En la colonia San Pablo se instalará un juzgado cívico destinado exclusivamente a menores infractores. Javier Soto Reyes, secretario de Ayuntamiento y director general de gobierno, comentó que esta iniciativa busca separar a los adolescentes de entre 12 y 18 años de los adultos detenidos, quienes actualmente son concentrados en el C4, con el objetivo de garantizar un trato acorde a los derechos humanos y evitar la convivencia en espacios inapropiados.
Las instalaciones ya se encuentran listas desde el punto de vista estructural, y se prevé que el juzgado comience operaciones en enero, tras un periodo de seis semanas para ajustes operativos y reglamentarios. Durante esta fase inicial, se trabajará con el mismo personal, reconfigurando turnos y redistribuyendo las funciones en el C4. Dependiendo de los resultados, podría considerarse la contratación de más personal.
Además, este juzgado complementará programas piloto que se han implementado en colonias como Progreso, donde se ha trabajado directamente con grupos de ocho familias. A través de citatorios y el apoyo de instancias como el DIF y el Instituto de Salud Mental, se busca involucrar a las familias en la supervisión y orientación de los jóvenes, obteniendo resultados positivos en la prevención de conductas de riesgo.
El modelo también podría incorporar sanciones o medidas legales para los tutores de menores reincidentes, como lo ha propuesto el diputado Emanuelle Sánchez Nájera. Aunque actualmente no se aplican multas, las estrategias de concientización y apoyo a las familias han demostrado ser efectivas, logrando reducir la participación de adolescentes en actividades ilícitas o violentas.
