Diana Gante y Karla Omaña
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Algunas de las modificaciones de la iniciativa del Ejecutivo de reforma a la Ley de Hidrocarburos se contrapondrían a la Constitución y serían motivo de amparos que podrían otorgarse, consideran expertos y organizaciones.
La propuesta pretende dar un amplio margen de discrecionalidad a la Sener y a la CRE para otorgar y revocar permisos a empresas del sector privado que participen en producción, procesamiento, almacenamiento, transporte, expendio e importación y exportación de hidrocarburos.
Iván Alemán, socio de A&S Abogados, explicó que hay ciertos problemas de inconstitucionalidad en los artículos cuarto y sexto transitorios que podrían implicar amparos y suspensiones.
El transitorio cuarto establece que la autoridad revocará permisos que, a la entrada en vigor de la reforma, incumplan con el requisito de almacenamiento determinado por Sener.
Esa modificación, consideró, se trataría de una aplicación retroactiva, debido a que abre la posibilidad de revocar permisos que no tienen un requisito que no existía al momento de otorgarlo.
Mientras, el sexto contempla la revocación si no se cumple con los requisitos, pero la redacción del artículo es ambigua y con un margen no definido para considerar qué permisos pueden retirarse.
Lo anterior implica generar inseguridad jurídica pues la revocación debe ser un procedimiento administrativo y basarse en los supuestos previstos con anterioridad en ley o en el permiso, explicó Alemán.
El planteamiento del artículo 57 podría considerarse una “expropiación” de las instalaciones permisionadas, pues la autoridad que haya expedido el permiso podrá suspenderlo y entregar la operación a Pemex para “garantizar los intereses de la nación”.
“Vamos a entender esa intervención como una expropiación directa, pues la Ley Federal de Expropiaciones contempla que es la intervención o afectación del patrimonio de los particulares cuando peligra el interés nacional. Se sustenta una inconstitucionalidad porque no plantea la motivación ni argumentación, según los Artículos 14 y 16 de la Constitución, para poder ejercer.
“Es una acción totalmente discrecional por parte del Ejecutivo”, dijo Santiago Arroyo, abogado y experto en energía.
El Imco aseguró que en caso de aprobarse, la reforma representaría una clara violación a la Constitución y a los tratados comerciales internacionales ratificados por México.
Además, amenaza con expropiar instalaciones de empresas permisionarias de hidrocarburos para beneficiar a Pemex y CFE.
La Onexpo expuso que la iniciativa tiene elementos contradictorios a la Constitución, lo que resultará en lesiones para cualquier forma de competencia en el sector.