Una de las obligaciones primarias de todo funcionario público es cumplir la ley, esto es, desempeñar bien el trabajo que se le ha encomendado y de no hacerlo quebranta este precepto, que es justo lo que sucede en la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes, que tiene abandonado el mantenimiento en varios lugares de la ciudad, inclusive en zonas céntricas como el barrio de El Llano, por citar un ejemplo.

Hay lugares en que se dejó agrandar los agujeros que produce el paso de los automotores, lo que se convierten en una trampa funesta para los conductores, principalmente cuando llueve y no se puede evaluar la hondura, de lo que tardíamente se dan cuenta de que era demasiado profunda al grado que tronó la llanta o la suspensión

Por este tipo de accidentes puede ser demandado el Ayuntamiento, que está obligado a reparar el vehículo, para ello el perjudicado tiene que pasar por la tortuosidad burocrática ya que debe demostrar que el daño se produjo en el lugar que cite y después de varios peritajes, careos con el área jurídica, que tratará de desestimar las pruebas, es posible que gane el pleito, aunque en ello ya gastó tiempo y dinero que el gobierno de la ciudad no le restituye.

Lo que gaste la autoridad en atender las demandas no le afecta lo más mínimo a Obras Públicas, pese a ser la dependencia directamente comprometida, por lo que a los responsables no les preocupa que sea una, tres, cinco o más denuncias, sienten que son ajenos a esa situación.

Este asunto, de que es posible exigir al municipio el pago de la reparación del daño, está vigente desde hace nueve años y que volvió a replantear el presidente del Colegio de Abogados de Aguascalientes, Fernando Amador Macías, al mencionar que averías como baches, banquetas de riesgo o caminos mal planeados, deben ser denunciados, aún cuando consideró que “la calidad de los servicios públicos difícilmente mejorará, en tanto la ciudadanía no sea exigente en sus demandas”.

El litigante reconoció que aún cuando se recurra a la petición legal, son trámites engorrosos y tardados, “por lo que la gente de aburre de insistir y deja el proceso sin concluir”, cuando por amor propio debería seguirse hasta las últimas consecuencias, como única manera de lograr que cambie el estado de cosas.

De acuerdo a la hemeroteca de El Heraldo, el domingo 2 de enero de 2011 se publicó que a partir del día anterior  los aguascalentenses podrán exigir a las autoridades la indemnización justa si por actividad irregular se le ha causado daño en sus bienes o derechos.

En declaración del entonces magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Alfonso Román Quiroz, ante toda negligencia, omisión o inobservancia a la reglamentación que rige la función pública y que causa daño patrimonial al particular, éste puede solicitar en vía administrativa el resarcimiento correspondiente y la competencia jurisdiccional es el propio Tribunal de lo Contencioso.

Cuando entró en vigor dicho ordenamiento, en 2011, tenía siete años que estaba vigente a nivel federal, sin embargo hasta la fecha es algo que la mayoría de las personas desconoce por lo que dejan escapar la oportunidad de reclamar un derecho, por ejemplo que por omisión en el mantenimiento de las vialidades se cause avería a un vehículo, el propietario tendrá derecho de demandar el pago de lo que le costó la llanta, el rin o el taller mecánico al que hubiera acudido o deba acudir, lo mismo si una persona sufre una caída por el mal estado de la banqueta o zona vehicular.

EN SU ÁMBITO

El cambio de mando a nivel empresarial ha despertado los apetitos de aquellos que sienten que es su momento, que saben que es el ahora o nunca, por lo que se preparan para dar el gran salto y demostrar que sólo con ellos es posible alcanzar nuevas metas.

Son propósitos que se reciclan cada vez que hay una elección, que se presentan como algo novedoso cuando a final de cuentas son los mismos, sólo que con otras palabras, por lo que bien harían los que están  interesados en ocupar la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA) y sus diferentes carteras, en analizar qué pueden hacer para elevar el nivel de productividad, cómo ayudar a que las empresas con problemas financieros puedan salir adelante y cuáles engarces hay que lograr para que a nivel nacional e internacional se eleve la relación.

Es correcto que los dirigentes empresariales estén atentos a la situación que vive la ciudad y el estado, pero que dejen que otras organizaciones sociales defiendan los derechos de estudiantes, amas de casa, obreros, que hay o no tarifas justas en el transporte urbano o taxis eso es competencia de otras áreas.

Demasiados asuntos tienen el hombre y la mujer de empresa por resolver como para enfocar su ánimo hacia sectores distintos. Hoy más que nunca se requiere de un liderato que les indique el rumbo y esto es posible si quienes están al frente del CCEA  le dedican tiempo y esfuerzo en considerar lo que debe hacerse.

Se tiene que replantear la relación con los tres niveles de gobierno para obtener la respuesta que demandan las circunstancias, que sin arrebatos ni golpeteo o declaraciones de guerra hagan sentir la fuerza de la gente de negocios y esto se logra con un respeto firme, lejos de la devoción y  la zalamería.

Aguascalientes tiene la capacidad para convertirse en ejemplo nacional de la relación entre gobierno y empresa, sólo hay que entender el lugar en que cada quien se encuentra y a partir de ahí considerar qué pasos que se deben dar, siempre mirando por el bien de todos, lo que permitirá mejores y más oportunas respuestas.

Habrá que seguir de cerca la designación, si es por unanimidad o por elección entre dos o más aspirantes, pero lo más importante es que quien haga cabeza sepa conducir la nave por donde mejor conviene a los intereses de los agremiados y pueda decirse que tiene un buen comienzo.

ABSURDO

Pues fíjese que en el transporte urbano sí se impuso la tarifa preferencial a los estudiantes, de  4 pesos con 75 centavos (4.75), que hasta el ciclo pasado fue de 2.50 y sin decir agua va la duplicaron. Esto lógicamente va a provocar altercados con los choferes, que difícilmente van a tener moneda fraccionaria y los jóvenes exigirán que les den el cambio. Se había comentado Con Usted la importancia de fijar la tarifa en 5.00 pesos para evitar situaciones embarazosas, pero hicieron oídos sordos en la dirección de movilidad y en el Congreso del Estado, por lo que no debe sorprender las disputas que se susciten a bordo de las unidades. Además, resulta totalmente fuera de orden que el mismo día en que regresaron a clases se anuncie que se abre el registro de solicitudes para obtener la credencial de descuento, cuando esto debió hacerse con semanas de anticipación. Si quienes lo acordaron trabajaran en Relaciones Exteriores, definirían que el mismo día que comienzan las vacaciones se inicie la recepción de documentos para la expedición de pasaportes. Sería bueno que en movilidad pidieran asesoría a los ex directivos de ATUSA, que para eso se pintaban solos, puesto que con antelación estaban preparados para atender las miles de solicitudes y aunque había descuerdo con el costo de la mica la atención se mantuvo en niveles aceptables, por lo que en ese renglón no hubo problemas para su uso, en cambio ahora tendrán que pagar la tarifa completa mientras logran obtener el documento. Aquí no se trata de que con el tiempo esto tendrá que mejorar, sino de hacer las cosas bien, máxime que se sabe cuántos son los favorecidos, entonces no puede haber cálculos sino realidades. El problema es que los directivos estudiantiles están en otra órbita y ni cuenta se dan de lo que sucede en su terreno, por lo que los perjudicados tienen que luchar por sí mismos, cuando en otras épocas la FEUAA y la agrupación del Tecnológico hacían punta de lanza para exigir y velar por los derechos del estudiantado.