El Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial aseveró que los cientos de candidatos que eligieron en Aguascalientes no transparentar su patrimonio pone en evidencia que pueden tener un conflicto de intereses o bien sencillamente no buscan la confianza ciudadana y no tienen la intención de hacerlo.

Alberto Aldape Barrios, titular del CIDE, recalcó que debe ser obligatorio para registrarse como candidato presentar la declaración 3de3 y de conflicto de intereses, y que haya sanciones sustanciales para quienes omitan esta información que deberá ser legislada desde los ámbitos estatal y/o federal si los partidos políticos optan por esa medida con la transparencia.

Agregó que los candidatos y sus suplentes no están obligados a cumplir con este requisito, lo tendrán que hacer hasta que sean funcionarios electos, pero queda en evidencia que no quieren dar información a la ciudadanía y en consecuencia se tiene un signo de que aquel que se someterá al voto este domingo 6 de junio desconfía de los ciudadanos y evidentemente recibirá la misma desconfianza.

Existen posibles causas de esta enorme faltante de candidatos incumplidos, quizás le solicitaron realizar el proceso de registro a algún integrante de su equipo de trabajo y no lo hicieron ante la autoridad competente al considerarlo que no era urgente o sencillamente dejarlo en blanco porque no hay obligatoriedad.

El otro aspecto es que el candidato haya tomado con premeditación no hacerlo en función de querer ocultar datos de alguna información que ponga entredicho su actuación como ciudadano o como funcionario, dependiendo del abanderado.

Se requiere una revisión completa de la Ley de Procedimientos políticos para que en los requisitos para ser candidato se incluya la declaración 3de3 y la de conflicto de intereses, entre otros conceptos.

Mientras no haya una sanción por transparentar su patrimonio o la posibilidad de tener un conflicto de intereses por parte de quienes buscan la confianza de los ciudadanos, demuestran que no tienen la intención de hacerlo y eso es un indicador de que no están dispuestos para ser observados por parte de la ciudadanía en su accionar en la evolución de su patrimonio personal o de conflicto de intereses.