Desde 2016 fue aprobada y publicada la Ley para Agentes Inmobiliarios en Aguascalientes, sin embargo, es tiempo en que no se emite el reglamento por parte de la autoridad para que ésta pueda ser implementada, resaltó el presidente entrante de la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios en la entidad, Mario Alberto Álvarez Michaus, quien resaltó que en las dependencias estatales competentes, no se ponen de acuerdo para hacerlo.
Lamentó que hayan pasado los años y entre las autoridades de las dependencias que deberían intervenir, no dejan de “pasarse la bolita” unos a otros, en cuanto a quién le compete emitir el reglamento, y si bien para la AMPI está claro que debe ser la Sedec la responsable, en esta instancia han argumentado que le corresponde a la Seguot, en donde su titular ha expresado voluntad, no obstante, sigue sin darse el reglamento tan esperado.
En fechas recientes Álvarez Michaus rindió protesta como presidente de la AMPI en sustitución de René Treviño que terminó su periodo de dos años al frente de este organismo de profesionales inmobiliarios, por lo que expresó que son varios los retos a los que se enfrenta esta agrupación, en lo legal, pero también en lo comercial así como el tema latente de apoyar en lo respectivo para superar el problema generado tras el hackeo del sistema en el Registro Público de la Propiedad y Comercio.
Sobre el reglamento para la Ley de Agentes Inmobiliarios, comentó que por parte de la Sedec tal vez ha sido poco probable que se avance, toda vez que en el sexenio han transitado tres secretarios y por lo tanto, no se ha visto cómo concretar el tema.
Insistió que para la AMPI es indispensable el reglamento, a fin de garantizar la profesionalización de los agentes inmobiliarios, al ser una necesidad para el sector que existan personas debidamente capacitadas y empadronadas para desempeñar tal rol y dar seguridad, tanto a compradores como vendedores, de las operaciones que se realicen.
Esto porque se trata de un tema patrimonial y de ahí la importancia, ya que ocurre que en las familias mexicanas, sólo se llega a tener un bien inmueble propio durante toda su vida y al menos, se debe garantizar la certeza de que en realidad es legalmente el poseedor.