Selene Velasco, Israel Ortega y Amallely Morales
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras meses de cuestionar la eficiencia de las Alertas de Violencia de Género (AVG) que declara la Federación, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum decretó un mecanismo similar, pero soportado en la legislación local.
El programa incluye más presupuesto para los Centros de Atención Integral para las Mujeres; profesionalizar y certificar a Ministerios Públicos con enfoque de género; y construir más senderos seguros.
Además de exhortos al Congreso capitalino para que acelere la aprobación de las leyes contra violencia digital y del Registro Público de Agresores Sexuales con Sentencia Firme.
«El tema de la violencia hacia las mujeres, mientras más lo escondamos, menos lo vamos a resolver», aseguró la Mandataria.
Las AVG las emite la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En este organismo hay dos solicitudes en curso que hicieron organizaciones de la sociedad civil ante la vulnerabilidad que padece este grupo de población.
Activistas y especialistas coincidieron ayer en que, independientemente de que su origen, la prioridad es darle seguimiento a las acciones para no quedar en sólo en buenos propósitos.
Sobre todo, agregaron, porque en la mayoría de las 16 entidades donde se han emitido no se ha notado una contención de delitos.
«Me parece una decisión correcta, oportuna, que llega en un momento en el que hay mucho malestar», aseguró Sayuri Herrera, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, «hay que revisar qué fue lo que faltó en otros gobiernos y que aquí esos errores no se repitan».
«No sólo es la capacitación a ministerios públicos, sino la evaluación de resultados, que es lo que hace falta», dijo Adriana Patlán, consejera social de Inmujeres.
La titular de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, Nashieli Ramírez, consideró que el beneficio inmediato con una alerta es la visibilización de un problema, pero que no debe ser el único fin.
«Impacta en la percepción de los servidores públicos», señaló Ramírez, quien planteó que con ello se deberían reflejar mejoras en atención de funcionarios a la ciudadanía.
La necesidad de capacitar a los ministerios públicos la detectó la Comisión Técnica que revisó los procesos de la Procuraduría. Las víctimas de delito de género, por ejemplo, viven en condiciones de vulnerabilidad que se pasan por alto.
«Las instituciones de procuración de justicia no han sido efectivas para reconocer dichas vulnerabilidades, mostrarse sensibles ante ellas y ofrecer respuestas diferenciadas que mitiguen los riesgos», señaló la Comisión en su informe

El tamaño del reto
Tasa de algunos delitos contra mujeres de enero a septiembre de 2019.
Prevalencia de delitos denunciados por cada 100 mil mujeres.
FUENTE: Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Números totales
En el mismo lapso, número total de víctimas. Salvo en feminicidios, la cifra negra en el resto es alta.