Abel Barajas
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó a la justicia federal que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos investiga a Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, por lavado internacional de activos.
El organismo adscrito a Hacienda dijo al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX que la indagatoria la instruye la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de la citada agencia.
Conforme a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la UIF sólo puede bloquear cuentas por pedido o resolución de un organismo internacional, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o de una obligación bilateral o multilateral.
Es por ello que la semana pasada, Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que entregaría un oficio de la DEA al juzgado para acreditar que existía esa solicitud en el caso Cruz Azul y justificar la continuación del bloqueo de cuentas dictado el 28 de mayo anterior.
El requerimiento fue entregado en sobre cerrado a la juez que tramita el amparo presentado por Álvarez contra el bloqueo; sin embargo, según los acuerdos judiciales, resultó que no era de la DEA, sino del Departamento del Tesoro.
Con el oficio en mano, la juez Laura Gutiérrez de Velasco negó el pasado martes a Álvarez suspender el congelamiento de sus cuatro cuentas bancarias; y ayer dio un plazo de tres días al titular de la UIF para que entregue una copia certificada del acuerdo mediante el cual ordenó el bloqueo y la respuesta por escrito que le dio al requerimiento de congelamiento del IRS.

Desconocen indagatoria
La Cooperativa La Cruz Azul informó que hasta el momento no ha sido notificada de la investigación de Estados Unidos contra su presidente Guillermo Álvarez Cuevas por lavado de dinero.
“La Cooperativa La Cruz Azul desconoce sobre este tema y no ha sido notificada al respecto”, dijo Jorge Hernández, vocero de la cementera.
Reiteró que las transferencias bancarias por mil 231 millones 847 mil 178 pesos, denunciadas como lavado por la UIF ante la FGR, en realidad son operaciones que están legalmente acreditadas.