José de Jesús Murillo
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó ayer al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a otros 10 servidores públicos, legisladores y gobernadores no pronunciarse sobre la revocación de mandato.
Respecto del uso indebido de recursos públicos por parte de algunos de ellos, al trasladarse en un avión de la Guardia Nacional a Coahuila y Sonora para actos proselitistas, el Tribunal Electoral federal analizará de fondo y resolverá.
La exigencia de no promover la revocación también se extiende al líder nacional de Morena, Mario Delgado, porque pese a que la Suprema Corte de Justicia prohibió a los partidos difundir la consulta del 10 de abril, el dirigente y su partido no han atendido la sentencia.
Al resolver denuncias del PAN y el PRD, la Comisión de Quejas del INE aplicó medidas en la modalidad de tutela preventiva, con el fin de que no se repita la conducta por parte de dichos funcionarios.
Sin embargo, llamó de nuevo a todos los servidores públicos federales, estatales o municipales a respetar la legislación vigente y no difundir dicho ejercicio.
Además de Augusto López, en la lista están las secretarias de Energía, Rocío Nahle; de Cultura, Alejandra Frausto, y de Economía, Tatiana Clouthier, así como el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía –quien pidió licencia–, y el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.
También los gobernadores de Veracruz, Cuitláhuac García, y de Sonora, Alfonso Durazo, y el secretario de Seguridad de Veracruz, Hugo Gutiérrez, y el senador Armando Guadiana.
«Se ordena (a estos funcionarios) que en todo tiempo ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales. Por una parte, la prohibición de difundir mensajes de apoyo al Ejecutivo federal y de promoción al proceso de revocación de mandato, debido a que ello escapa de los temas y aspectos que, por mandato constitucional, se permiten emitir durante el desarrollo del proceso de revocación de mandato.
«Y por otra parte, la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad, a fin de no influir en la opinión ciudadana», indica el acuerdo.
Una vez notificados, los funcionarios que subieron a sus redes sociales fotografías o videos sobre el apoyo al Presidente o al proceso de revocación tendrán tres horas para borrarlos.
Durante la sesión, los consejeros reiteraron sus críticas al comportamiento de los servidores públicos, y advirtieron que en los próximos días seguirán viendo la violación desmedida a la Constitución.
«Tenemos una especie de politiquísima trinidad en las conductas que hemos estado viendo, porque está la organización Que Siga la Democracia, que tiene derecho como ciudadanos, pero se junta con servidores públicos que integran el gabinete presidencial, gobernantes locales y el dirigente de un partido político.
«No recuerdo un antecedente en la vida democrática del país sobre la participación en eventos políticos de los cabezas de las Fuerzas Armadas, incluso en uniforme de servicio. En su momento, se tendrá que pronunciar sobre el fondo el Tribunal Electoral, sobre el mal uso de recursos públicos», señaló el consejero Ciro Murayama.
Sus compañeras Claudia Zavala y Adriana Favela lamentaron que no se permita a los ciudadanos reflexionar libremente sobre participar o no en dicho ejercicio.
«Muchos de ellos dando discurso, otros gritando lemas a favor del Presidente, como ‘No estás solo’, y lo hemos explicado muchas veces, que este procedimiento es del Presidente, entonces se tendría que guardar silencio por parte de servidores públicos», añadió Favela.

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