Detectar, perseguir y llevar ante un juez al que se va sobre los recursos públicos ha sido una exigencia de vieja data y es hasta ahora en que, por iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto ante el Congreso de la Unión, se logró la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, apoyo que tuvo en primera línea al sector empresarial, que tomó como propia esa bandera.
Es irrebatible que la mayoría de los mexicanos favorecen ese propósito, que seguramente no debería existir si todo el que está en cualquiera de los tres niveles de gobierno se cortara las uñas antes de ingresar al servicio público, pero como esto sólo sucede en los cuentos del tío Cándido, no hay otra opción más que la autoridad aplique un correctivo a los malportados.
En la cercanía de que se aprobara dicha legislación, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) realizó una serie de actos para exigir al Senado la aprobación, por lo que el 27 de abril del presente año convocaron de manera simultánea en todo el país a conferencias de prensa para informar de las acciones que tenían previsto llevar a cabo.
Según el presidente local, Francisco Ruiz López, “la corrupción nos cuesta como país alrededor de un 10% del PIB y a las empresas hasta un 5% de nuestras ventas anuales. Pero el costo social es aún mayor: el 14% del ingreso promedio anual de los hogares son destinados a ‘pagos extraordinarios’ e, incluso, está demostrado que hay una correlación directa entre la corrupción y los niveles de violencia”, declaró en esa fecha.
Lo que se sale del guión es que esa enjundia que demostraron entonces no la aplican a nivel empresarial, y la mejor prueba está en la delegación estatal de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), que desde hace varios años presuntamente alguno de sus directivos se apropió de un monto superior a los 13 millones de pesos y después del escándalo y un tiempo de mucho ruido, nada pasó, a pesar de que se perjudicó a otros dos organismos cuando se pretendió con ese dinero construir una sede multi-grupal.
La corrupción se da en varios niveles, sólo que más llama la atención cuando se acusa a un funcionario o empleado gubernamental, al sembrar la idea que en el mundo oficial todo es corrupción, triquiñuelas y chanchullos, sin primero ver lo que hay bajo la alfombra de la propia casa.
También es corrupción aceptar las “reglas” del juego y luego denunciar que hubo trampa. El pasado 10 de septiembre tuvo lugar la sesión del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), en la que resultó reelecto Pedro de la Serna López, lo que no le pareció a Francisco Ruiz, por lo que una vez que pasó la votación anunció la separación de la Coparmex “por tiempo indefinido”.
Manifestó que hubo violaciones graves al reglamento que rige la cúpula empresarial, por lo que la ratificación se aprobó “sin respetar estatutos y con la clara intención de imponerse nuevamente como dirigente con intereses ajenos a los del empresariado”, acusación que no hizo acompañar de pruebas sobre esos “intereses ajenos” que mueven al reelecto dirigente, como tampoco a qué se refirió cuando dijo que el CCEA “es una trinchera de intereses económicos y partidistas particulares y ajenos a los organismos que lo conforman”.
Hace un año que la Coparmex también se separó del CCEA por las mismas razones y entonces, como ahora, participó en el proceso electivo, por lo que no podía decir que fue sorprendido por algo que de última hora se acordó; tan fue así que Pedro de la Serna dejó en claro que todo se cumplió “en estricto apego a los ordenamientos del reglamento interno, recién reformado”, reformas que estuvieron a cargo de una comisión especial de ex presidentes y se hicieron “para dar justamente claridad en el apartado de ratificación del presidente”, por lo que hizo uso de la prerrogativa prevista en el estatuto que permite al presidente reelegirse hasta por dos periodos consecutivos al primer año en que fue electo.
Más tarde, entre la representación patronal salieron a relucir los calificativos por estos hechos, al aludir el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC), Antonio Robledo Sánchez, que la actitud de Francisco Ruiz López es la de una persona “berrinchuda”, y en su coraje ventiló asuntos internos del Consejo Coordinador Empresarial: “Total, hubiera votado en contra y listo, sin haber hecho su berrinche”, apuntó.
Al día siguiente, miércoles 14, Ruiz López respondió: “Yo prefiero ser berrinchudo a ser corrupto”, y se vanaglorió de que Coparmex se ha distinguido por ser el que alza la voz y da el manotazo en la mesa, “y eso fue lo que hicimos, pusimos un hasta aquí a una situación que se está dando”.
Reiteró que “no podemos estar exigiendo, por un lado, anticorrupción y que las cosas mejoren y también ser partícipes de un organismo”, cuestionado como el CCEA, sólo que hasta la fecha no ha exhibido documentos que acrediten que hay proyectos de obra pública que se asignan a través del CCEA lo que, de ser verdad, significaría que él mismo sería cómplice de una situación irregular, al circunscribirse únicamente a utilizar a los medios de comunicación para sus desahogos.
Dos cuestiones que esbozan que es muy fácil erigirse en juez de los demás, sin voltear a ver lo que hay en los flancos y atrás.
ACOMETIDA REGIONAL
Aguascalientes participa en las acciones que se han emprendido en varias zonas del país en contra de las bandas que se dedican a asaltar los trenes de carga, a los que les sustraen toda clase de mercancía, tanto partes de automóviles nuevos como electrodomésticos, materiales para la construcción y chatarra.
En una reunión que tuvo lugar en la Ciudad de México, estuvieron los coordinadores de Desarrollo Económico y secretarios de Seguridad Pública de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí y Veracruz, además de representantes de empresas automotrices, en la que participaron también el comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla y el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza, al igual que Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
Según un comunicado, Castilla giró instrucciones inmediatas para mantener y mejorar los canales de coordinación y denuncia establecidos con los empresarios del sector, comprometiéndose a que se cumplirá al pie de la letra el operativo “Ferrocarril Seguro”.
Aunque el más atacado por estos robos es Guanajuato, con 7 mil 200 anualmente, lo que representa 80% de los 9 mil que tienen lugar en el país, en los demás estados crece este delito, que señalaron los perjudicados no es obra de la delincuencia organizada sino de pequeños grupos, en su mayoría familiares, que han aprendido cómo cerrar las válvulas de freno, lo que obliga a detener la marcha del convoy y es cuando aprovechan para llevarse todo lo que encuentran a su paso, incluso llegan al extremo de que perforan las unidades con marros, picos y hachas.
El propósito es que se eleve a delito federal este tipo de hechos y que la penalidad que reciban los responsables sea en verdad ejemplar, como única forma de disuasión, mientras tanto acordaron cerrar filas y que en cada lugar la policía y los guardias privados unan esfuerzos para evitar los atracos.
UNA MANITA DE GATO
Aunque son esporádicas las ocasiones que abren la capilla de la Virgen de Lourdes, que se encuentra al lado sur de la entrada principal de Catedral, debería haber mayor atención en ella al estar las sepulturas de los obispos Ramón Godínez Flores y Rafael Muñoz Núñez. Las placas y el piso lucen sucios, que es una vista nada edificante para quienes acuden a ese lugar.
