucedido con un policía municipal de Aguascalientes, acusado de haber asesinado a mansalva a un taxista, que de no haber sido por las videocámaras que había en el lugar donde fue “levantado” el empleado, el crimen habría quedado impune.
Ante lo irremediable, la cuestión gira en torno a la falta de apoyo para la familia de ese trabajador, que queda en total desamparo porque la autoridad “siente” que el asunto es del uniformado, cuando tiene que haber corresponsabilidad y más tratándose de alguien que –se supone– está para cuidar la seguridad de los ciudadanos.
De la misma manera que se le hacen cargos al concesionario de un taxi cuando uno de sus choferes comete un ilícito, debe de ser en este y otros casos en que interviene un funcionario o un asalariado de cualquier nivel de gobierno.
Además, la familia de la persona sacrificada no ha recibido apoyo psicológico para que superen el trauma que les significa la pérdida en esas condiciones, algo que tendría que ser obligatorio y de inmediato por parte de las autoridades.
En iguales términos debería actuarse con el caso del crimen que sufrió el comandante de policía de Cosío, en cuya cabecera ocurrieron los hechos que dejaron mal herida a su esposa y en la orfandad a su hija de tres años. Hasta la fecha el presidente municipal no ha informado el tipo de ayuda que le ha dado a la familia, pero por los antecedentes que hay de la capital del estado, donde la costumbre es ofrecerle trabajo a las viudas, que es la manera más fácil de deshacerse de un compromiso moral y económico, no se duda que también sea así.
Muy lejos está de cumplirse las palabras del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, que cuando se violenta a los ciudadanos en su integridad, dignidad y derechos, el Estado es responsable de reparar el daño causado y evitar que esas violaciones se repitan.
“Se debe dar un trato diligente y sensible, para que tenga acceso a la reparación integral del daño y se le brinde atención médica, psicológica y asistencia directa”, dijo durante la firma de colaboración con la Secretaría de Gobernación del 20 de abril pasado.
En los dos asuntos citados se puede alegar que los afectados no son las víctimas directas, pero hay daños irreparables en la vida de sus allegados, y es lo que las autoridades deben atender, no hacerle al faquir y esperar que el tiempo se encargue de echarle tierra, como si nada hubiera ocurrido. Si se habla hasta el cansancio que en materia de derechos humanos hay atención a las víctimas, que se demuestren en los hechos.

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