Una de las obligaciones que tienen los líderes sindicales es velar por el bienestar de sus representados, trátese de la relación empresa-trabajador, de los salarios, la atención médica y de todo aquello que se refiere a la actividad laboral, por lo que resulta extraño que hasta la fecha no hay acciones en concreto para frenar el crecimiento de las utilidades que obtienen las Afores (Administradoras del Fondo de Retiro), que va en detrimento de las pensiones que recibirán los trabajadores.

El único que de vez en cuando levanta la voz es el máximo dirigente en la entidad, José Alfredo González, al demandar un análisis profesional sobre el tema y que se reconsidere lo que cobran las citadas empresas, pero que al ser señalamientos a nivel local ni por enterados se dan en la capital del país.

Por lo anterior, hace falta que el propio líder de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA) presente una iniciativa ante la Confederación de Trabajadores de México (CTM) para que, mediante el Congreso de la Unión se hagan las adecuaciones correspondientes.

Si se mantiene la negativa de reducir dichas utilidades, entonces se debe reformar la ley que rige el servicio para que el cobro sea razonable. No es posible que en pleno Siglo XXI sigan las mismas prácticas del anterior, donde el que manejaba los recursos se quedaba con la mayor parte.

Se percibe que en los sindicatos no tienen en su antena que está próxima la jubilación de la primera generación de trabajadores que –obligadamente– quedaron integrados a las Afores y que al retirarse recibirán una pensión que puede significar entre el 50 y 60% menos de lo que actualmente ganan, por lo que su etapa de retiro, lejos de ser un premio, será bastante difícil.

Aunque lo ha señalado en varias ocasiones, de nueva cuenta la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) recordó que las Afores registran un aumento de sus utilidades que difiere con un perjuicio en las pensiones que recibirán los obreros.

Las 10 empresas Afores obtuvieron el año pasado por utilidades operativas 18.3 mil millones de pesos y en utilidades netas 107 mil millones de pesos, recursos que salen de lo que ahorran los trabajadores y por ende reduce el cobro que harán cuando se pensionen o jubilen.

Del estudio que hizo el regulador se desprende que la ganancia no es proporcional con lo que se esperaría de sus servicios, además de ser el único de las instituciones de depósito y otros intermediarios financieros que logra sin ningún esfuerzo una progresiva captación cautiva como efecto de las aportaciones de los obreros, los patrones y el Gobierno.

De las rutas que hay para acabar con esta situación es que las organizaciones obreras presenten ante las cámaras de Diputados y Senadores una solicitud para que se modifique la ley y de manera paralela pidan la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Se debe insistir para que los sindicatos vayan a la vanguardia de esta demanda, que demuestren en los hechos que son auténticos baluartes de la defensa obrera y social y los trabajadores vean que sus cuotas sirven para un beneficio de gran alcance, como es recibir una pensión suficiente para enfrentar los nuevos retos que vivirán en su etapa de retiro.

IDEA QUE NO CUAJÓ

En las últimas décadas la democracia en México ha estado sustentada con los recursos públicos, bajo el supuesto de que era la única vía para que no hubiera intervención de organismos privados en la elección de candidatos y durante el proceso electoral y menos de grupos delincuenciales.

Con el paso de los años se ha comprobado que es demasiado costoso para el erario sostener estas condiciones, además que en la práctica no se logró erradicar la intervención de algunos empresarios y en diversas regiones del país las bandas de facinerosos son las que mandan.

Lo que se plantea es que, como ocurre en otros países, exista mayor financiamiento privado y al mismo tiempo se recorte el apoyo oficial que reciben los partidos, tanto a nivel nacional como estatal, con lo que suponen los promotores de esa intención, habrá un ahorro considerable que puede destinarse para ampliar las obras y servicios públicos.

De concretarse el propósito será un paso difícil en Aguascalientes, en donde los partidos ya ni siquiera se preocupan porque los adeptos paguen las cuotas correspondientes, y Acción Nacional, que por largo tiempo realizó rifas de automóviles ya no lo hizo, al no haber necesidad de allegarse de dinero.

Fue una tradición afirmar que la mejor inversión era crear un partido político, bastaba con tener el número indispensable de afiliados y cumplir otros requisitos para pasar a ser parte del grupo venturoso de la sociedad. Cada mes se les deposita la cantidad que fija la ley, según el número de votos que obtuvieron en la elección anterior, pero que es suficiente para llevar una vida sin sobresaltos.

El problema que se avizora es que se apruebe el propósito que traen entre ceja y ceja los morenistas del Senado de la República y la Cámara de Diputados, para que se reduzca el financiamiento público en los estados y a nivel federal, porque esto meterá en un berenjenal a los organismos, que de entrada tendrán que despedir a parte de su personal de oficina y operativo y disminuir el pago que reciben todos los que forman parte de la directiva y hacer lo que nunca creyeron, como trabajar para allegarse de recursos y así poder seguir funcionando.

Se contempla en la iniciativa de reforma a la Ley General de Partidos Políticos modificar la fórmula relativa a las prerrogativas de los organismos nacionales y locales, que puede llegar hasta el 50% menos de lo que reciben actualmente.

En tanto, el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes, consideró que se debe revisar el financiamiento privado en campañas de candidatos y partidos. En la conferencia sobre candidaturas independientes, que dictó el pasado 5 de julio en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, señaló: “Creo que sí debemos abrir la posibilidad de que el financiamiento privado esté presente en nuestras elecciones, porque el financiamiento público debe destinarse a cierto fin. El financiamiento privado nos dará posibilidad de respaldar campañas, respaldar esas posiciones ideológicas y de permitir que se aspire a los cargos de representación popular”.

El Instituto Nacional Electoral (INE), el pasado 23 de enero, aprobó el límite de las aportaciones que cada partido nacional recibe este año y también incluyó que “la suma de financiamiento privado de los partidos políticos, bajo todas sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y rendimientos financieros, en ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento público”.

Con lo anterior avanzan por dos veredas paralelas las dos propuestas, una, para que decrezca el apoyo oficial a partidos y candidatos; y la otra, que éstos tengan mayor margen de maniobra para conseguir recursos del sector privado.

La cuestión está en saber si los partidos se están preparando para ese paso o, como siempre, dejarán todo para última hora con todas las consecuencias que esto acarrea.

VIVENCIA RECURRENTE

En la colaboración de ayer se mencionó lo registrado en Catedral con la reciente tormenta y las posibles razones de que esto se presente cada vez que se abren las válvulas del cielo, sin embargo es algo que también se manifiesta en los separos de la policía ministerial. Desde su construcción, hace más de 40 años, cada vez que llueve se anegan los sótanos del edificio, que es justamente en donde están los detenidos y los vehículos que utilizan los ex policías judiciales. Por alguna razón los sucesivos gobernadores no han ordenado las obras necesarias para eliminar ese espacio, que está justo en la parte baja de la avenida López Mateos, por lo que parte del agua que procede de la calle Alameda y avanza por Héroe de Nacozari, va a dar a ese lugar.