Verónica Gascón
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El sector patronal advirtió ayer que el acuerdo del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que las obras y proyectos de infraestructura sean considerados de seguridad nacional viola la Constitución y abre la puerta a la corrupción, a la opacidad y al autoritarismo.
«A todas luces, esto violenta nuestro orden legal y es un franco camino a la autocracia y al autoritarismo que tanto ha dañado a nuestro país», señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Por ello, agregó, analizará con expertos la posibilidad de interponer juicios de amparo o apoyar a quienes decidan hacerlo al verse afectados por las disposiciones del decreto.
A través de un comunicado, la Coparmex indicó que suma su voz a las de órganos autónomos, legisladores, organizaciones sociales, académicos, expertos y ciudadanos que han señalado con diversos argumentos lo inadecuado y perjudicial que resulta este decreto.
La organización empresarial detalló que entre las transgresiones a la Carta Magna está la de incumplir, mediante este acuerdo, disposiciones legales aprobadas por otro Poder, el Legislativo, para favorecer proyectos que no son prioridad de todos los mexicanos, sino que son prioritarios para el Gobierno de la 4T.
«De seguir por ese camino, se sentaría un grave precedente de incumplimiento de quien juró el pasado 1 de diciembre de 2018 ‘guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen'», señaló.
La cúpula empresarial adelantó que, a través de la iniciativa «Guardianes de la Constitución», han decidido activar estrategias y acciones para que se respete y cumpla la Constitución.
Reiteró que, vía la figura del amicus curie, apoyará con argumentos técnicos y jurídicos las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales que se han anunciado por parte de órganos autónomos y de integrantes de Poder Legislativo.
Asimismo, impulsará la realización de foros de análisis y espacios de diálogo para dar a conocer a los ciudadanos el riesgo que implica que un Presidente decida gobernar por decretos, saltándose las leyes que juró cumplir.
«Queremos fortalecer un Estado de Derecho que nos permita a todos vivir en armonía y con nuestros derechos protegidos. No queremos gobiernos que debiliten nuestro orden constitucional con fines autoritarios», subrayó.

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