Antonio Baranda
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Lejos de ser excepcional, como lo marca la ley, la prisión preventiva oficiosa se ha convertido en una práctica generalizada en México y ha aumentado debido a la ampliación del catálogo de delitos graves, advierte México Evalúa.
En el informe «Hallazgos 2020. Evaluación del Sistema de Justicia Penal», presentado recientemente, la organización señala que hasta 36.1 por ciento de las personas imputadas son sometidas a prisión preventiva de manera oficiosa, es decir, de manera automática y sin mediar algún análisis.
En el documento subraya que la prisión preventiva en el fuero local aumentó 21 por ciento de 2019 a 2020, principalmente por la reforma que agravó –sin derecho a fianza– ilícitos como el robo de casa habitación, pero también porque las fiscalías solicitan cada vez más ese tipo de medida cautelar.
«La figura de la prisión preventiva debe emplearse de manera excepcional, pues su aplicación vulnera el principio de presunción de inocencia e impone una pena por adelantado a las personas, sin saber si son culpables o inocentes y, en muchos casos, sin haberse ejecutado una evaluación de riesgos», señala.
«La presunción de inocencia es y debe prevalecer como un aspecto básico que distingue al sistema acusatorio. Sin embargo, aun cuando es un principio que llevaría a entender el uso de la prisión preventiva con carácter excepcional, lo cierto es que su uso es generalizado y se ha ampliado en años recientes».
Grupo REFORMA publicó ayer que la decisión de la Corte de eliminar la prisión preventiva automática a detenidos por contrabando, venta de facturas falsas y defraudación fiscal, enfrentó al Presidente Andrés Manuel López Obrador con el Ministro Arturo Zaldívar.
Según el Mandatario, el fallo de los Ministros protege la corrupción, apoya a las minorías y evita que los «fifís» vayan a la cárcel.
Por el contrario, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aseguró que es una decisión para proteger a los más pobres.
Mientras continúe ampliándose el uso de esta medida, enfatizó México Evalúa, seguirán observándose otros impactos negativos como la «consolidación» de incentivos perversos institucionales que juegan en contra de la investigación criminal y los estándares de actuación.
Para la organización, la ampliación del catálogo de delitos graves que impulsó López Obrador y que entró en vigor este sexenio, también es un retroceso significativo en la consolidación del sistema acusatorio oral.
«Se aprecia más bien como una medida que desincentiva el desempeño institucional. Es preciso reflexionar sobre sus implicaciones en cuanto al impacto en la población privada de la libertad, toda vez que a partir de la aprobación de esta reforma se incrementó significativamente la población en prisión que se encuentra en proceso, es decir, en espera de una sentencia», agrega.
«Se está engrosando la población en prisión sin que necesariamente se tengan elementos suficientes para ello, y sin ofrecerles condiciones de vida dignas, seguras y sin medidas mínimas de higiene, salubridad, nutrición y trabajo en los centros penitenciarios».
De acuerdo con Chrístel Rosales, investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa, la prisión preventiva no sólo vulnera la presunción de inocencia, sino que reduce estándares y exigencia para las autoridades.
«Cuatro de cada 10 (personas) en prisión esperan sentencia, en mujeres es 1 de cada 2. El 70 por ciento lo están por robos menores sin violencia. ¿Cuándo los responsables de crímenes graves?», cuestionó la especialista en temas de procuración de justicia.

¡Participa con tu opinión!