Uno de los fundamentos del Artículo 123 Constitucional es que “para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad”, lo que preserva un derecho de mexicanos y mexicanas de recibir un ingreso similar sin importar en qué parte del país labore, siempre y cuando desempeñe las mismas labores que los demás.

Este principio de justicia, que se plasmó en la Carta Magna de 1917, daba equilibrio e imparcialidad al desarrollo laboral y económico y terminaba una añeja costumbre de pagar a los obreros de acuerdo al criterio del patrón, que por regla general era injusto, porque además del escaso ingreso operaban entonces las llamadas “tiendas de raya”, conocidas así porque la mayoría de los trabajadores eran analfabetos, por lo que en el libro de nómina ponían una raya en lugar de la firma y al recibir su salario era mediante vales o monedas acuñadas por la propia fábrica o hacienda, que sólo tenían valor en la tienda de raya del patrón. En estos lugares se expendían comestibles, ropa, calzado y hasta aguardiente, todo ello de mediana a baja calidad, que se vendían a precios superiores a su valor, con lo que el dueño recuperaba íntegro lo que pagaba en salario y con algo de ganancia. Era normal que a los empleados no les alcanzara para sostener a su familia, por lo que pedían a crédito los artículos que les entregaban con un rédito muy alto, lo que provocaba que siempre estuvieran endeudados, compromiso que si morían se trasmitía el saldo a sus herederos, lo que dio origen a la “servidumbre por deudas”.

Han pasado más de 100 años que se cerró aquella etapa que por largo tiempo arropó el general Porfirio Díaz, lo que favoreció a empresarios y hacendados, sin embargo hasta la fecha persisten los bajos ingresos en la clase trabajadora y campesina, con notorias diferencias en los ingresos mínimos entre estados del norte, centro y sur.

A partir de ayer el minisalario en gran parte de la República es de 102.68 pesos, mientras que la frontera norte de 176.72 pesos, de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este incremento forma parte de la nueva política de salarios mínimos, que tiene en marcha el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual, de dice, está enfocada en la recuperación paulatina y responsable del poder adquisitivo de los asalariados.

En la publicación del DOF se mencionó que con el incremento de 16.21% “se alcanza la línea de bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), como 100% del incremento en la zona libre de la frontera norte del país, aplicable sólo en 43 municipios de esa franja.

La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, aseguró que el salario mínimo había perdido más del 70% de su poder adquisitivo debido a una política de contención que tuvo como consecuencias la precarización del empleo, aumento a la pobreza y desigualdad.

El beneficio que se argumenta está focalizado en municipios que limitan con Estados Unidos, tanto de Sonora y Chihuahua, como de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, por lo que se podrá vivir en el mismo estado pero la paga será distinta si el centro de trabajo queda fuera de esas áreas geográficas.

En el resto del país el aumento es de 9.43 pesos, al pasar de 88.36 a 102.68 pesos, que para los analistas no es suficiente para que alcance la línea de bienestar que considera el Coneval, aparte que está calculado en un índice inflacionario de 5%.

Un obrero del centro y sur podrá hacer la misma función que el de la frontera norte pero ganará 74.92 pesos diarios menos, con lo que no se cumple el postulado constitucional de tener un ingreso igual.

ENFADO AZUL

Aunque parece natural, no cualquiera sabe jugar el ajedrez político, y menos mover las piezas con oportunidad, por lo que además de los conocimientos que se tenga sobre este ejercicio es necesario hacerlo con cuidado para alcanzar los fines previstos, que se adereza con una pizca de suerte.

Se tiene que actuar con oportunidad para estar en el momento justo y aunque el final siempre es un albur, puesto que en ocasiones se tiene ganada la partida y de última hora algo sucede que se va todo por la borda, siempre es emocionante ser protagonista y ante todo, un ganador, que fue justo lo que hizo el contador Fernando Herrera Ávila, en su más reciente competición.

Puso todo su resto a favor de Marko Cortés cuando se presentó como candidato a jefe nacional del PAN, enfrentándose a Manuel Morín,  nieto del fundador del partido, por lo que una vez que Cortés se hizo del triunfo designó el pasado 8 de diciembre a Herrera como vocero del Comité Ejecutivo Nacional, con lo que se mantiene en primera línea luego que el 31 de agosto anterior concluyó su etapa de senador, período en que fue coordinador de la fracción parlamentaria.

En su función como vocero del partido, hizo pública su molestia por la actitud que adoptó el presidente López Obrador, al negarse a estar presente en la ceremonia luctuosa en memoria de la gobernadora Marta Erika Alonso y del senador Rafael Moreno Valle, que fallecieron en trágico accidente de aviación el 24 de diciembre.

En un artículo publicado en las páginas editoriales de El Universal, el ex legislador recordó las palabras que utilizó el mandatario para justificar su inasistencia a ese acto: “Para no hacerle el juego a estos provocadores mezquinos decidí actuar de manera prudente” y más tarde, en conferencia de prensa el día 27 “intentó recular diciendo ‘a lo mejor no debí utilizar la palabra mezquino, a la mejor debí decir que son tiempos de canallas”.

Fernando Herrera señala que el titular del Ejecutivo tiene derecho a no estar presente en un homenaje de esta naturaleza, puesto que no es una responsabilidad constitucional de su investidura, sin embargo “a lo que no tiene derecho es a seguir usando el mismo discurso que etiqueta y que desacredita a quienes no comparten su forma de pensar y de hacer las cosas. Un discurso intolerante, provocador y simplista, que ha generado, en gran medida, la polarización en la que hoy se encuentra el país”.

Lamentablemente “apeló a cálculos políticos para defender su decisión. Tiene derecho. A lo que no tiene derecho, repito, es a seguir usando ese discurso de ricos y pobres, de buenos y malos, de mezquinos y canallas, que tanto le gusta, porque las consecuencias negativas ya las hemos visto, en las redes sociales y en las propias calles”, concluyó Fernando Herrera.

 

DA LA MUESTRA

Una de las principales propuestas de los concesionarios del transporte urbano es que si el Gobierno del Estado no quiere autorizar un aumento a las tarifas, que entonces les otorgue un subsidio, con lo que podrán enfrentar la situación económica por la que atraviesan, encontrando una negativa a conceder tal prerrogativa, sin embargo es algo posible, como lo demostró el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, que después de conceder un incremento a la tarifa de la zona metropolitana, de 8 a 11 pesos, anunció la creación de un fondo de 300 millones de pesos anuales para favorecer con el transporte a grupos vulnerables como menores de edad, estudiantes, adultos mayores, discapacitados y personas en condiciones de extrema pobreza, quienes seguirán pagando la tarifa preferencial de cuatro pesos. El titular del Ejecutivo arguyó que autorizó el aumento porque no se había hecho en los últimos tres años, lo que de no hacerse habría provocado la quiebra de la empresa y el colapso del servicio debido a los fuertes incrementos en insumos como  refacciones, Diesel y gas natural. Se comprometió que en lo sucesivo el Instituto Queretano del Transporte será el encargado de modificar la tarifa cuando sea necesario, pero sólo en base en criterios técnicos, y no por acuerdos políticos ni por presiones de grupos de interés.