En los procesos electorales interactúan una gran cantidad de derechos, quizás más de los que nos imaginamos. Hablar de los comicios, en principio, nos remite a la idea de la participación de personas mayores de dieciocho años, ya que, para emitir el voto, formar parte de las autoridades electorales o postularse para una candidatura, se requiere tener la mayoría de edad. Sin embargo, en los procesos electorales se pueden ver afectados los derechos de niñas, niños y adolescentes, pues es frecuente que se utilice su imagen en la propaganda electoral.
Su aparición en spots publicitarios y en diversos actos proselitistas no está prohibida por la ley, pero debe tenerse mucho cuidado con su manejo, porque podría vulnerar el derecho de los menores a su propia imagen, menoscabar su honor o reputación y ponerlos en algún riesgo. En tal orden, la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona menor de edad exige una protección reforzada debido al interés superior de la niñez. El interés superior de la niñez es un principio constitucional y convencional de interpretación que, ante la toma de una decisión que involucre niñas, niños y adolescentes, se debe evaluar y ponderar las posibles repercusiones en sus derechos y asegurar una protección plena.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 3° que el niño y la niña tienen derecho a que se considere y se tenga en cuenta, de manera primordial, su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten. Por eso, las autoridades deben garantizar y sancionar aquellas intromisiones arbitrarias e ilegales en la intimidad de las niñas, niños y adolescentes que atenten contra su honor, imagen y reputación. Como referí en líneas precedentes, el sistema electoral mexicano sí permite la participación de menores de edad en propaganda electoral, siempre y cuando no se vulnere su integridad y bajo ciertas reglas, las cuales están definidas en un documento emitido por el INE, denominado: “Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral”.
Estos lineamientos establecen que, para que los menores participen en mensajes electorales, se requiere obtener su opinión informada, así como el consentimiento de sus madres, padres o tutores. Ambos requisitos se cumplen al llenar los formatos respectivos, emitidos por el INE, a los cuales deberá adjuntarse copia de alguna identificación del menor y de su padre, madre o tutor, copia del acta de nacimiento y firma de las personas que ejerzan su patria potestad o sean sus cuidadores. Una vez que se cuente con dichos documentos, se podrá llevar a cabo la producción y difusión para radio, televisión, internet, redes sociales, plataformas digitales y mítines políticos de spots y material que incluya la presencia de menores. Si no se recaba dicha documentación, incluir a menores en propaganda electoral será ilegal y sancionable.
Estos requisitos también deben cumplirse cuando se trata de mensajes transmitidos por las autoridades electorales federales y locales y las personas físicas o morales que se encuentran directamente vinculadas con la transmisión de mensajes político-electorales, a través de cualquier medio de comunicación o difusión, incluidas redes sociales o cualquier plataforma digital, ya sea transmitida en vivo o videograbada.
Cuando los menores aparezcan en la propaganda de forma circunstancial o incidental, deberá difuminarse su rostro, si no se cuentan con los permisos en comento. Este tema cobra relevancia proceso a proceso y en la actualidad sigue siendo fundamental que los derechos de niñas, niños y adolescentes se encuentren salvaguardados en uno de los procesos electorales más grandes que ha vivido nuestro país, donde se desplegará una gran cantidad de propaganda electoral a través de las más variadas formas y medios.