Andrés Manuel López Obrador prometió en su más reciente campaña presidencial que si ganaba las elecciones no habría nuevos impuestos ni aumentarían los establecidos, pero desde abril pasado se esparce el rumor en círculos oficiales que a partir de 2020 se cobrará la tenencia vehicular, lo que ha sido desmentido por el propio titular del Ejecutivo, asegurando que esta propuesta “es un invento de nuestros adversarios”.

En el caso de Aguascalientes actualmente se paga por control y verificación vehicular, además del gravamen que hay en el combustible, por lo que aplicar otra carga vendría a ser un verdadero lujo tener una “carcachita”, lo que de llegar a darse impactaría a más de 500 mil propietarios de unidades mecanizadas que circulan  por la entidad.

En abril el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera González, en su participación en el Segundo Foro de Legisladores en materia hacendaria, propuso que para incrementar la “pobre” recaudación federal en los últimos años se restableciera el impuesto de tenencia a nivel federal en 2020. El tributo se pagaría por la circulación de unidades motorizadas, que actualmente aplican los estados, lo que según el funcionario ha desatado una competencia para ver quien cobra menos y se ha convertido en una vía para evadir el pago de gabelas.

El 8 de abril López Obrador rechazó que se fuera a dar ese paso: “No vamos a aumentar ni a crear nuevos impuestos. Vamos a crecer con bienestar. Salió la noticia de que se iba a restablecer el impuesto de la tenencia, eso no es cierto, eso es lo que quisieran nuestros adversarios, que nosotros incumpliéramos nuestros compromisos”.

Posteriormente, el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, ha señalado en varias ocasiones que se analiza cobrar la tenencia de manera federalizada, lo que según las cuentas sacaría de la exigüidad y de la debilidad fiscal a estados y municipios, por lo que al hacer el cobro a nivel central permitiría hacer una mejor distribución de lo que se recaude, además de que hay propietarios de automóviles y camionetas de lujo que hacen uso de los servicios públicos y pueden pagar este impuesto.

De nueva cuenta, AMLO salió a desmentir la especie, al citar el pasado 14 de junio: “No se va a imponer la tenencia, es increíble como inventan cosas nuestros adversarios, los del partido conservador y muestran el cobre, son muy cretinos. Ahora que estamos defendiendo a México, nuestra soberanía, en vez de cerrar filas y ayudar, están apostando a que nos vaya mal, desde luego no todos”.

En ambos casos, tanto el subsecretario Herrera González  como el diputado Ramírez Cuéllar son del mismo bando del Presidente, por lo que atribuirle a la oposición esa propuesta sale de cuadro; más bien puede ser buscapiés para pulsar la respuesta social. Mientras unos consideran las bondades de la tenencia y dicen los porqués de cobrarla y federalizarla, otro los desmiente, aunque desvía la atención al culpar a los del “partido conservador”.

Esto lleva a considerar que el planteamiento flota en el aire y en algún momento se encontrarán los argumentos jurídicos, fiscales, económicos y sociales para imponerlo, sólo que por el momento no conviene aceptar que pueda suceder.

JUBILADOS EN ABANDONO

De manera inexplicable desapareció la representación de los jubilados ferrocarrileros, lo que a nivel local perjudica a 2,400 ex trabajadores y a sus familiares, que no tienen a quien recurrir para que los apoye y defienda en el trámite y solución de sus asuntos.

Es un problema que perjudica más a las viudas o herederos, debido a las gestiones que deben hacer para los diversos cobros a que tienen derecho, al encontrarse con una serie de dificultades y que sólo el representante sindical podía destrabar por ser un conocedor de los  vericuetos de la burocracia.

El último responsable de esa oficina, Salvador Rosales Robledo, recibió instrucciones de hacerse a un lado, órdenes que también cumplieron sus homólogos de las 39 secciones en el país,  por lo que se desconoce en qué condiciones quedan pensionados y jubilados y si aún pertenecen al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM).

Denunciaron que se intenta eliminar al Comité Nacional de Gestoría y Enlace de Fondo de Pensiones, así como la eliminación del Sindicato como miembro del Comité Técnico del Fidecomiso Ferronales-Sub.

Un primer paso se dio el pasado 10 de marzo con la reducción presupuestal a 18 millones de pesos al organismo que administra el citado Fideicomiso, que se dijo, se hizo en apoyo a la política de austeridad del gobierno federal, lo que presuntamente no pone en riesgo el pago de pensiones y jubilaciones de los 25 mil afiliados que hay en el país, según  José de Jesús Ortiz Rodríguez, representante nacional de jubilados, sin embargo no hay un informe del destino que tuvieron 720 millones de pesos que recibió el STFRM, bajo la tutela del secretario general Víctor Félix  Flores  Morales desde 1995, por concepto de cuotas sindicales y para gastos del fideicomiso de los jubilados.

La exigencia del personal retirado de Ferronales es que se les cumpla los alcances a que tienen derecho, como es el pago completo de la pensión o jubilación y que una vez que fallezcan se le entregue a la viuda o los designados los 45 mil 628 pesos de la póliza; 3 mil 200 pesos de ayuda para gastos de funeral y tres meses del equivalente a la pensión que percibía, además que la viuda reciba un 70% de la pensión y el Seguro Social.

La cuestión gira en torno a que al no haber un representante de la especialidad pueden caer en manos de “coyotes”, por lo que de la suma que reciban se vean obligados a destinar una parte para el pago de sus servicios, con el peligro que con artimañas se queden con todo.

Son varios puntos los que giran en estos asuntos y que bien haría el Sindicato en clarificar, ya que crece la inquietud de que el actual gobierno se haga el desentendido ante las exigencias y denuncias que hay sobre el particular.