Nallely Hernández
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- De aprobarse la iniciativa de reforma al sector vivienda, las reglas de operación deben establecer garantías de pago para no afectar las finanzas del Infonavit.
Así lo consideraron miembros del consejo de administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Roberto Anda, presidente de la comisión nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda de Coparmex, consideró que ante todo, los nuevos esquemas de crédito deben ser garantizados de tal forma que no haya perjuicio al patrimonio del Instituto, en caso de que los trabajadores en algún momento ya no puedan pagar su crédito.
“En las reglas de operación tendríamos que revisar que cada uno de estos nuevos créditos que se van a otorgar por medio del Infonavit estén estructurados de manera que no vayan a generar un quebranto futuro al Instituto y, por ende, a los derechohabientes”, explicó.
“Es una institución financiera social, pero sí tiene que tener las garantías establecidas por ley para que cumpla las garantías con lo que se establece un crédito”.
Además, dijo, con la iniciativa se propone un esquema de crédito subsecuente, con lo cual una vez adquirido el terreno habría posibilidad de adquirir un segundo financiamiento, por lo que es vital respaldar esos créditos, incluso analizando el tipo de riesgos por estado.
Carlos Medina, vicepresidente de Vivienda de Concancao-Servytur, mencionó que también será necesario puntualizar que la creación de nuevos préstamos no significa desaparecer las opciones vigentes.
Señaló que aún quedan pendientes por revisarse, los cuales tendrán que ser analizados de manera tripartita hasta que se apruebe la reforma, que todavía están en revisión en el Congreso.
“Todavía hay temas que podrían ir mejorando y que vamos a trabajar tras la reunión (del martes con el Presidente Andrés Manuel López Obrador)”, acotó.
Ambos especialistas coincidieron en que la reforma propuesta por Presidencia es tan relevante para el Infonavit, como no lo había sido la decisión de dejar de construir en 1992.
“Hoy se presenta un nuevo esquema, que abrirá más posibilidades a los mexicanos y se vuelve una reforma importante y por eso es que nosotros vemos el tema de trabajarla en consenso y tenerla lo más pronto posible”, apuntó Medina.
Si bien, aún no se determina exactamente el universo que podría beneficiarse de los cambios propuestos por el Gobierno, Roberto Anda explicó que se busca atender, sobre todo, a los trabajadores con ingresos máximos de 2.6 UMAs mensuales, unos 6 mil 800 pesos, que actualmente no pueden acceder a una vivienda ya construida, pues el precio más bajo es de 350 mil pesos.