El pasado miércoles, se llevó a cabo un debate entre Arturo Zaldívar (ministro en retiro de la SCJN) y Fernando Gómez Mont (ex secretario de gobernación en el sexenio de Felipe Calderón) en el programa «Es la Hora de Opinar». Ambos plantearon propuestas en materia de justicia para las próximas elecciones. Zaldívar promueve la agenda de Claudia Sheinbaum, mientras que Gómez-Mont apoya las propuestas de Xóchitl Gálvez.
Aunque se han difundido diferentes videos o recortes que ilustran los momentos más polémicos del debate, lo cierto es que hay más coincidencias que diferencias entre ambos abogados, y considero que estas son las que se deben abordar en la discusión pública.
En esta ocasión, vamos a analizar las propuestas en materia de justicia y, desde mi punto de vista, cuál es la postura más adecuada.
Antes de continuar, quiero hacer una aclaración: mi intención no es indagar sobre los conflictos personales entre los dos abogados. Considero que hay mucho que rescatar de sus posturas y sería ocioso caer en esa dinámica que no aporta nada. Una vez precisado lo anterior, debemos remarcar cuáles son las propuestas en materia de justicia.
Zaldívar sostiene que se deben impulsar mecanismos nacionales de coordinación de fiscalías y reformas sobre la colegiación de abogados. Propone crear un órgano autónomo encargado de la defensoría pública a nivel nacional, con su propio instituto de formación y recursos adecuados. Además, sugiere reformar la constitución para dotar de mayor capacidad de investigación a las policías y, finalmente, la designación de jueces y magistrados a nivel federal mediante elección popular.
Por otra parte, Gómez-Mont apunta que se deben fortalecer las fiscalías para que cuenten con mayores herramientas y así eficientizar su investigación. También propone fortalecer los procesos de carrera judicial en el PJF, mejorar los sistemas de defensoría e impulsar políticas públicas en la materia mediante la creación de un ministerio o secretaría de justicia desde el gobierno federal.
Como se puede advertir a simple vista, hay coincidencias notorias en cuanto a la materia de defensoría, discrepancias en la implementación de dichos mecanismos y las reformas en materia de procuración de justicia, y una visión totalmente inversa en cuanto al ámbito de administración de justicia.
Considero que es una buena noticia que ambos representantes tengan como una de las prioridades impulsar mejoras en la defensoría pública a nivel nacional (tanto en materia federal como local), ya que esto proporcionará a las personas (especialmente aquellas de escasos recursos) una defensa adecuada y de calidad sin tener que pagar los honorarios de un abogado privado.
En cuanto al apartado de procuración de justicia, ambos están de acuerdo en que se deben brindar mayores recursos a las fiscalías y constituir instituciones públicas de investigación para darle mayor efectividad a los ministerios públicos al momento de litigar. Sin embargo, considero que aquí hay un tema muy delicado, ya que con la propuesta de Morena de reformar el artículo 21 y darle mayores atribuciones de investigación a las policías, no se señala expresamente el mecanismo con el cual se van a desenvolver. Además, existe una fuerte insistencia de dicho partido político en militarizar diversos ámbitos públicos. ¿Sería la procuración de justicia otro rubro que deseen militarizar? Esto es sumamente grave, ya que las prácticas ilícitas de la policía en décadas anteriores y la falta de consolidación efectiva de sistemas de investigación plantean interrogantes sobre la actuación de los militares, que no cuentan con formación en investigación de delitos ni en seguridad pública.
Con respecto a la elección de jueces, magistrados y ministros, sostengo que los ejercicios de derecho comparado y sistemas de administración de justicia que se discutieron durante el debate son totalmente irrelevantes y fuera de lugar. Partiendo de un punto medular: son sistemas jurídicos distintos. El papel que desempeñan los jueces en los diferentes sistemas es diferente, por lo que se necesitan perfiles técnicos que cumplan estrictamente con una formación técnica, extensa y con la capacidad de resolver controversias. Un ejemplo claro de lo dañino que es colocar perfiles políticos y no técnicos es la ministra Lenia Batres (impuesta directamente por López Obrador), quien se autoproclamó “ministra del pueblo” pronunciándose sobre aspectos políticos y de manejo institucional, mientras que en las sesiones abiertas de la corte sus compañeras y compañeros ministras la han evidenciado por desconocer aspectos básicos en materia de amparo y manifestar posicionamientos que no van dentro de sus facultades.
Finalmente, creo que hay coincidencias entre ambas posturas que pueden beneficiar significativamente a la población en materia de justicia. Sin embargo, los contras que veo en el último tópico pueden conducir a nuestro país a un desastre y comprometer la garantía de los derechos fundamentales de todas y todos los mexicanos. A estas alturas, coincido mayormente con Gómez-Mont en cuanto a impulsar los mecanismos actuales de carrera judicial en el Poder Judicial Federal. Aún quedan dos meses de campaña, debemos seguir atentos hacia dónde va la agenda de justicia.