Érika Hernández
Agencia Reforma

Cd. de México, México.-Un factor de riesgo rumbo a la elección del 6 de junio es la descalificación que hace el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el INE, así como la polarización que generan sus declaraciones.

Así lo advierte una misión de expertos electorales de diversos países, quienes realizaron un análisis sobre el ambiente que se vive en el proceso electoral de este año.

También, aseguran, otros factores de riesgo son la influencia del crimen organizado en la elección, la desinformación y el manejo de la pandemia.

“La polarización se refleja en las narrativas políticas instaladas entre el señor Presidente, sus aliados y base electoral, y actores vinculados a partidos políticos tradicionales, hoy una oposición, una parte de medios y diversos actores sociales, políticos y económicos.

“Este marco de polarización genera un intenso y contradictorio clima de opinión pública, que potencialmente puede reducir el espacio para el debate informado, propicia la expansión de prácticas de desinformación, potencia la descalificación del pensamiento diferente y puede generar un entorno marcadamente emocional para las elecciones”, resumió el director del Instituto Nacional Demócrata de Guatemala, Eduardo Núñez.

La misión extranjera advierte que si bien no hay llamados a la violencia es necesario que tanto autoridades como actores políticos moderen sus narrativas, de lo contrario se cuestionará la confianza y legitimidad de las elecciones.

Los expertos consideran preocupante la relación tensa entre López Obrador y el INE, especialmente por el recorte de presupuesto al órgano electoral y la regulación que buscan los consejeros sobre las declaraciones electorales en las “mañaneras”.

“La necesidad de encontrar equilibrios y marcos de cooperación interinstitucionales basados en el respeto irrestricto a la autonomía de las autoridades electorales es un asunto fundamental para la integridad de las elecciones.

“El cuestionamiento a la idoneidad de la autoridad electoral conlleva a la instalación de la duda sobre las elecciones como institución clave de la democracia y entraña riesgos de legitimidad para las autoridades, que finalmente puedan resultar electas en el marco de este proceso electoral”, concluye la misión.

No significa, aclara, que exista complacencia o ausencia de vigilancia sobre el actuar de las autoridades electorales, pero los políticos deben reconocer el fortalecimiento de las instituciones y procesos que ha habido en México.

Asegura que existe una “potencial influencia” del crimen organizado en las elecciones, pues aunque en años anteriores esto ha sido moderado, es necesaria una estrategia que tome en cuenta las nuevas formas de operar de la delincuencia.

Así como fortalecer los mecanismos de fiscalización para prevenir la penetración de dinero ilícito en las campañas electorales y en los partidos políticos.

Además de una adecuada coordinación interinstitucional con las fuerzas de seguridad y militares para crear una estrategia de organización y administración electoral para mitigar el impacto de la violencia en el proceso.

Esa coordinación, apunta, también debe reflejarse en las medidas que se aplicarán para evitar contagios durante las campañas, la organización de la elección y la jornada de votación.

“Resulta estratégico analizar cómo gestionar el proceso de votación, previniendo aglomeraciones públicas y el potencial retardamiento del ejercicio del voto de las personas como resultado de la implementación de los protocolos de bioseguridad previstos por las autoridades electorales”, agrega.

Para el análisis, afirma, se platicó con representantes de partidos, autoridades electorales nacionales y estatales, funcionarios de gobierno y organizaciones civiles.

En la misión de expertos también participan Liza García, presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico y Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe; Fernando Tuesta, ex Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú; y el panameño Erasmo Pinilla, presidente de la Unión Interamericana de Organismos Electorales.

Así como Eugenio Chicas Martínez, miembro de la Junta Directiva del Consejo de Expertos Electorales de América Latina, y el colombiano Juan Carlos Galindo, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana.