Salvador Rodríguez López

Diversos grupos del sector privado no pueden hacerse a la idea que la subcontratación, también conocida como outsourcing y tercerización, debe someterse a ciertas reglas, por lo que están dispuestos a dar la batalla en tribunales para que se modifiquen los artículos que consideran dañinos para sus intereses.

Es un asunto de vieja data y al que cada administración federal le daba la vuelta, pese a reconocer que existía una situación anormal en los compromisos que debería haber con los trabajadores, lo cual se hacía bajo un sistema en que el obrero llevaba toda las de perder, debido a la escasa supervisión oficial, por lo que se registraba una serie de violaciones a la ley laboral, de ahí que el actual régimen se propuso poner punto final a esta situación y fijó plazos para que los empleadores se apeguen a las reformas correspondientes.

Desde un principio fueron rechazados los cambios por dueños y directivos de las empresas, pues consideraban que afectaban sus intereses, lo que hoy replantean los constructores de Aguascalientes, al afirmar que las “interpretaciones erróneas” de la ley los castigan severamente, por lo que apoyados en expertos jurídicos analizan presentar amparos.

La posibilidad de hacerlo está sobre la mesa, “sobre todo cuando se nos está afectando a cada una de las empresas”, señaló el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Ángel Palacios, quien en primera instancia “estamos a favor de que se acabe el outsourcing, aplaudimos esta reforma laboral y que qué bueno que se impulsó. Sin embargo, existe esta interpretación que ojalá pronto se resuelva porque nos está afectando a las empresas constructoras aún cuando no hacemos subcontratación”.

Manifestó que en las condiciones en que quedó dicha figura confunde la operación de la industria de la construcción con la operación de la subcontratación, al señalar que cuando una empresa de este sector acude a otra especializada no se está cayendo en el outsourcing, puesto que son servicios relacionados con la obra en ejecución, sin que esté contratando a los trabajadores de la misma empresa.

Hay inquietud en función que a partir del pasado 1° de septiembre empezaron a ser legales las modificaciones realizadas a la ley laboral, que establece que la figura de la tercerización de servicios especializados u obras especializadas se haga siempre y cuando el contratante se registre en el padrón público reglamentado por la Secretaría del Trabajo. Asimismo la ordenanza expresa sanciones muy severas contra la subcontratación ilegal, equiparándola a la defraudación fiscal y con multas que van de 173 mil hasta 4 millones de pesos.

El dirigente de los constructores manifestó su desacuerdo con las sanciones que se impondrán a quien no se ajuste a la reforma, ya que se les equipara a la defraudación fiscal, pese a que son cuestiones distintas. En un momento determinado podrían enfrentar los citados castigos económicos, lo que ha motivado que tengan un intercambio de impresiones con autoridades, tanto de la Secretaría de Trabajo, del Servicio de Administración Tributaria y con senadores, en espera que exista la suficiente sensibilidad y llegado el caso no se les castigue en estas condiciones, teniéndose en cuenta que la Cámara de la Industria de la Construcción aglutina a 175 empresas que generan alrededor de 20 mil empleos directos y 30 mil indirectos.

REABREN CASO PT

Después de tres años que se iniciaron las investigaciones por presunto desvío de recursos y que una poderosa razón impidió seguir adelante, nuevamente la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) señala que María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del líder del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, canalizó casi 60 millones de pesos de los Cendis de Nuevo León al PT.

Es un caso que desde un principio involucró a Héctor Quiroz García, líder del PT en Aguascalientes, por lo que estuvo varios días detenido en la Ciudad de México. El periódico Reforma publicó en su edición del pasado 1° de septiembre que en las indagatorias se destaca que la también integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT en Nuevo León depositó 123 cheques a Quiroz García, comisionado político de este partido en la entidad, por una suma de 59 millones 935 mil pesos.

