Staff Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- La investigación contra los militares ingenieros por depósitos millonarios de la empresa Sinergia Integral Cristowen, no fue iniciada por el Ejército, sino por una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
De acuerdo con documentos de la Sedena hackeados por el grupo Guacamaya, el Coronel Ingeniero Diplomado de Estado Mayor, Rafael Alejandro González Hernández, y el Capitán Primero Ingeniero Constructor, Jorge Luis Aparicio Rojas, controlaron personalmente un proceso de invitación restringida en el que la empresa ganó un contrato de 252.8 millones de pesos para impermeabilizar 587 mil metros cuadrados de instalaciones en todas las regiones militares.
De esa cantidad, 179.3 millones de pesos fueron a dar a cuentas de Aparicio Rojas en BanCoppel y Banjército, mediante transferencias realizadas entre mayo y junio de 2019.
Lo elevado de los montos de las operaciones fue lo que alertó a la UIF, que denunció el caso directamente ante el Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval.
Según el informe de presunta responsabilidad contra ambos militares, emitido por el Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedena el 30 de abril de 2021, el Coronel González Hernández giró instrucciones a las 12 Regiones Militares para que realizaran el pago por adelantado a la empresa adjudicada, aun cuando esta no había entregado los materiales o realizado los trabajos establecidos.
