Víctor Hugo Granados Zapata

Durante estos últimos meses, un grupo de gobernadores (en su mayoría panistas) se han dado a la tarea de criticar las acciones del gobierno federal, sobre todo en los temas del manejo de la pandemia y el sector salud. Dicha alianza, compuesta por 10 estados (incluyendo Aguascalientes) se han opuesto a múltiples informes y decisiones de la Secretaria de Salud y el Consejo de Salubridad General, por ejemplo, el utilizar la métrica nacional de incidencia de casos por COVID-19 (el semáforo) criticando que estos no están siendo medidos de forma correcta y actualizada. En esta columna no vamos a criticar de fondo la participación de esta alianza en el tema del sector salud, sino en su reciente aparición en el tema de educación.

Esteban Moctezuma, titular de la SEP, mencionó el lunes 3 de agosto en la mañanera que para que los estados pudiesen aplicar un modelo híbrido (clases presenciales y en línea) el color del semáforo debe ser verde y, actualmente, ningún estado cuenta con dicha característica. Sin embargo, en los últimos días el titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Raúl Silva Perezchica, ha señalado que aplicará el modelo híbrido para bachilleratos y educación superior, contrariando a las indicaciones de la SEP. Esta decisión busca, como señala el director del IEA, aminorar el impacto que tiene la educación en línea y la deserción escolar.

Por otro lado, Aguascalientes es el primer estado en todo el país en tomar dicha decisión, siendo quizás el ejemplo para del resto de los estados que integran la “Alianza Federalista”, quienes han propuesto seguir un “semáforo estatal” y no el sistema que tiene el resto del país ¿se debería aplaudir dicha decisión?

Debemos aclarar que dicha acción contraria a las indicaciones de la SEP, la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General es una fractura al ordenamiento federalista, dado que en estos tiempos de crisis sanitaria los estados deben seguir las indicaciones de la federación. No cabe aquí una interpretación de facultades concurrentes (aquellas en las que los municipios, estados y federación tienen competencia sobre la materia) ni de autonomía. En pocas palabras, el actuar del IEA y del resto de las entidades federativas no es el adecuado, jurídicamente, bajo contexto que estamos viviendo.

¿Deberíamos seguir el modelo de la SEP e inhibir cualquier modificación que intenten hacer las Secretarías de Educación de las entidades federativas? Esta es la pregunta del millón, puesto que el Aprende en Casa 2 es una replica del modelo anterior que trajo consigo muchos efectos negativos como la baja en la calidad de la enseñanza, la deserción escolar, la ampliación de la brecha y una inversión pública desproporcionada a las televisoras nacionales (450 millones de pesos). Así como también nos encontramos en un contexto difícil en términos de federalismo, la educación mexicana se encuentra sobre la cuerda floja. Considero que la SEP debió escuchar las propuestas de los estados y de múltiples sectores del magisterio (no solo a sus representantes nacionales en el SNTE, quienes aprobaron este modelo que se va a aplicar este ciclo escolar). Si bien el sistema híbrido es una segunda opción “arriesgada” durante estos tiempos (por el aumento del número de contagios en las aulas) también es un riesgo continuar con una estrategia que solo deja más estragos a la educación pública, donde los afectados serán millones de estudiantes en su formación.

La discusión apenas está surgiendo cuando debió haber iniciado desde que terminó el ciclo escolar anterior y se obtuvieron los resultados del programa de Aprende en Casa. El debate y la construcción de un nuevo modelo educativo era un tema que nos involucraba a todos, no solo a un grupo reducido de personas. Si no buscamos cómo mejorar el programa deficiente de la SEP estaremos impulsando sus efectos negativos y, por lo tanto, afectando a la educación de miles de estudiantes en nuestro estado.