Antonio Baranda
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-México enfrenta un serio problema de subregistro de delitos que, en algunos casos, podría implicar manipulación e incluso ocultamiento de información, concluyó la organización Causa en Común.
En el estudio titulado «Crisis de denuncia ¿Manipulación y ocultamiento de información», advierte que este problema se presenta en ilícitos como feminicidio, trata de personas, extorsión, secuestro, violencia familiar y narcomenudeo, entre otros.
«Además de la grave situación de inseguridad en el País, hay un serio problema de subregistro de delitos que son notorios en anomalías detectadas en la información presentada en los informes oficiales», señala el documento.
«Algunas entidades no registran estos delitos y las autoridades federales, responsables de las cifras, no hacen aclaración alguna al respecto, abriendo el espacio a la idea de que estas entidades atienden eficazmente la violencia, cuando en realidad no la reportan».
Al revisar los delitos reportados oficialmente de enero a septiembre de este año, Causa en Común halló una serie de «anomalías» como caídas drásticas en el número de delitos registrados que, enfatizó la organización, advierten posible manipulación u ocultamiento de datos.
Por ejemplo, Tamaulipas ha reportado este año sólo dos víctimas de feminicidio, lo que representa una caída de 70 por ciento con respecto a 2020 y contrasta con registros de la propia organización, que ha documentado al menos cinco casos de asesinatos con violencia extrema contra mujeres en esa entidad.
En el caso de la trata de personas, Tlaxcala, Sonora y Guerrero reportaron disminuciones de 91, 88 y 86 por ciento, respectivamente, en el número de víctimas registradas.
El informe destaca que en cuanto al delito extorsión, Quintana Roo reportó una baja de 52 por ciento; mientras que en robo a transeúnte con violencia, Nayarit sólo registra 2 casos este año, por 14 de Colima y 32 de Sinaloa.
«México requiere de cifras de delitos más cercanas a la realidad para el diagnóstico, análisis, diseño y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad», agrega el informe.