Salvador Rodríguez López

Esta es una de las peores etapas de los últimos años en el ramo de la construcción, al haber una negación casi absoluta en el gasto federal, por lo que sólo queda esperar que en 2020 fluya desde un inicio.

Al ser de los sectores que más empleos genera y que sus actividades están íntimamente relacionadas a más de 40 ramas productivas, el perjuicio es considerable, lo cual debe hacer reflexionar el alto mando del país para evitar que vuelva a vivirse este declive que ha causado un enorme boquete a la economía.

La representación estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) ha insistido ante la Federación para que libere los recursos de  la obra pública, de lo cual menos del 30% han sido aplicados, por lo que a un mes de que concluya el año ya es poco lo que se puede hacer, salvo aguardar que se apruebe la radicación de lo que está etiquetado para 2019 y que se concluya en los siguientes meses.

En este tiempo las empresas constructoras han aguantado infructuosamente los apoyos al estado, ya que tienen cientos de miles de pesos invertidos en maquinaria, equipo y personal de oficina, pero la famosa austeridad se hizo a rajatabla sin importar el enorme daño que se causa al país, tanto que sigue aleteando el fantasma de la recesión.

Todavía sigue anhelándose el encantado libramiento carretero que por largo tiempo ha sido aplazado, mismo que en estos momentos significaría una inversión de 1,500 millones de pesos, pero si llega a realizarse será en el próximo ciclo fiscal.

Para hacerle frente a esta situación, las compañías constructoras han tenido que recurrir a la reducción de personal, incluso al despido, sin embargo el mayor perjuicio se encuentra en los miles de trabajadores que encontraban un lugar en las obras y que hoy están dedicados a cualquier actividad de sobrevivencia.

Las inversiones del gobierno federal es el alimento de la industria constructora, que por su magnitud puede desenrollarse con mayor pujanza y cuando ésta falta hay una enorme presión debido a que estados y municipios no pueden suplir lo que deja de hacerse con recursos nacionales, además que en gran medida ambos niveles de gobierno dependen de las partidas federales para cumplir su programa de obras.

La ausencia de recursos públicos redujeron de manera drástica el crecimiento de la economía y las consecuencias no podían ser otras que el estancamiento. En los dos primeros trimestres hubo un retroceso y para el tercero la economía cayó a ceros. Hubo voces que alertaron sobre lo que podía pasar, pero a nivel central las desoyeron y es hasta ahora, a cuatro semanas de que concluya el año, cuando se anuncia una inversión cuantiosa del sector privado, lo que de cumplirse sería a partir de 2020, con un plan a corto, mediano y largo plazo y en que, presuntamente, se invertirán 859 mil millones de pesos en 147 proyectos de infraestructura.

Lo que sigue es que el gobierno federal no cambie las señales para que los empresarios comprometidos lleven a cabo su plan de inversión, situación que provocó que en 2019 se mantuvieran como simples observadores, ya que de un día para otro se modificaban los acuerdos. Ojalá que el lopezobradismo haya asumido la lección y ofrezca la certeza necesaria a los hombres y mujeres de dinero, que están dispuestos a jugársela por el país pero bajo reglas claras e inamovibles.

TEMPORALEROS

El vocablo “temporalero” no aparece en el diccionario de la Real Academia Española (RAE), pero en México se utiliza con el trabajador eventual del medio rural y deriva de temporal (que no es fijo, ni permanente).

Es una palabra que bien puede aplicarse a los comerciantes casuales que en ciertas fechas hacen acto de presencia, como sucede actualmente ante la proximidad de las fiestas navideñas, lo que año tras año levanta una ola de protestas de los propietarios de tiendas, que no sólo enfrentan una competencia sino que los puestos semifijos obstruyen la entrada a los negocios y no permiten que los potenciales clientes puedan apreciar la mercancía que hay en aparadores.

