Jesús Eduardo Martín Jáuregui

De que yo me acuerde, ningún inicio de año se había presentado tan marcado por el conflicto como este 2019. Es cierto que el final del período del presidente Echeverría estuvo marcado por la incertidumbre. Los rumores, las mentiras, los chistes, etc., que a costillas del presidente circulaban, incluso lo presentaron como preparando un golpe de estado para reelegirse y perpetuarse en el poder.

Es difícil a estas alturas poder saber si Echeverría preparó algún escenario para una posible reelección. De lo que posiblemente podemos estar seguros es de que lo pensó.

Durante su campaña anunció la necesidad de un cambio de paradigmas, de actitudes y de comportamientos, algo que sin haberle llamado “cuarta transformación” se parecía bastante a la intención anunciada por López Obrador. A Echeverría no le ajustó el tiempo, los cambios en su sexenio se sucedieron rápidamente y aún así, no se pudieron concretar particularmente lo que tenía que ver con un cambio de mentalidad. Curiosamente al Presidente Peña que anunció también con bombo y platillo los cambios estructurales, el sexenio se le alargó. Los últimos meses después de la elección brilló por su ausencia, aunque seguramente era mejor que opacar con su presencia.

Es cierto también que el levantamiento zapatista, la muerte de Luis Donaldo Colosio y los errores económicos hicieron que el arranque de 1995 estuviese marcado por la incertidumbre. Merece la pena recalcarlo: la incertidumbre, no el conflicto. El mismo conflicto zapatista realmente nunca comprometió la estabilidad del país. La paz social se ha visto más amenazada con mucho por las acciones de la delincuencia organizada y sin embargo, con todo lo preocupante que han sido, da la impresión de que la acción del gobierno no ha sido lo fuerte, organizada y letal que pudiera ser. No falta quien considere que los pactos, la corrupción y la impunidad no son casuales, sino que provienen de añejas componendas a las que no son ajenas los cuerpos policíacos y militares.

2019 inicia con varios conflictos anunciados, algunos verdaderamente graves porque implican enfrentamientos, no sólo de grupos y factores reales de poder, sino de poderes del Gobierno, como son el Poder Judicial de la Federación, y grupos importantes de la oposición en el Congreso de la Unión, que han anunciado posiciones antagónicas a las del ejecutivo en materia de presupuesto, combate a la delincuencia, adelgazamiento de la administración y disminución de sueldos de los altos funcionarios. Lo que ha mostrado el presidente López Obrador en el arranque de su gobierno, ha sido una mezcla de actitudes intolerantes con otras de perdona vidas, mayoriteo en las cámaras del Congreso y falta de habilidad negociadora. Elusión de los problemas en algunos casos y mucho patraseo (echarse para atrás, un modismo tabasqueño) en temas torales, dejando la impresión de que no fueron analizados suficientemente o faltó cabildeo o menospreciaron las reacciones de organismos, tal como sucedió con las participaciones a las universidades.

El conflicto legal por la disminución de los salarios de los altos funcionarios, no tiene visos de que pueda resolverse legalmente en el corto plazo. La oposición en el Congreso interpuso una acción de inconstitucionalidad que tiene por objeto que la Suprema Corte resuelva sobre la constitucionalidad de un decreto aprobado por la mayoría, pero que es objetado por un grupo importante de la minoría. La acción de inconstitucionalidad ha sido un mecanismo que ha permitido la revisión por la Corte y en muchos casos la modificación por considerarse inconstitucionales leyes ya aprobadas. Tal fue el caso de la Extinción de Dominio en la legislación de Aguascalientes.

La cuestión se vuelve más grave porque la acción planteada involucra intereses de los ministros, magistrados, jueces y miembros del Consejo de la Judicatura. En términos de puridad competencial, un juez debe abstenerse de conocer de asuntos en los que lleve interés personal, en este caso, sin embargo, no existe otro órgano jurisdiccional que pueda conocer del asunto, de manera que la Corte tendrá que resolverlo aun cuando falte al principio de abstención competencial.

Ya éramos muchos y parió la abuela. Para complicar aún mas el asunto, los jueces federales han presentado multitud (miles) de amparos contra la aplicación de un decreto que les disminuya sus percepciones por considerar que es una disposición retroactiva (lo que prohíbe la Constitución) contra una situación de hecho, aunque habría que insistir en que ganar más que el Presidente de la República estaba prohibido por la Constitución, por lo que magistrados y ministros y miembros del Consejo de la Judicatura ya se encontraban en una situación de ilegalidad.

El Congreso recién aprobó la ley que prohíbe el ganar más que los ciento ocho mil pesos y pico que gana López Obrador. La Corte ordenó suspender las acciones que disminuyeran las percepciones. La Secretaría de Hacienda debe ceñirse al cumplimiento de la ley, pero debe acatar la suspensión decretada por la Corte. Si por otra parte el presupuesto se ajustó a la baja, no habrá dinero de dónde pagar. ¿Que hará la Corte?

La creación de la Guardia Nacional como cuerpo del ejército encontró mayor oposición que la previsible para una iniciativa del ejecutivo. No sólo los órganos nacionales de derechos humanos, sino también los organismos internacionales, la ONU y los tribunales de Derechos Humanos. El ejército aún cuando mantiene una buena opinión ante la mayoría de los ciudadanos no es ajeno a conductas ilegales que se han denunciado incluso ante tribunales internacionales, su corrupción interna se ha disimulado pero no resiste un análisis a fondo. Para muestra basta un botón, para todos los mexicanos mayores de 18 años el Servicio Militar Nacional es un ejemplo clarísimo de corrupción que se viene arrastrando desde décadas atrás. ¿Se imagina el lector lo que podría ser nuestra juventud si el Ejército hubiera tomado en serio su formación y entrenamiento?

La caída del helicóptero y la muerte de la gobernadora de Puebla y otros funcionarios será también una piedra de toque para el gobierno de López Obrador, que a las primeras de cambio perdió la paciencia y la cordura.

La lista es larga y sin duda compleja. El presidente lo dijo hace unas semanas en Palacio Nacional: “¡Se acabó el estado chueco! Aunque a muchos no les parezca ya empezamos a vivir en el estado de Derecho, se va a respetar la ley y se van a respetar las autonomías”. Es, a mi ver la única salida válida ante los conflictos. El Derecho a fin de cuentas es un conjunto de criterios para prevenir y resolver los conflictos.

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