Salvador Rodríguez López

Como ocurre con los vehículos cuando están al límite de combustible, la paciencia que tanto piden las autoridades federales empieza a extinguirse, ya que no se mira para cuándo se regularice el abasto y lo que es peor, que los pretextos para haber cerrado los ductos siguen siendo los mismos: el combate a la corrupción, sólo que hasta ahora no hay ningún detenido sino amenazas de que “pronto” se procederá en contra de los responsables.
En tanto se llega el día en que la situación vuelva a la normalidad, la Canaco (Cámara de Comercio) Aguascalientes informa que ya se resiente ausentismo y perecederos en mal estado, lo que impacta económicamente a los negocios y genera incertidumbre en la clientela, ya que no sabe si pueda haber escasez de los productos que necesita.
El presidente de este organismo, Rubén Berumen de la Cerda, subrayó sobre la pérdida de horas-hombre por la imposibilidad de miles de personas de llegar a tiempo a sus trabajos, ante la falta del carburante y un mejor servicio de transporte urbano, ya que en muchos casos hay quienes se ven obligados a esperar tres, cuatro o más horas en la fila de estaciones de servicio para cargar sus tanques.
Dijo que la Canaco está a favor de las medidas emprendidas para combatir la delincuencia organizada, que tanto daño le ha provocado al patrimonio de la nación, pero difiere de la estrategia que desde el 20 de diciembre se impuso para hacerlo, que hasta ahora puede considerarse fallida ya que no hay un solo detenido.
Es una situación en la que los únicos afectados son los ciudadanos que pierden horas productivas para permanecer varados en las largas filas en las gasolineras y que muchas veces tienen que retirarse sin haber logrado un solo litro, por lo que se trasladan a otro depósito con la esperanza de que ahí sí logren sus fines.
Rubén Berumen consideró que en un principio hubo fuerte apoyo a la medida, porque se creyó que era cuestión de unos días, pero pasan las semanas y ese apoyo social empieza a convertirse en irritación debido a la serie de contratiempos que se debe sortear para lograr una solución, lo que en otras circunstancias no tendría ninguna dificultad.
Lo que el pueblo pide, apuntó, es que se haga visible los resultados contra las bandas criminales, no que el gobierno insista que esta medida le ha dejado “ganancias millonarias” por el control que ejerce en las plantas y refinerías en la salida del líquido, sin tomar en cuenta las fuertes pérdidas que registran las personas que se ven obligadas a esperar a que les vendan algo de combustible.
Desde la semana pasada ya se resienten los efectos del desabasto de productos alimenticios, principalmente de los perecederos, que llegan con tres, cuatro días y hasta ocho días de atraso y esto obliga a que la venta sea de inmediato mediante promociones, pero lo que aquello que no se pueda vender irremediablemente se desecha con las consecuentes pérdidas para el negocio.
Un poco menos agotador es con las abarroteras, que aún cuando enfrenta demoras en la entrega de la mercancía, su giro es variado y pueden aguantar dos a o tres semanas con el mismo inventario, ya que la mayor parte de su mercancía no caduca en ese tiempo, pero también esperan que pronto se regularice la situación para no entrar en la vorágine en que se encuentran otros productos.

DE IDA Y VUELTA
Para que no quede ninguna duda el líder nacional de los trabajadores de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Mauricio Orozco Hernández, puso las cartas sobre la mesa, al exigir respeto a las plazas laborales de base, pero también les recordó a sus compañeros las obligaciones que tienen con la institución.
Pocas veces un dirigente sindical es directo en sus comentarios, ya que por regla general sus palabras buscan halagar al auditorio, ofreciendo intervenir aún en condiciones adversas y que está ávido que no solamente le solapen sus irregularidades sino que lo defiendan.
Por el contrario, Orozco Hernández pidió, en primer lugar, respeto absoluto al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y a los derechos de los trabajadores, lo que en otras palabras equivale a que como organización no permitirá despidos de personal basificado.
“Pero también vine a hacerles ver las obligaciones a las compañeras o compañeros que tenemos con la institución, porque no solamente podemos reclamar derecho, tenemos obligaciones y es el compromiso”.
Aunque son 13 los sindicalizados de Aguascalientes, de los 1,200 que hay en el país, en cada uno está cuidar su plaza, haciéndose eco de lo manifestado por su dirigente, de que para exigir hay que cumplir y si lo hacen no tendrán que recurrir a los tribunales laborales.
La presencia del secretario nacional fue parte del arribo del nuevo delegado estatal Carlos Ricardo Olvera Ávila – dependencia que por cierto cambia de titular como de calcetines de los que a través del tiempo han sido designados procuradores del Consumidor –, y que sirvió para decirle al funcionario que, al menos al personal sindicalizado no intente removerlo, ya que habría la intervención del Comité Ejecutivo Nacional.
Mauricio Orozco afirmó que ya trató con el procurador Ricardo Sheffield la petición que le presentaron sus representados, principalmente sobre la nivelación salarial y de un aumento al ingreso general, lo que está pendiente de resolución.

NO HAY REGULARIZACIÓN
Así, sin ambages, señaló el director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, al advertir de posibles fraudes en el registro o censo de vehículos internados al país ilegalmente. Lanzó la alerta a la población sobre el riesgo de caer en un engaño que sólo la llevará a perder su dinero a cambio de una falsa promesa. Periódicamente aparecen individuos y agrupaciones que aseguran, pueden gestionar la legalización de ese tipo de vehículos pero después de un tiempo desaparecen llevándose el pago que hicieron los interesados. Lo que hacen actualmente es invitar a los poseedores de las unidades para que se registren y deben hacerlo acompañado de un pago y así queden en la lista de ser regularizados, sin embargo Rosales aclara que cualquier listado, registro, padrón, emplacamiento, colocación de un engomado o procedimiento similar, está fuera de la ley y no es antesala para algún proceso de regularización, mucho menos a cambio de algún pago, lo que hacen al entregar el dinero es como una especie de inscripción a la agrupación que convoca, pero no para lo que prometen. Por ser un acto exclusivo de la Secretaría de Hacienda no pueden realizar, avalar o apoyar ningún gobierno estatal o municipal. Lo único que está permitido por la ley es la importación de vehículos usados, pero cumpliendo con los requisitos que marca el decreto para tal fin. Actualmente existe en el país alrededor de 6 millones de unidades “chocolate”, por lo que la AMDA ha exigido en varias ocasiones que los gobiernos estatales cumplan con el Anexo 8 y 11 de colaboración administrativa y procedan al embargo de los vehículos ilegales que circulan por sus respectivos territorios, en función que junto con esas unidades ilegítimas están los que ingresan legalmente al país y que en suma representan el 10% de la venta total de ventas de unidades en el país.