Es una situación que en ningún presidente o presidencia municipal ha querido resolver, por la simple razón porque los ocasionales representan un considerable ingreso a las arcas y al mismo tiempo significan votos que deben cultivar.

Durante las campañas políticas prometen y se comprometen a que erradicarán el ambulantaje y además que “limpiarán” el centro de la ciudad de este tipo de ventas, pero en cuanto toman posesión lo primero que hacen es echar al cesto de la basura aquello que pueda recordarles ese tipo de ofrecimientos.

El presidente del Colegio de Contadores Públicos, Marco Antonio Galindo Madrigal, mencionó que casi al final el año es cuando hay mayor consumo económico, por lo que crece el número de personas que se dedican al comercio informal sin que la autoridad busque la manera de evitarlo o por lo menos reducirlo.

Dijo que “resulta curioso que los comerciantes informales son detectados de inmediato cuando se busca que paguen algún derecho que están utilizando sin el permiso respectivo, sin embargo no se hace nada preciso para transferirlos a la formalidad, antes bien, por lo regular se les brindan las facilidades para que sigan en las mismas condiciones”.

Reconoció que en casi todos los rubros de la economía hay informalidad, “pero es el comercio al menudeo o directo al público donde se presencia el principal problema”, que aún cuando se ha pensado o explorado regularlo pasan los años y nada se logra, que en gran medida se debe a que “no se han puesto controles para invitarlos a que pase a la formalidad”, apuntó.

Para el líder de los contadores, desde el preciso momento en que una persona solicita permiso para dedicarse al comercio, así sea por días o semanas, las autoridades municipales deberían cruzar información con el fisco para que se le invite a integrarse al padrón de contribuyentes, y si su deseo es dedicarse al comercio lo haga dentro de la ley:

Aún cuando Aguascalientes está dentro de los estados del país con menos informalidad, es el comercio en donde se registra más este fenómeno, por lo que se hace necesario que la autoridad municipal se empeñe más en erradicar este problema, tantas veces denunciado que ya ni respuesta merece.

El otro problema que encuentra Galindo Madrigal es que quienes eluden ingresar al padrón de contribuyentes es por la mezcla de exigencias que tiene el fisco, lo que también motiva que varios que estaban en la formalidad se pasen a las filas opuestas, por lo que algo se tiene que hacer para que sea  más práctico el pago de impuestos  y al mismo tiempo que el ayuntamiento sea un factor decisivo en reducir o eliminar el comercio temporalero.

ES SOLO UN PROPÓSITO

Quienes aseguran que el camino al infierno está empedrado de juramentos y buenas intenciones no están tan descaminados, por lo que el Registro Nacional de Detenidos, que recién se creó en aras de evitar violaciones a los derechos humanos por parte de los aprehensores, puede terminar igual que aquel Registro Nacional de Vehículos (Renave), que en el año 2000 echó por la borda el ofrecimiento gubernamental de tener un control absoluto sobre las unidades motorizadas y así reducir el robo de estas. Pese a la detención por la Interpol de su director general, el argentino Ricardo Cavallo, denunciado en su país por presuntos delitos de tortura, robo de autos y falsificación de documentos, cometidos durante las dictaduras militares, a final de cuentas siguió su curso pero ya sin la aureola que lo concibió. La entrada en vigor de la Ley Nacional de Registro de Detenciones entró en vigor el pasado 23 de noviembre y para lograr que funcione habrá dos nuevos portales web, elaborados e intercambiables por Plataforma México, mismos que estarán disponibles las 24 horas de los 365 días del año. Los policías que lleven a cabo una detención tendrán que subir de inmediato la información correspondiente, aunque no hayan sido trasladados a algún centro de reclusión, por lo que deben disponer de dispositivos móviles y tener acceso al Registro. Habrá que ver hasta dónde se logra el cumplimiento de esta disposición, que va a ser difícil alcanzarla en los 2,458 municipios, pero algo se tiene que decir para que se crea que se vigila por los derechos humanos.

¡Participa con tu opinión!