Abel Barajas
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- René Gavira Segreste pretende convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso Segalmex.
Allegados al caso confirmaron que la entrega del ex jefe de Administración y Finanzas del organismo fue pactada como parte de un acercamiento para ofrecer información útil para la FGR y conseguir beneficios legales a cambio.
Uno de los beneficios que busca es el criterio de oportunidad, que tendría como consecuencia que la Fiscalía retirara todos los cargos y le diera la inmunidad penal, siempre y cuando denuncie a terceros por delitos más graves a los que le atribuyen.
Otra opción es que la FGR lo convierta en testigo protegido, conforme a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, un delito por el que se han girado la mitad de las órdenes de aprehensión en su contra.
La FGR de inicio ya tuvo una deferencia con Gavira, pues en lugar de pedir su internamiento en el Penal del Altiplano, prisión de alta seguridad donde se encuentran todos los detenidos por el Caso Segalmex, prefirió hacerlo en el Reclusorio Norte de esta capital.
Contra Gavira se han librado seis órdenes de aprehensión por ilícitos cuyos montos supuestamente desviados, lavados o defraudados ascienden a poco más de 2 mil millones de pesos.
Ayer fue reanudado el proceso por una de esas causas penales, la iniciada por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, el cual le imputaron porque supuestamente adquirió de manera ilícita títulos bursátiles por 700 millones de pesos.
Pero tiene pendiente que le ejecuten los otros cinco mandamientos de captura, uno de ellos por el mismo ilícito antes referido y los otros por delincuencia por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal.
El criterio de oportunidad es un beneficio que se otorga a quien denuncia delitos más graves de los que le imputan, aunque está condicionado a que el ilícito imputado al solicitante tenga una pena máxima de 5 años y haya sido cometido sin violencia, según el Código procesal.
El caso de Gavira teóricamente no cumple con este último requisito, porque las sanciones máximas para el lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos por los que le libraron órdenes de aprehensión, son de 15 y 40 años de prisión, respectivamente.

RECHAZO DEL JUEZ
En la audiencia de imputación de Gavira, Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, consideró que si bien el ex jefe de Administración y Finanzas de Segalmex se entregó el jueves a las autoridades, la única forma de garantizar la continuación de su proceso es mantenerlo privado de la libertad porque existe el riesgo de que se vuelva a darse a la fuga.
El juzgador dijo que en este proceso, por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, Gavira dejó de presentarse desde hace ocho meses, cuando el procedimiento ya estaba en la etapa intermedia y la FGR había presentado su acusación.
«Es evidente que desde el 22 de marzo, al no comparecer, mostró su propia voluntad de no someterse al procedimiento, pasaron ocho meses y durante todo este tiempo no hubo ninguna manifestación para justificar su inasistencia ante la Unidad de Medidas Cautelares; de haberse llevado de manera normal este procedimiento, usted hubiera llegado con diversas medidas cautelares», indicó el juez.
Los elementos a los que se refería el impartidor de justicia es que Gavira tiene dos domicilios en el Estado de a México en los que no fue localizado en unas inspecciones y, además, registra 16 salidas recientes del País, lo que hace presumir su falta de arraigo.