Al argumentar Quiroz sobre dichos depósitos, mencionó que la Asociación Civil Frente Popular Tierra y Libertad, ligado al PT, lo autorizó para abrir una cuenta mancomunada, con el contralor de ese partido, Carlos Hugo Castañeda, para apoyar la operación de los Cendis. Afirmó que debido a que el Gobierno de Nuevo León no entregaba puntualmente los recursos, la Asociación hizo préstamos a los Cendis, por lo que los depósitos a la cuenta de Rodríguez eran por esa deuda, sin embargo en los reportes de la Comisión Bancaria y de Valores entregados al INE no se detectaron depósitos de alguna cuenta de Héctor Quiroz hacia María Guadalupe Rodríguez, que permitiera confirmar que hubo un préstamo.

Lo que detectó la Unidad de Fiscalización fue que Quiroz realizó depósitos por 32.8 millones de pesos a Elsa Lilia Peinado Pérez, militante del PT.

Según el proyecto del INE, Rodríguez recibió en su cuenta personal, entre 2015, 2016 y 2017, 260 millones de pesos, parte del Gobierno del Estado de Nuevo León, mismos que tenían como destino la operatividad de los 13 Centros de Desarrollo Infantil en la entidad, de los que es directora general.

En la queja que presentó el PRI en noviembre de 2017 sólo pedía investigar es año, ante movimientos irregulares que detectó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sin embargo el INE abrió el abanico para conocer si hubo algo anormal en los otros dos períodos.

Se plantea una sanción al PT de 119 millones 870 mil 694 pesos, por no reportar dichos recursos y permitir una triangulación ilegal, sin embargo debe tenerse presente que desde que se ventiló en los medios este asunto hubo protección del más alto nivel, por lo que la UIF, tan dada a demostrar que es el látigo anticorrupción del régimen, dejó de investigar por lo que se dio por hecho que sería uno más, que el expediente quedaría guardado en algún cajón, pero de pronto la Unidad de Fiscalización del INE lo revivió y de paso hizo que se volviera a mencionar la participación de Héctor Quiroz García en esta trama multimillonaria, de la que, seguramente, fue sólo un enlace.

MEDIOS EN RIESGO

A la mitad del trayecto es posible analizar lo andado y considerar si se transita por el camino correcto, o qué debe hacerse para mejorar. Hacerlo es reconocer que es materialmente imposible que todo lo que se hizo fue exacto, ya que como ser humano se tienen imperfecciones. Este sería el ideal y al que va a ser difícil que se apegue el actual titular del Poder Ejecutivo Federal, ya que su fuerte ha sido, y es, la confrontación, el golpeteo a sus adversarios reales e imaginarios. En este sentido, la periodista Beatriz Pagés, directora de la Revista Siempre, alertó de los riesgos en que están la libertad de expresión, la democracia y la cohesión social. Es necesario, dijo, que los mexicanos se unan y defiendan esta casa que se llama México, en el que deben caber todas las corrientes de opinión, con pleno respeto entre sí y teniendo como propósito superior que el país sea un espacio en el que cada uno de sus habitantes puedan desarrollarse. Por ahora lo que se tiene es un Gobierno Federal que todos los días ataca a sus adversarios y uno de ellos son los periodistas y los medios de comunicación en general. Apuntó que “lo más importante que tiene la democracia es la libertad de expresión, si los periodistas claudican en la defensa de esa libertad de pensamiento, se caerá todo lo demás, no habrá libertad de asociación, de empresa ni respeto a la propiedad privada”. Pagés dijo que como tiene la obligación de salir en defensa y denunciar toda la arbitrariedad en contra de la estabilidad de los medios de comunicación y de los profesionales de la información. “Lo peor que pudiera suceder es que los periodistas se conviertan en colaboracionistas de un proyecto político eminentemente autoritario, lamentablemente hay pocas voces y las que existen son atacadas, humilladas y denunciadas, lo cual no se puede permitir y hay que tener el valor para salir en defensa de libertad de expresión”, puntualizó.